Hombres y mujeres de negocios quieren saber más sobre el plan de Javier Milei que ingresará al Congreso en los próximos días. Están preocupados por la continuidad de regímenes como el de Tierra del Fuego, el automotriz, y el de la economía del conocimiento, entre otros.
Horas frenéticas en el mundo empresarial. Titulares y representantes de firmas de distintos sectores de la economía buscan entablar contacto con referentes de La Libertad Avanza para conocer detalles del plan de “desregulación y reforma del Estado”. La gran apuesta legislativa de Javier Milei pone en jaque a regímenes sectoriales como el de Tierra del Fuego, el automotriz y el de la economía del conocimiento, entre otros. También hay incertidumbre en la industria con respecto a los programas de incentivos y el subsidio de tasas. En el entorno del presidente electo reconocen que el armado del proyecto es “dinámico” y que hay conversaciones abiertas.
“Un gran digesto normativo”, así calificó un economista que tuvo acceso a las más de 1.500 hojas que Federico Sturzenegger y su equipo redactaron en los últimos meses y que pusieron a disposición del mandatario electo. Ese plan diagramado por el ex presidente del Banco Central es la base del proyecto de ley “ómnibus” que ingresará al Congreso en los próximos días y que busca generar cambios profundos en el orden económico, social y político.
Los teléfonos queman. Nadie da detalles, el texto está guardado bajo una decena de llaves y cambió varias veces en las últimas semanas, hay apenas algunas aproximaciones sobre su contenido. En el Congreso los legisladores esperan una “ley Dromi” y se preparan para una discusión larga. Las empresas quieren saber de qué se trata y, sobre todo, que sucederá con los regímenes de promoción sectoriales.
En ese grupo aparecen los beneficios impositivos de los fabricantes de Tierra del Fuego, los bonos del régimen automotriz para el desarrollo del autopartismo y el de motos. También figuran bonos para los fabricantes de bienes de capital y la ley de economía del conocimiento que muchos consideran una “política de Estado” porque su primer antecedente data del 2004 y atravesó, con actualizaciones, los distintos gobiernos.
El proyecto inicial apunta a eliminar cerca de 3.000 regulaciones en las que se incluyen varios de los regímenes señalados. Fuentes empresariales dan cuenta de contactos en las últimas horas que modificaron el plan inicial, por lo que algunos beneficios podrían reducirse en lugar de eliminarse, pero no hay precisiones sobre cuál será el impacto final.
Una alta fuente de La Libertad Avanza reconoció que hubo cambios con respecto al plan original y que “la discusión permanece abierta”. Aunque confirmó que la óptica predominante en el espacio sigue siendo la de terminar con este tipo de programas. Aseguran que “con una macroeconomía estable no serán necesarios los incentivos sectoriales”.
En cualquier caso, está claro que toda la política industrial entrará en discusión en los próximos días. Entre las herramientas que se utilizan actualmente también están los subsidios de tasa que hacen los bancos públicos, la normativa del Banco Central que determina líneas diferenciales para la inversión productiva o el capital de trabajo, los esquemas arancelarios como el Draw Back que reintegra derechos de importación y la administración del comercio.
Sobre este último punto, el pasado jueves en el evento de la Unión Industrial Argentina, la futura canciller Diana Mondino brindó una precisión: “Las 10.200 licencias no automáticas tienen que desaparecer”, dijo. La reacción de los empresarios presentes en la 29 edición de la Conferencia Industrial de la entidad fabril fue dispar. Tibia. Más murmullos que aplausos. Muchos fabricantes entienden que una apertura comercial abrupta puede perjudicar severamente la salud de sus empresas.
En los pasillos del Centro de Convenciones de Buenos Aires, que alojó la cita anual de los industriales, se habló mucho de pagos al exterior. A pesar de las críticas a la cobertura que brindó el Banco Central, lo cierto es que la deuda comercial creció más de u$s 20.000 millones en los últimos meses, mientras que las Lediv no superan en su totalidad los u$s 5.000 millones.
Las empresas están preocupadas. Muchas aseguran que están al borde de quedarse sin insumos y que no saben cuándo ni cómo pagarán a sus proveedores. Esta es hoy la principal incertidumbre del sector. En el equipo de Milei prefieren no dar precisiones sobre la resolución de esa problemática.
Fuente: Ámbito