El viernes pasado concluyó formalmente todo el proceso previo relacionado con el debate definitivo del aborto legal en el Congreso, con la emisión del dictamen del proyecto denominado “de los Mil Días”. Ese que el presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa en marzo, como acompañamiento y respaldo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para adosarle un elemento nuevo y compensatorio a la iniciativa que se debatió por primera vez en 2018, por entonces sin suerte para quienes promueven la legalización de esa práctica.
Un día antes se había estampado el dictamen del proyecto principal que se pondrá en consideración el martes 29 de diciembre, y a partir de entonces verdes y celestes comenzaron a “velar armas” -si se permite el término- de cara al debate en donde todo será “a cara o cruz”, y aquí sí parece más certera la definición.
Pero ello no implica que las partes se desactiven hasta el día de la sesión. Muy por el contrario, con bajo perfil los contactos para definir las posiciones siguen a toda marcha, sin estridencias, pero muy presentes para llegar al recinto con un “poroteo” más o menos definido.
Claramente no será como en 2018, cuando todo estaba resuelto en el Senado al comenzar a sonar el timbre llamando a sesionar. Todos sabían entonces que la diferencia a favor del rechazo era irreversible y solo faltaba resolver el número definitivo, que al final fue 38 a 31, con una abstención. Siete de diferencia, demasiado de cara a un nuevo debate dos años después.
Por eso nadie se animaba a imaginar una suerte distinta para este 2020, pero el hecho de que fuera el Poder Ejecutivo el que esta vez se pusiera al hombro esta iniciativa encendía ilusiones en el sector “verde”.
Sin embargo, el anuncio del Gobierno respecto del envío de la iniciativa en noviembre pasado -cuando se habían cansado de aclarar que la crisis sanitaria por la pandemia había obligado a postergar la consideración de este proyecto para el año siguiente- sorprendió a propios y extraños. Sobre todo, a los primeros: léase Senado, y más precisamente a su presidenta.
Es que, siempre la Cámara alta fue la pieza difícil para la aprobación del proyecto, como quedó claro hace dos años. Y en el transcurso de este tiempo solo hubo una renovación parlamentaria, muy poco para revertir una diferencia de siete votos, como la de 2018. El anuncio del envío del proyecto pareció una respuesta del Ejecutivo a la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Esa en la que habló de “funcionarios que no funcionan” y citó a figuras puntuales, sin dar nombres, claro está. Precisamente una de esas figuras, Vilma Ibarra, fue la encargada de anunciar el envío inminente del proyecto. Pareció un mensaje dirigido al Instituto Patria. Más precisamente a la titular del Senado, a la que no le debe haber resultado simpático que muchos comenzaran a referirse al tema como el “proyecto Vilma”.
Pero necesariamente la molestia, si la hubo, pasó por esos detalles, o porque el proyecto fuera presentado formalmente el mismo día en el que se debatía en Diputados el aporte solidario y extraordinario impulsado por Máximo Kirchner. Lo que más inquietud debe haber generado fue la obligación de salir a conseguir los votos en un cuerpo donde a priori no estaba el número para aprobar el proyecto. “Un Ejecutivo nunca debe lanzar un proyecto sin la certeza de contar con los votos en las dos cámaras”, dice una sentencia no escrita pero siempre presente en el Congreso de la Nación. Y sino que le pregunten a la propia Cristina Fernández, que en 2008 vio cómo su propio vicepresidente le propinaba una derrota histórica desempatando en contra.
En ese marco llamó la atención José Mayans, un celeste confeso y enfático, que salió a cuestionar la oportunidad en la que se anunciaba este debate, en plena crisis por el coronavirus. Está claro que para los que están en contra siempre será inoportuno este tratamiento, pero que así se expresara nada menos que el titular del bloque oficialista hizo pensar por lo menos que debió contar con la anuencia de CFK. Sino en su oposición, al menos en que no era tiempo de impulsar este debate.
