La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) aseguró que el nuevo marco regulatorio para biocombustibles que impulsó el Frente de Todos, “fulmina” toda posible inversión de ampliación y considera que “raya la inconstitucionalidad” al otorgar “amplias y discrecionales facultades a la Autoridad de Aplicación”, lo que “demuestra claramente la intención de eliminar a los biocombustibles de la matriz energética del país”.
Entre los fundamentos esgrimidos por la entidad para reclamar el rechazo de la Ley, el presidente interino de la entidad, Elbio Laucirica, alegó que el esquema propuesto implicará “el cierre de muchas empresas de biodiesel y anexas a la producción”.
“Deberían haber sido ser revisados los aspectos vinculados al agregado de valor al maíz, y por no propiciar energías limpias y combustibles renovables, que mitigan cambio climático”, aseveró el presidente interino Elbio Laucirica, y agregó: “además en cuanto al tema inversiones, consideremos que en bioetanol de maíz hay inversiones de pequeñas cooperativas en beneficio de los pequeños productores”, redondeó el dirigente.
La Ley sancionada propone llevar el corte del bioetanol del actual 12 al nueve por ciento, en tanto para el biodiesel el corte se reduce considerablemente del 10 por ciento al cinco por ciento pero con la facultad de la autoridad de aplicación de llevarlo al tres por ciento; “se discrimina de manera infundada a aquellos productores de biocombustibles que de forma directa o indirecta se vinculan con la comercialización y exportación de cereales, oleaginosas y otros insumos relacionados”, argumentó la entidad cooperativista.
El contundente rechazo de la iniciativa, además, pone de manifiesto la “abierta contradicción que existe con el principio de progresividad ambiental establecido en el Acuerdo de París”, ratificado por nuestro país.
La entidad cooperativa acusó al oficialismo de tener “poca vocación de diálogo y de búsqueda de consensos”, al promover una ley que “atenta contra el federalismo y el agregado de valor regional”.
Finalmente, Coninagro consideró que otorgar un tratamiento “perjudicial” al bioetanol de maíz en relación al de caña de azúcar solo encuentra fundamentos en “prejuicios ideológicos o en el desconocimiento de las inversiones realizadas”, con impacto negativo en la región central del país. Esta iniciativa pone énfasis en mantener la promoción para las empresas chicas y propone que las grandes ganen posición por volumen y escala.
Al respecto, Coninagro sostiene que tiene una “alta discrecionalidad” para definir la escala y se sustenta en una “falsa” asociación entre cerealeras exportadoras y productoras de biocombustibles”.
“Esta temática es importante para Coninagro y para el campo ya que el uso de maíz, soja y caña de azúcar en biocombustibles es uno de los procesos de agregado de valor en origen, diversifica la demanda y los países destino de los productos, así como diversifica y vuelve, en parte, sustentable la matriz energética nacional. Respecto de la economía circular, la mayoría de los subproductos se utiliza localmente como alimentación animal”, sostuvo Laucirica.
Cabe destacar que Argentina cuenta con 34 industrias destinadas a producir biodiesel a partir de soja, 90 extrusoras chicas, 12 plantas de bioetanol a partir de caña de azúcar y 5 de bioetanol de maíz, entre estas últimas se destaca ACABIO, que como cooperativa forma parte de Coninagro.