Con más precauciones, paciencia y negociaciones que en su primera intención, el Gobierno finalmente llegó a un principio de acuerdo con la oposición dialoguista para firmar dictamen en la Cámara de Diputados sobre el nuevo proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal.
Luego de arduas jornadas de debates, el oficialismo accedió a realizar cambios al capítulo laboral y convocará a la Comisión de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para las 12 de este jueves, con el objetivo de firmar el dictamen de la nueva ley de Bases. Posteriormente, a las 16 se hará lo propio con el paquete fiscal.
El nuevo borrador contiene la propuesta de modernización laboral del Gobierno, que quedó en 17 de los 58 artículos iniciales. El proyecto se tratará en el recinto entre lunes y martes y así poder sancionarlo antes del anunciado Pacto de Mayo.
Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como “grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo”.
Pero aquí se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión.
Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.
El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.
Siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Durante la jornada, la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz, recibió a especialistas para que brinden su punto de vista ante los demás legisladores que conforman el espacio. La pasada semana y para este medio, el diputado Lisandro Nieri (UCR – Mendoza) señaló que “la reforma laboral es la más urgente”. “La urgencia existe porque se encuentra estancada la creación de empleo formal en Argentina y el empleo informal, con todas las debilidades que eso tiene, hoy supera en número a la cantidad de trabajadores formales”, agregó.
Desde la primera intervención, diputados de Unión por la Patria expresaron su descontento porque no quedó constancia qué proyecto se estaba debatiendo en la convocatoria. Apuntaban a que Martín Tetaz daba por entendido que se iba a tratar la propuesta de autoría de su partido, cuando coexisten iniciativas del peronismo y del PRO cuyos diputados, sugestivamente, no participaron del encuentro. El bloque liderado por Cristian Ritondo desea torcer el acompañamiento del oficialismo para que respalde su iniciativa de reforma laboral.
Aunque no fue oficializado, trascendió que el Gobierno nacional piensa incluir 60 artículos de redacción propia sobre reforma laboral en el proyecto general de Ley Bases. Eso coalicionaría con los acuerdos alcanzados con distintos bloques en reuniones en Casa Rosada. Incluso Miguel Pichetto, referente de Hacemos Coalición Federal -una de las bancadas claves para la aprobación de la propuesta-, criticó esta posibilidad y anticipó su rechazo en una entrevista en Net TV: “Eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo, eso es un ataque sorpresivo por la noche”.
Académicos y empresarios fueron convocados a debatir en la Comisión de Legislación del Trabajo. En representación de la Cámara Argentina de Comercio, Pablo Devoto, expresó su acompañamiento a “cualquier posición transformadora, actualizadora y modernizadora de las leyes laborales. Está todas luces vista el estancamiento en el que estamos en relaciones laborales”. “Los juicios laborales son una mochila difícil de cargar”, calificó el empresario, pero manifestó que “la legislación laboral no resuelve todo”.
Previamente, tomó la palabra Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21, quien planteó que “un sistema indemnizatorio en la Argentina genera dos contraposiciones porque el tiempo aumenta el monto y en sentido contrario se reduce la antigüedad por retiro de trabajadores”. “Es necesario eliminar las indemnizaciones agravadas” pidió y subrayó la necesidad de “retomar el planteo de reducir contribuciones patronales y proponer incentivos fiscales en el empleo informal”.
“Casi siempre se apunta a que la falta de registración que viene creciendo en nuestro país se debe a los costos laborales”, señaló la diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria), y agregó: “Cada vez que hubo una quita de contribuciones, y pasó en todos los gobiernos, la falta de registración se incrementó”. En ese mismo sentido, la diputada Julia Strada (Unión por la Patria) remarcó que “es necesario saber resultados y ver si estas políticas funcionan, porque si no estamos discutiendo en base a pálpitos”.
Sobre el cierre, el abogado y asesor jurídico de empresas Jorge Samouelian opinó que “no hace falta inventar grandes fórmulas sino defender y reivindicar la Ley del Contrato de Trabajo y su sistema indemnizatorio”. “Ir contra eso es inconducente para conseguir más trabajo en blanco”, apuntó y propone conservar las multas a los evasores de contribuciones, a la vez que pidió “quitar las indemnizaciones agravadas”. “Hoy estamos padeciendo el cierre inminente de una cantidad de empresas”, concluyó, solicitando que se implemente el criterio de la Corte Suprema en su último fallo.
El proyecto de reforma laboral de la UCR
El proyecto de reforma laboral que la Unión Cívica Radical consensuó con el Gobierno nacional propone:
1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados.
2. Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.
3. Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
4. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
5. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta ocho por ciento de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
6. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100 por ciento en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política
7. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
8. Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.