A raíz de la gran difusión que obtuvo el caso del niño Lucio Dupuy de cinco años, quien falleció en un hospital de La Pampa, las denuncias por maltrato a la niñez hacia el programa del Ministerio de Justicia de la Nación se multiplicaron en un 73% en los cinco días posteriores a ese hecho.
Con el correr de los días, comenzó a salir a la luz información sobre el caso Dupuy: durante las últimas semanas se ordenó investigar el nivel de responsabilidad de los Juzgados de Menores que habrían trabajado con el conflicto por la tenencia del niño. Además, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas buscará esclarecer por qué las autoridades médicas del hospital al que fue llevado Lucio durante los tres meses anteriores a su muerte no alertaron sobre la situación de salud que estaba atravesando. Por otro lado, la familia paterna del pequeño denunció públicamente que hubo varias actuaciones judiciales y policiales previas en las que advertían sobre la situación del nene, pero según afirmó su padre, no fueron escuchados.
¿Qué es lo que está fallando en términos de prevención para que sigan existiendo casos como el de Lucio? ¿Cómo se interviene en los casos de maltrato infanto-juvenil en Entre Ríos? Son preguntas que surgen como disparadores a la hora de repensar y conocer colectivamente los mecanismos de acción que pueden evitar la vulneración de derechos de las infancias y adolescencias en el territorio entrerriano.
Para analizar el abordaje de casos de maltrato infantil en la provincia, MIRADOR ENTRE RÍOS dialogó con la jueza Noelí Gabriela Ballhorst, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 3 de Concordia y con el juez del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Alejandro Barbirotto, quien además ocupa el cargo de supervisor en el Observatorio de seguimientos del Protocolo Interinstitucional para casos de abuso sexual infanto-juvenil.
Cifras
Ante la pregunta por las cifras que se manejan en la provincia, Ballhorst aseguró que cuando asumió como jueza titular el 24 de agosto de 2021, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de ese momento, Martín Carbonell, brindó información sobre las estadísticas que se venían generando en la Oficina de Violencia de Género. En 2019, el 39% de las causas que entraban al Juzgado de Familia correspondía a violencias domésticas y de género. Pero hasta agosto de 2021, las causas de violencia ya representaban un 75%.
“Desde el Juzgado no discriminamos cuántas causas son de maltrato infantil propiamente y cuántas son de violencia doméstica o de género. Muchos de los profesionales que trabajamos en esto coincidimos en que la mayoría de las veces los chicos son víctimas pasivas de esa violencia. Más allá de esa observación, podríamos considerar que las violencias en general se han incrementado, post pandemia y durante este año también”, completó Ballhorst.
En cuanto al circuito de abordaje “en el caso de la competencia Civil o de Familia, los temas de maltrato infantil entran por una denuncia de violencia y se le da intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Otra posibilidad es que el propio niño quiera denunciar y llame directamente al Copnaf, en ese caso la denuncia ingresa al Juzgado por esa vía”, explicó la jueza.
Denuncias directas
Entre Ríos cuenta con un mecanismo para que las propias infancias denuncien desde el año 1997: la línea 102 también conocida como “el teléfono del niño”. Primero perteneció al Poder Judicial y después se trasladó a la órbita del Copnaf, según informó la entrevistada. “Es una herramienta súper valiosa porque puede llamar cualquier persona, incluso quienes no son víctimas, para denunciar que otras personas lo son. Resulta fundamental porque permite llamar directamente y poder hablar con un operador del Copnaf que tome la denuncia”.
Consultada sobre la forma de proceder, la jueza explicó que, en caso de sospecha, cualquier persona puede llamar a la línea e informar lo que está percibiendo, incluso preservando su anonimato, con el fin de evitar cualquier posibilidad de inconvenientes que puedan presentarse ante el denunciante. “Cuando hay denuncias de violencia previas se pueden adoptar medidas y se pueden ir previendo medidas más restrictivas, o más fuertes en pos de preservar más la integridad de la víctima. Pero hay cuestiones que son imponderables y no se pueden prever”, analizó la letrada sobre la situación en general.