A priori, los números para la aprobación del proyecto en el Senado no estaban. A favor del oficialismo debía considerarse, sí, el hecho de que muchos votos celestes son propios y tal vez reversibles, aunque ya se sabe que este es un tema que deja marcas y en consecuencia a nadie le gustaría terminar siendo señalado en sus distritos. Como sea, no es uno de esos proyectos en los que hay que explorar en la oposición para sumar voluntades, sino en el interior del propio Frente de Todos. Y esa ya es una garantía. Incómoda, pero garantía al fin.
El conteo en el Senado
Por eso es que siempre se pensó que el oficialismo necesita dar vuelta dos votos para asegurarse la aprobación. Y como aquí hemos dicho, se pensó en dos senadores propios, uno del norte y otro del sur, un hombre y una mujer, que en 2018 votaron en contra.
Hablamos del senador salteño Sergio “Oso” Leavy, quien como diputado en 2018 se pronunció en contra. Muy kirchnerista, desde el Frente de Todos de su provincia le pidieron que repensara su postura. Por el momento en los conteos se lo considera “celeste”, y así será hasta tanto él mismo no se pronuncie en contrario, pero no dejó de llamar la atención el raid que realizó la última semana en Buenos Aires, justo en días en los que el Senado no se reunió. Raid que incluyó dos ministros -Jorge Ferraresi y Roberto Salvarezza-, pero que concluyó nada menos que con el presidente Alberto Fernández el jueves. Encuentro que el propio senador se encargó de difundir, detallando los temas propios a su provincia de los que habló, que obviamente no incluían la cuestión del aborto. Obviamente, decimos, porque nadie puede imaginar que se vaya a confirmar algo semejante. Como tampoco es imaginable que siendo Leavy un senador, no haya hablado con el presidente sobre qué es lo que hará en el debate principal que se realizará en pocos días y en el que Alberto Fernández ha puesto tantas expectativas.
El otro voto, el del sur, corresponde a la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en 2018 se pronunció en contra. Esa vez llamó la atención pues toda la bancada que integraba y lideraba la propia Cristina Fernández de Kirchner votó a favor, y así se habían pronunciado el mismo día de la media sanción en la Cámara baja, difundiendo una foto en la que aparecían todos los integrantes del bloque, incluida García Larraburu. Se le objetó a la rionegrina haber cambiado de postura, pero en rigor la foto en cuestión era de archivo. En efecto, al final, García Larraburu anunció su decisión a través de un reportaje que concedió un domingo al periodista Gonzalo Aziz por radio Mitre. En el libro Gobernar en minoría, de quien esto escribe, su compañera de bancada María de los Angeles Sacnun la justificó: “Es absolutamente respetable la posición que tomó, y en ningún momento se pidió una actitud o una conducta corporativa”, señaló. Por su parte, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez -activa militante celeste- contó en ese mismo libro que “en su corazón tenía la certeza de que esa senadora estaba con ellos, porque en tiempos anteriores había presentado una cantidad de proyectos que ‘iban en el sentido de la vida’. Las celestes no la habían sondeado, porque en realidad ella no estaba concurriendo a las comisiones y hasta había pedido que la relevaran de la Comisión de Salud. ‘Hasta que, en los últimos días, ya cuando buscábamos los votos más pequeños, su voto fue uno de los decisivos. Ella y Rozas fueron los votos más festejados por el grupo’, aseguró la tucumana”.
García Larraburu dio una señal clave el jueves pasado, al firmar el dictamen del proyecto del IVE. Lo cual llevó a parlamentario.com a excluirla en el conteo del sector “celeste”, pero para ponerla entre los “indefinidos”. Y así estará hasta que no haya un pronunciamiento concreto como el que tuvo en 2018. Es que firmar el dictamen es una señal concreta, pero no definitiva. Puede hacerse para habilitar el debate, más no garantiza necesariamente el voto. Es el caso del senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez, quien, si bien es considerado a favor del proyecto, anticipó disidencias que, dijo, expresará durante el debate. Y para habilitarlo, firmó el dictamen.
