La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la cuestión de competencia entre el Juzgado Federal y el Juzgado de Garantías sobre cuál debía llevar adelante el proceso de la causa que investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura para gastos de la política
La decisión del máximo tribunal fue avalar la postura del Procurador General, por lo que el expediente volverá a la Justicia entrerriana.
La resolución unánime de los ministros Horacio Rosatti; Juan Carlos Maqueda; Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fue avalar la postura del Procurador Jorge Casal de que la causa debía tramitarse en el Juzgado provincial a cargo de Marina Barbagelatta.
En un breve resolutorio, fallaron: “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal n° 1 de Paraná, lo que así se dis- pone. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 1 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos”.
En agosto del año pasado, Casal había razonado que la inhibitoria que ha- bía presentado el Juez Federal subrogante Daniel Alonso para que la causa tramite en su juzgado debía ser rechazada dado que no se habían reunido la suficiente cantidad de elementos para probar que el dinero que se habría sustraído de la Legislatura habría sido usado para financiar campañas electorales.
Según consigna la agencia APF Digital, el proceso continuará ahora en el Juzgado de Garantías de Barbagelata.
La Fiscalía ya había presentado la remisión de la causa a juicio cuando se planteó el conflicto de jurisdicción. Ahora, el trámite proseguirá hasta llegar a las audiencias públicas.