También advirtió que le asusta ver opiniones en redes sociales que “juzgan tan livianamente la intervención judicial, porque tenemos hasta ocho denuncias de violencia por día, entre las que incluyo los niños, porque para mí ellos son víctimas pasivas todo el tiempo y están aprendiendo una forma de vinculación violenta. Eso nos hace trabajar en mucha cantidad y no con mucha calidad”. Y continuó argumentando que “mi intención no es justificar, porque ningún maltrato es justificable, pero hay cuestiones que marcan diferencias en la crianza, en las posibilidades, en cómo han sido criados los progenitores de estos niños. En el caso de Lucio fue algo progresivo que se fue exacerbando y se volvió una aberración. Ahora bien, el Estado falló en la crianza de esas dos mujeres, en el acompañamiento a la abuela, en asegurar el acompañamiento de un órgano administrativo que pueda dar estabilidad económica a la vez que ofrece una política pública de acompañamiento y concientización”, consideró.
“Como provincia hemos sido precursores: tuvimos mucho antes que un montón de provincias la ley 9.861 que es la de protección integral e incluye el maltrato. Por diversos motivos las intervenciones pueden ser deficientes, esas cosas también pasan, pero creo que legislativamente estamos a la vanguardia. El problema es que faltan recursos para trabajar más en campo, para acompañar a las personas con sus derechos vulnerados. Por ejemplo, los profesionales del Copnaf tienen sueldos bastante inferiores a los del Poder Judicial y les toca trabajar en la misma temática”, completó.
Abusos: otra forma de maltrato
Dentro del maltrato infanto-juvenil se encuentra el delito de abuso sexual en la niñez y la adolescencia. Por cumplimiento de mandato constitucional, la provincia de Entre Ríos cuenta con un protocolo interinstitucional para actuar en estos casos. MIRADOR ENTRE RÍOS obtuvo precisiones con el supervisor del Observatorio de seguimiento de dicho protocolo, el Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Alejandro Barbirotto.
El letrado explicó que el protocolo se creó con tres objetivos fundamentales: Evitar la revictimización, es decir que el paso por el proceso penal no ponga en riesgo la recuperación psicológica de esa niñez o adolescencia que se vio afectada; Proteger las garantías constitucionales del imputado; y Preservar la prueba.
“De nada serviría un protocolo que únicamente tiene por objeto no re-victimizar, que desde ya es muy importante, si no logramos condenar a ninguna persona por no tener un debido proceso o por no preservar la prueba para poder inculpar”, afirmó Barbirotto.
Con la sospecha alcanza
Un condimento importante que aporta el protocolo es que la persona denunciante, que puede ser docente, enfermero, familiar, etc. no tiene que tener necesariamente una certeza de que el hecho ocurrió. Básicamente alcanza con tener la sospecha, es decir el relato del niño o niña. “Con ese relato alcanza para que se ponga en funcionamiento este protocolo y a quien le corresponda determinar la certeza, es decir si el hecho ocurrió o no, es a la Justicia. A través de un proceso donde un fiscal acusa, un defensor defiende y protege la garantía del imputado y un juez objetivamente relaciona las pruebas determina la existencia o no de ese hecho”, explicó Barbirotto.
Según opinó el entrevistado, el protocolo interinstitucional con que cuenta Entre Ríos se diferencia no sólo de los protocolos de otras provincias, sino a nivel regional, ya que fue elaborado por la Mesa de fortalecimiento familiar que estaba integrada por el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Salud, de Gobierno, el Consejo General de Educación, el Copnaf, la Dirección de asistencia a la víctima y al delito, la Policía de Entre Ríos y organizaciones de la sociedad civil. “Son todas las instituciones que deberían intervenir ante una sospecha de abuso sexual. El protocolo es fruto del consenso”, aseguró el juez.
Pautas claras
Ante la pregunta al juez Barbirotto sobre qué cuestiones cambiaron a partir de la implementación del protocolo interinstitucional para actuar en sospecha de casos de abusos, el especialista aseguró que “en primer lugar cada institución que interviene sabe qué hacer y cómo debe actuar ante la sospecha de abuso sexual a niñeces y adolescencias, estableciendo pautas que son muy claras tanto para los jardines maternales, escuelas, centros de salud, con referencias explícitas, con la competencia que le corresponde a cada uno, la derivación y la articulación”. Y continuó: “Anteriormente tenía que ir el docente (por poner un ejemplo) a la policía o a la fiscalía para denunciar y se ponía su nombre, se formaba un legajo y esto generaba muchas veces que quede expuesto a que le rayen el auto, lo amenacen o hasta lo golpeen. Hoy en día no se denuncia, se busca que estas instituciones informen al representante del Ministerio Público Popular o al Defensor de niños y adolescentes de cada una de las jurisdicciones de la provincia”.
Mirador Entre Ríos
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