Es lo que sucedió también con otro de los senadores indefinidos, el entrerriano Edgardo Kueider. Este senador oficialista es uno de los que todavía no se han pronunciado, aunque cerca suyo se lo anticipaba votando en contra. Hombre muy cercano al gobernador Gustavo Bordet, de quien fue ministro de Gobierno, Kueider se cuidó especialmente de no abrir la boca en un sentido u otro, pero el jueves firmó -como integrante de la Comisión de Justicia- el dictamen “en disidencia”. Lo cual no implica que vaya a votar a favor. Podría abstenerse, conforme expresa su disidencia. Se verá.
Hay otras dos mujeres que figuran entre los indefinidos. Y el hecho de que se haya incluido a la Banca de la Mujer en este debate en comisión permitió verificar el comportamiento de todas las senadoras, pues todas integran esa comisión. Una de esas senadoras indefinidas es la neuquina Lucila Crexell, la única que en 2018 se abstuvo en el debate. En la previa de esta discusión dio señales que muchos interpretaron favorables a la aprobación, pues se pronunció por la despenalización, pero siempre mantuvo disidencias respecto de algunos artículos, particularmente en cuanto a las semanas de gestación. El tema es que al menos esa cuestión no fue tenida en cuenta, de ahí que nada garantice que vaya a cambiar la postura que expuso hace dos años. Y en la firma del dictamen mantuvo la incógnita, pues fue de las que no firmó.
La otra indefinida es la senadora entrerriana Stella Maris Olalla. Es de las que no estaba en el cuerpo en 2018, así que no registra antecedentes en este debate. Y no abrió la boca durante todo este tiempo. Olalla tampoco firmó el dictamen el jueves pasado. ¿Tendrá en cuenta la encuesta de Synopsis sobre el tema, precisamente en la provincia de Entre Ríos, que se conoció este fin de semana? Allí un 62,1 por ciento se pronunció en contra, y solo un 27,3 lo hizo a favor. De ese porcentaje, el 70,9 de las mujeres encuestadas se pronunciaron en contra. Miembro de la UCR, vale el detalle de que según ese sondeo el 79,5% de los entrerrianos votantes en 2019 de Mauricio Macri se manifestaron en contra de la legalización del aborto.
Si bien este es un debate transversal, propios y extraños reconocen que el Gobierno buscará sacar partido de una eventual aprobación. Por eso es que más de uno piense en si Juntos por el Cambio no debería proceder de manera tal de no propiciar la aprobación. Los verdes de esa bancada descartan enfáticamente que vaya a haber alguna movida en ese sentido. E incluso niegan que el expresidente Mauricio Macri haya llamado a votar en contra o abstenerse. “No lo hizo en 2018, no lo hará cuando ya no es presidente”, aseguró una fuente del PRO.
Pero lo cierto es que algunos sugieren atender las posturas de otros votos considerados verdes. Como el del catamarqueño Oscar Castillo. El radical votó a favor en 2018, pero ahora trascendió que pensaba abstenerse. Fuentes cercanas al senador dijeron no obstante a este medio que mantendría su postura original. El jueves no firmó el dictamen.
Otra que no firmó es la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, que en 2018 votó a favor. Por entonces promovió modificaciones junto con sus pares cordobeses, pero al final terminó coordinando junto a sus pares María de los Angeles Sacnun y Pamela Verasay, que militaban abiertamente a favor. Según fuentes consultadas, la cordobesa no habría suscripto esta vez el dictamen para evitar presiones.
Un voto a favor que se daba por descartado es el del rionegrino Alberto Weretilneck, quien sin embargo el jueves propuso modificaciones, que a priori no fueron tenidas en cuenta. El senador advierte que la ley será “inviable” si no tiene algunos cambios, pero el oficialismo considera más inviable que el proyecto deba retornar a Diputados, por eso tratan de convencerlo de que vote a favor, y tenga confianza de que se atiendan esas prevenciones a la hora de la reglamentación.
Una promesa que se extenderá a todos los que tengan dudas, a la espera de garantizar el voto verde que finalmente imponga la ley antes de fin de año. Habrá que ver qué grado de confianza infunden.
Fuente: Parlamentario