En diálogo con el doctor Ramiro Pereira para Seguinforma, nos centramos en un tema tan fino como vigente: la reforma judicial.
Al decir del letrado: El planteo de reforma que se hace desde el gobierno es en el fuero penal, en el cual hay utilización política de las magistraturas. Hay que decir que no es buena la calidad de la justicia que se busca reformar, cuando vemos que las causas penales por corrupción suelen prosperar cuando los gobiernos terminan; hay una marcada politización de determinada justicia federal concentrada en Comodoro Py.
El gobierno plantea la reforma judicial diciendo que va a mejorar la transparencia, la legalidad de los procesos. Como idea es correcta, pero es impulsada -sin ningún consenso- por un sector de la coalición oficialista, en la cual hay gente con causas penales pendientes.
Es decir, los argumentos para impulsarla son poco creíbles.
¿Cuáles son los argumentos? Que la justicia federal penal -sobre todo en Buenos Aires- se maneja con arbitrariedad, que el rol que cumplen los servicios de inteligencia es inaceptable en un Estado de Derecho y que los jueces y fiscales operan con tiempos políticos, cuando deberían actuar acorde a los tiempos legales.
Pero es claro que esta reforma es impulsada para favorecer determinadas situaciones procesales, sin que interese mucho que sea concordante con la Constitución Nacional.
Hay que recordar que la democracia moderna (la república representativa) implica dos principios: la soberanía del pueblo y los derechos, que también son límites al poder. La democracia está basada en la mayoría, pero también en los derechos, pues ningún gobierno puede vulnerar los derechos humanos: derecho a la vida, a la libertad, el derecho de propiedad, que tiene función social.
La Constitución consagra derechos que están más allá incluso de las mayorías democráticas.
El poder judicial del Estado en democracia actúa como un freno contra-mayoritario ante el poder político, para garantizar Derechos. Por eso los jueces deben tener dos aspectos: por un lado, solvencia técnica, pero además, virtud es decir, idoneidad moral. Ello porque deben asegurar ser independientes, tanto de los poderes políticos como económicos y aún de la opinión pública.
Cuando se plantea una reforma judicial al compás de la necesidad política de un gobierno (o de un sector del gobierno) ya queda desvirtuada la idea de que se la impulsa con un objetivo general de mejora institucional: no queda duda que se busca un beneficio particular ilegitimo, aunque a esto se lo quiera disfrazar un poco.
Recapitulemos: existe una coincidencia general que lo de comodoro Py es malo. Ahora bien ¿con qué se reemplaza? ¿Con algo que tienda a ser más virtuoso o con jueces y fiscales amigos?
Por eso insisto que precisamos de instituciones judiciales que garanticen derechos, que frenen al poder cuando sea pertinente y que tiendan a asegurar la transparencia del Estado. Esto implica procurar que haya magistrados creíbles, que brinden seguridad jurídica. Si se quisiera una reforma judicial así, las cosas se harían de otro modo y se partiría de la búsqueda de los consensos necesarios.
Lo que se observa hoy es un arrebato en el medio de una emergencia sanitaria y socio-económica como nunca antes en nuestra historia. Es en este contexto tan extraordinario que se busca imponer una reforma judicial como sea.
No es malo de por sí que en el medio emergencia derivada del COVID 19 y agudizada por una economía que no crece desde el 2010, se planteen reformas estructurales en las instituciones.
Por el contario, creemos que siempre es bueno ver más allá de las coyunturas y programar el mediano y largo plazo. Pero para ello se deben buscar acuerdos, no imponer mayorías.
Entonces, si hubiera buenas intenciones, si se buscara un poder judicial imparcial, transparente, se debería procurar un debate real y el acuerdo de los distintos sectores políticos y aún sociales. Y es que el desarrollo económico y social precisa de instituciones inclusivas que, en el caso del poder judicial, se traduce en jueces y fiscales que actúen y decidan conforme a derecho.
En particular en materia penal (causas de corrupción) y en el fuero contencioso administrativo. Esto se aplica al Ministerio Público Fiscal.
Es una obviedad decir que los jueces no debieran ni garantizar impunidad ni perseguir a nadie. Pero no puede creerse que el apuro del gobierno sea para mejorar las cosas sino en todo caso, para corregir la situación del actual gobierno frente a la justicia.
No es posible olvidar que hay muchas causas penales pendientes. Este es el marco real en que se impulsa esta reforma judicial. Mientras tanto, aparece una palabra, lawfare, que implica la idea que toda actuación judicial contra ciertos funcionarios públicos es pura propaganda. Esta idea es desconcertante y, aun cuando pueda tener algo de verdad, también parece la excusa perfecta. Pensamos que la ciudadanía quiere instituciones judiciales creíbles y que se evite la politización de la justicia y la judicialización de la política. Por eso, no veo interés en buscar que los órganos judiciales sean ecuánimes, que investiguen y juzguen y que garanticen el principio de la ética pública.
Para ello seguramente habría que revisar el Consejo de la Magistratura, por qué la reforma de 2006 rompió el equilibrio de los sectores que lo integran, en favor del oficialismo.
No hay buen destino como sociedad sin instituciones en las que todos puedan confiar. Y para ello las reglas deben aplicarse a todos por igual, sin persecución arbitraria, pero también sin impunidad para los poderosos. Ese es el camino: construir instituciones fuertes, inclusivas, en el sentido que todos puedan confiar en las mismas. Este no es una retórica institucionalista zonza sino -entendemos- el camino a seguir en dirección a la modernidad y al desarrollo socio-humano.”
Ramiro Pereira
Es abogado (Universidad Nacional del Litoral) y dirigente de la Casa de la Reforma de Paraná (UCR Evolución).
Fue vicepresidente 2° del Comité Nacional de la Juventud Radical, secretario de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Congresal Provincial de la UCR y miembro del Comité de la Capital. También se desempeñó como asesor legislativo.
Es coautor del libro “Neoliberalismo: fomentar el malestar general” junto a Rodolfo Parente y Enrique Pereira, (1997), con prólogo de Raúl Alfonsín y colaborador en la Constitución Comentada de Entre Ríos (2019), de autoría de Jorge D’Agostino y ha escrito y publicado numerosos artículos sobre política, historia, derecho y cultura.
Ejerce su profesión en la ciudad de Paraná y Diamante, donde actúa como abogado de la Cooperativa de Agua Potable de Strobel. También ejerce la docencia en el Instituto “Juan XXIII” de Paraná, habiendo obtenido del título de Profesor Superior en Abogacía en la UCA.