El debate sobre la calidad de la televisión por suscripción, la irrupción de entretenimientos on line (series, películas y juegos), el costo y las prestaciones del servicio de internet y el precio de la telefonía celular y fija se nos suele presentar desarticulado. Sin embargo, se integran en políticas
públicas que la pueden reconocer como una actividad comercial más o como un derecho humano y, en ese sentido, propiciar un acceso a múltiples formas de ver el mundo. “Si bien en todos los mercados deberían existir regulaciones para evitar abusos, proteger al consumidor y garantizar la competencia, el panorama de la comunicación se complejiza si la aceptamos como un derecho humano, es decir, si reconocemos que es universal, irrestricto y fundante de la condición humana”, sostiene Daniela Monje, docente universitaria e investigadora, integrante de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, al añadir que “ahí recobra valor la democratización de la palabra y la pluralidad de voces, el acceso a los medios y la participación ciudadana en ellos.
–¿Cómo se logra eso?
–Si las regulaciones no resguardan estos valores las comunicaciones tenderán a ser cada vez más homogéneas, parecidas a sí mismas, similares unas a otras, en virtud de lo que se llama ley de Hotelling o principio de la mínima diferenciación.
Está comprobado que, en aras de la eficiencia del mercado, los medios tienden a encontrar una media de estéticas, contenidos y lenguajes de manera de asegurarse que pueda alcanzar a la mayor cantidad de usuarios potenciales y con ello volver más rentables los proyectos.
–¿Este es un desvelo académico o efectivamente se produce este fenómeno en la realidad?
–Es bien real, cotidiano. Si miramos una serie de culto como Games of Thrones veremos que hay desplegados componentes vinculados a lo bélico, al erotismo, a la política, a las relaciones amorosas, al espíritu de aventura, a nociones de fidelidad, lealtad y traición. Eso asegura que, por distintas razones, públicos muy diversos se sientan identificados por algunas de las situaciones, sin importar la ideología o el nivel de ingresos de los públicos.
–¿Es extrapolable a los medios tradicionales: la prensa gráfica, la radio y la televisión?
–Originalmente, las políticas públicas de comunicación se pensaron para ellos. La radio y TV en particular supieron desarrollarse en un escenario atravesado por restricciones físicas específicas, toda vez que para funcionar necesitaban un lugar en el espectro radioeléctrico. Entonces, al Estado -que era el administrador- se le hacía complicado regular las frecuencias: la premisa era garantizar la competencia e impedir la concentración.
Progresivamente, las políticas han ido abarcando otros medios de comunicación, más contemporáneos, ya no en términos del uso del espectro radioeléctrico, sino vinculados al desarrollo de redes e Internet, aunque todavía sigue siendo parte de una gran disputa al punto de que el espectro se utiliza para la telefonía móvil y la transmisión de datos. Eso lo convierte en un coto de caza altamente valuado.
Entonces, si los Estados no regulan en favor de un acceso plural, diverso, con garantías hacia los sectores más vulnerables, minoritarios, sin fines de lucro, se materializará esa tendencia que se orienta hacia una concentración típica de mercado, en pocas manos. En ese sentido, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos: cuando sucede la concentración lo hace de una manera que atenta severamente contra la libertad de expresión.
Referencias
Al escuchar a Monje es difícil no conectar con el Informe McBride que cuando salió a la luz lucía exageradamente apocalíptico en sus estimaciones futuras y, sin embargo, tanto los estudios posteriores como la propia realidad terminaron confirmándolo en todos sus términos. “Los tres hitos a nivel internacional en materia de políticas de comunicación son la Declaración de Derechos Humanos en 1948; la publicación del Informa Mc Bride, discutido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1980; y, por último, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que tuvo lugar entre 2003 y 2005”, señaló Monje. Ante una consulta, ponderó la relevancia del Informe McBride. “Logró hacer un diagnóstico internacional sobre el estado de las comunicaciones en un mundo que ya no estaba solamente dividido entre el norte y el sur, sino que estaba atravesado en términos de este-oeste, por la presencia de los llamados países no alineados que disputaban ser reconocidos por fuera de la polarización generada en el marco de la Guerra Fría”.
