Un informe de la UCA muestra importantes disparidades de ingresos entre los distintos sectores sociales
En ese marco, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA describe la situación de las familias según el lugar que ocupan en la pirámide social.
El centro de estudios señala que en el tercio superior, se configura un estrato de clases medias-altas y altas plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad.
Es un segmento con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad, y con capacidad de orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.
En términos de ingresos, para integrar el 3% de mayores recursos, el hogar familiar requiere percibir al menos $30 millones. A continuación se ubica el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde $15 millones. Luego aparece el 20% correspondiente a los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se sitúa en $5 millones.
En el tercio intermedio, se ubica una amplia clase media y media baja aspiracional, “sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico. Este grupo acumula expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, indicó el ODSA.
Para pertenecer al 20% de los hogares que compone el estrato medio aspiracional es necesario percibir al menos $3.500.000, mientras que en el segmento medio bajo vulnerable el ingreso mínimo requerido es de $2 millones.
En el tercio más bajo de la distribución se agrupa una población inserta en trabajos informales, inestables o de mera subsistencia, condicionada por un entramado de baja productividad, menor nivel educativo acumulado, fragilidad laboral y fuerte dependencia de asistencia estatal.
El ODSA indica que la debilidad de los ingresos provenientes del trabajo dificulta quebrar el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.
Ahora bien, el 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita contar con ingresos de al menos $800.000. Esa misma suma, en paralelo, funciona como el límite máximo para el 10% ubicado en situación de pobreza extrema.
Puntualmente sobre este segmento, el informe asegura las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y una recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.
No obstante, observan que la mejora observada en los indicadores sociales durante el período 2023-2025 se asocia principalmente a la desaceleración inflacionaria, más que a una recomposición genuina del poder de compra o a un aumento sostenido de la capacidad de consumo de los hogares.
Además, el ODSA analizó: “El actual régimen libertario abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social”.
“Sin embargo, sus límites emergen en la falta de mecanismos inclusivos de transición y en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que amenaza con profundizarla informalidad y la pobreza estructural si no se acompaña de una estrategia capaz de generar empleos formales y políticas activas de integración territorial y de capital humano que integren socialmente a los sectores hoy excluidos del desarrollo”, añadió.
“Sin una estrategia explícita de inversión —interna y externa— orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macro podría derivar en un orden social más desigual, con menor movilidad ascendente, mayor fragmentación y una sociedad disciplinada por la supervivencia más que integrada por oportunidades”, consideró el ODSA.
fuente infobae