El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) desistió de participar de la reunión por considerar que las audiencias deben realizarse de manera presencial y no virtual, según lo manifestaron en una carta enviada a la presidencia del Senado.
El Senado inició un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos, en una audiencia que se realizó sin la presencia de la oposición, en el marco de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.
El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) desistió de participar de la reunión por considerar que las audiencias deben realizarse de manera presencial y no virtual, según lo manifestaron en una carta enviada a la presidencia del Senado.
Las propuestas que se discutieron durante una videoconferencia son seis textos elaborados por los legisladores del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, Daniel Lovera (La Pampa), Antonio Rodas (Chaco) y Silvia Sapag (Neuquén) y de los opositores Juan Carlos Marino (La Pampa) y Gladys González (Buenos Aires).
El presidente de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, declaró que la Argentina “tiene una brecha digital significativa” que debe ser resuelta y mencionó que se invirtieron $40 mil millones en los últimos años desde el Estado para la inclusión digital”.
“El espíritu del decreto tiene ese principio de declarar como servicio público el acceso a internet como derecho humano básico”, sostuvo, y recalcó que se trata de “una política de Estado” cuya importancia ha quedado demostrada durante la pandemia de coronavirus.
Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de los Derechos de Usuarios y Consumidores, consideró que la propuesta tiene como meta “evitar la pobreza en las comunicaciones” y cuestionó las posiciones dominantes de las empresas Telefónica y Telecom, al considerar que tienen un monopolio que no ha demostrado “humanidad” durante la pandemia.
Enfatizó que “el teléfono celular e internet deben ser universal, debe haber inclusión y también regulación”.
“Llegará el momento que quienes pagamos no vamos a querer seguir pagando aquello que no representa lo que pagamos y la regulación debe atender ese punto”, evaluó Bassano, en el caso de que se mantenga el servicio como hasta ahora.
Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), subrayó por su parte que se trata de proveer “un instrumento legal” que complemente otras normas como la regulación de las plataformas de internet.
El Estado busca que el acceso de la comunicación sea para “todo el mundo” bajo la premisa de que “la idea del derecho humano básico no debería discutirse”, indicó.
Otra de las expositoras de este miércoles, la investigadora del Conicet, Bernadette Califano subrayó la importancia de declarar a internet como un servicio público dado que “se necesitan políticas para resolver cuestiones que el mercado no ha resuelto en estos años” en la materia.
Califano alertó sobre las “desigualdades” que existen “en materia de conectividad” y argumentó que “la penetración de internet fija ronda en promedio el 68% a nivel nacional, con provincias que tienen el 60”, a la vez que “el 90 por ciento de los usuarios de telefonía móvil tiene el servicio pospago, que es el más oneroso”.
A su turno, el exsecretario de comunicaciones y exvicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar, se pronunció a favor de que “la conectividad se transforme en un servicio universal para todos” por la “desigualdad” existente entre provincias.
“Cuatro provincias están por debajo del 40% del nivel de conectividad: Formosa con el 32%; San Juan con 36%, Santa Cruz con 37% y Mendoza con 39%, mientras que las líderes, con el 82%, son La Pampa y San Luis”, graficó.
También advirtió que “hay áreas sin cobertura en telefonía móvil”, especialmente en aquellas “poblaciones con menos de 500 habitantes”, en tanto que “aquellas que tienen más de 500 y menos de 2 mil habitantes apenas están cubiertas con 3G”.