–¿Qué aportes hizo ese Informe?
–Fue un análisis comparativo de políticas a escala internacional. Allí, los países no alineados sostuvieron que a mediados de la década del 70 había un flujo unidireccional de informaciones, con cinco agencias que concentraban la decisión en torno a qué noticias iban a circular, desde los países centrales hacia el resto del mundo. Lo que se plantea, entonces, es cómo democratizar el acceso a esos circuitos, cómo producir información desde las periferias, y revertir el flujo unidireccional y, en ese sentido, se establecen parámetros vinculados al acceso y la participación ciudadana como un camino hacia la democratización de las comunicaciones.
No obstante, el Informe McBride nunca se puso en funcionamiento y por tanto las asimetrías se consolidaron por sobre los particularismos culturales y el desarrollo de comunicaciones autónomas en los países del tercer mundo. Tampoco los parámetros definidos por este Informe fueron incorporados en términos de políticas nacionales lo que hubiera sido una salida más que interesante porque los desequilibrios internos también existen y son marcados. Incluso en América Latina esto hubiera sido viable considerando que en ese período se producen retornos a sistemas democráticos en muchos de los países que habían participado en la elaboración de este informe, pero esto tampoco fue posible.
–Se desperdició esa oportunidad…
–En la Argentina hubo un intento, a mediados de los 80. Fue un proyecto de Raúl Alfonsín que se conoció como Cocode, Consejo para la Consolidación de la Democracia que a partir del Informe McBride delineó aspectos que debería contener una ley de radiodifusión en el nuevo contexto democrático. Pero esto tampoco prosperó y no logró ser discutido en sede parlamentaria. Debieron pasar más de 25 años para que en 2009 se sancionara la ley de servicios audiovisuales que fue ejemplar en términos conceptuales y como acción de política comunicacional.
Actualidades
–¿Y cómo estamos hoy en la Argentina en materia de comunicación, vista como un derecho humano?
–Diez años después de la ley de Servicios Audiovisuales tenemos, además, otros núcleos problemáticos para pensar las políticas. Por una parte, lo que tiene que ver con el desarrollo de redes, de derechos y políticas vinculadas ello, que no está regulado en Argentina. Entiendo que este asunto debiera ser prioritario: pensar la responsabilidad de los intermediarios de Internet, la neutralidad de la red y lo que se transmite desde Internet para que no haya distinción entre los usuarios; por otra parte, deben regularse las disputas que existen por el uso del espectro, no ya para radio y TV analógica, sino para radio y televisión digital, para telefonía móvil y para transmisión de datos, que es el gran negocio en torno a las comunicaciones del siglo XXI.
Ahí entra a tallar la exorbitante acumulación y poder de concentración que se realiza con la megafusión de Telecom y Cablevisión, ocurrida recientemente. En esa operación se ha puesto en evidencia la capacidad económica y la incidencia que tiene un solo actor en materia de telecomunicaciones, en radiodifusión y medios en general, frente a otros que ni siquiera pueden posicionar su propuesta en una grilla de oferta de telecomunicaciones o datos.
Adentro y afuera
–¿En qué está pensando, concretamente?
–Estoy pensando en las cooperativas que, en nuestro país, tienen un proyecto de desarrollo no lucrativo, que trabajan activamente desde hace muchos años con su comunidad de referencia en radio, TV e Internet y a las cuales, la regulación no habilitó a realizar desarrollos de telefonía móvil, complemento indispensable para ofrecer el triple play. En cambio, esa regulación llegó no sólo de manera urgente para Telecom y Cablevisión, sino que ni siquiera debieron pasar por el Poder Legislativo. Hay una gran inequidad en las regulaciones, una asimetría regulatoria que debería sustituirse por regulaciones asimétricas: parece un juego de palabras, pero no lo es. En el primer caso hablamos de consolidar inequidades mientras que al referirnos a regulación asimétrica enfocamos en la necesidad de que la regulación contemple las diferencias, y genere resguardos para los sectores más pequeños o vulnerables.
