Además, se espera que se comunique la otorgación de un bono o directamente un aumento adicional permanente del haber mínimo.
La Ley de Movilidad establece que el incremento se basa en el cálculo que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Con un aumento del 15,3%, el haber mínimo de $37.525 subiría a $43.266. La PUAM (Pensión al Adulto Mayor) de $30.020 aumentaría a $34.613. Las pensiones no contributivas treparían de $26.267 a $30.285. Y el haber máximo de $252.507 a $291.140.
Las jubilaciones y pensiones aumentaron en junio un 15% según la fórmula de movilidad, lo que sumado al 12,28% de marzo, representó un incremento del 29,12%.
Los beneficiarios que cobran los haberes más bajos, tuvieron un refuerzo de ingresos de $18.000 que se abonó en dos partes: abril ($6.000) y mayo ($12.000). Aquellos que no recibieron ningún bono, sufrieron una pérdida del 5,2%.
Con el aumento en torno al 15,3/16% en septiembre, la suba acumulada de septiembre a noviembre sería del 49/50%.
A raíz de la inflación, el Ejecutivo planea otorgar un bono para compensar una parte de la merma significativa que se ve reflejada en los haberes.
Aún no se conoce si el bono será por única vez o de carácter permanente. La diferencia es sustancial porque de ser solo por esta vez no se integran al haber corriente.
Es decir que compensan la inflación sólo de esos meses, ya que cuando se vuelvan a pagar los haberes retroceden a los valores pre-bono y los aumentos posteriores se otorgan sobre una base más baja.
En cambio, un aumento adicional al índice de movilidad se integra al haber por lo que pasa a ser permanente y los futuros aumentos se calculan sobre una base mayor.