Más aún, en este momento la discusión sobre políticas de comunicación desborda hacia otras áreas de mayor incumbencia tales como la economía del conocimiento. Esto para nosotros es un nuevo territorio de análisis, claramente de disputas también.
–¿Por qué?
–Porque en el marco de estos proyectos siempre hay actores que son muy favorecidos, resguardados, mientras otros están en la periferia y no tienen las mismas posibilidades de desarrollo. Ese es un tema interesante en el marco de las políticas del siglo XXI.
En perspectiva
–¿Qué es lo que ha pasado en términos de convergencia y concentración desde finales de 2015 hasta ahora?
–En el marco del gobierno de Mauricio Macri, lo que operó en torno a las regulaciones es un cercenamiento de los resguardos que existían en la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, referidos a límites en la concentración de la propiedad. También en esa línea han existido sustanciales modificaciones en relación a la ley de Telecomunicaciones 27078 conocida como ley Argentina Digital.
De hecho, por el decreto de necesidad y urgencia 267/2015, lo vinculado a televisión por cable se trasladó al área de Telecomunicaciones.
El grupo Clarín había estado discutiendo en términos legales –durante más de tres años- las restricciones que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le imponía y con este solo decreto esa diferencia se vio saldada a favor del grupo.
Otra modificación regulatoria dispuso que los operadores de telefonía pueden prestar servicios de TV satelital.
Además, se le permitió el grupo Clarín – a través de Cablevisión- fusionarse con Telecom. A partir de ello se conforma el grupo de telecomunicaciones y comunicaciones de mayor envergadura de América Latina. El tipo de concentración que genera este grupo se manifiesta en todos los niveles: en radio, en TV, en gráfica, en telefonía fija, en telefonía móvil, transmisión de datos. Es un brutal movimiento regulatorio que tiene manifestaciones concretas tanto en cuanto a la concentración como en cuanto a la convergencia, lo que le permite ofrecer productos múltiples a un menor costo, mientras que esa alternativa de “paquetizar” no es simétrica para otros actores. Las cooperativas, por ejemplo, no han logrado hacerlo, al igual que otros grupos.
Eso también es parte de la discusión por la convergencia, que no se reguló a través del Congreso, pero sí a partir de normativas del Poder Ejecutivo, en las que se otorgó concesiones a un solo actor que fue el Grupo Clarín.
Hubo un proyecto que se conoció como “ley corta”…
–Ley corta…
–Sí, era sobre comunicaciones convergentes. Le posibilitaba a las compañías telefónicas insertarse en el mercado del cuádruple play. Y se la llamó “corta” porque sólo enfocaba en aspectos de competitividad e infraestructura. Esa “ley corta” tuvo media sanción en la Cámara de Senadores, pero no logró la sanción definitiva en Diputados.
–¿Y esto tiene su correlato directo sobre los contenidos que circulan, las agendas de problemas y de actores sociales?
–Claramente. Pensemos en que un usuario común, que acaso no esté atento a las discusiones en torno a las políticas de comunicación, resuelve a partir de cuestiones de economicidad y termina “paquetizado” con servicios de internet, de TV por abono, de telefonía fija y móvil que pertenecen al mismo conglomerado empresario y, entonces, termina recibiendo una oferta procedente de un único proveedor, con agendas que se construyen sobre la base de los mismos intereses.
Regular estas cuestiones, que no queden a expensas del criterio de una empresa que hace y deshace desde una posición dominante, es clave. De ella depende que los ciudadanos puedan tener acceso a informaciones diversas y en consecuencia construir otras nociones del mundo.
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La Secretaría de Investigación y Posgrado informa el cronograma de cursada del segundo año de la Maestría en Comunicación.
De seminario
En el marco de la Maestría en Comunicación, la docente de las universidades nacionales de Villa María y de Córdoba, Daniela Monje brindará en Paraná un seminario sobre “Políticas de la Comunicación”. Será en la Facultad de Ciencias de la Educación-UNER, Buenos Aires 389.
La actividad es arancelada y se desarrollaría el jueves 30 y el viernes 31 de mayo, el jueves 4 de julio y el viernes 5 de julio.