El plazo vencía este viernes 19 de junio para negociar con los acreedores y poder superar las diferencias que persisten. En lo económico superarían los u$s 7.000 millones,
El Gobierno prorrogó hasta el 24 de julio próximo el plazo que vencía hoy para negociar con los acreedores y poder superar las diferencias que persisten, que en lo económico superarían los u$s 7.000 millones, aunque también se relacionarían con cuestiones de índole legal.
Al mismo tiempo que se producía la finalización del período para cerrar negociaciones, el Ministerio de Economía difundió la nota donde comunica a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) la quinta prórroga en las tratativas, aunque en esta ocasión abrió un llamativo período de más de un mes.
En el documento, donde reitera consideraciones legales y conceptuales emitidas en los anteriores informes, la cartera que conduce Martín Guzmán señaló que “Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual”.
“Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”, remarcó el Palacio de Hacienda y agregó que el 27 de julio será la fecha en que se divulgarán los resultados.
Este viernes, el presidente Alberto Fernández confió en que se llegará a un entendimiento, pero reconoció que se avanza a los “tironeos” en la dura negociación.
También pidió quitarle dramatismo a la cuestión y hasta afirmó que la falta de un convenio en el corto plazo no cambiaría la situación porque la Argentina de todas manera carece de financiamiento externo.
Esta semana, el ministro de Economía resolvió en acuerdo con los grupos de bonistas levantar la confidencialidad de las propuestas y allí empezaron a notarse las diferencias que existen entre lo que piden los acreedores y lo que el Gobierno está dispuesto a aceptar.
Según estimaciones que se manejan en el mercado financiero, la diferencia económica superaría los u$s 7.000 millones, una cifra en la que nadie cree que pueda ser el factor determinante para cerrar un entendimiento.
Pero, a esa discrepancia, se le sumó otra de carácter legal, ya que los acreedores pretenden que los títulos a emitir se ajusten por cláusulas legales similares a las del canje 2005, lo cual mejoraría la situación de los bonistas si es que en un futuro inician reclamos legales.
Por el lado de los bonistas, los más agresivos y firmes parecen estar en el influyente fondo BlackRock, cuya negociadora es ahora Jennifer O´Neill, quien asumió ese rol en reemplazo del duro negociador mexicano Gerardo Rodríguez, por expreso pedido de Guzmán a Larry Fink, cabeza del grupo.
Reclama un pago del 56,5% y también exigió el cambio en las cláusulas legales, cuestiones que Guzmán rechazó de plano por “inconsistentes” con el objetivo de sustentabilidad del pago de la deuda.
Hasta ahora, el Gobierno, a través de Guzmán, ofreció pagar hasta u$s 49,90 por cada lámina de 100 y un cupón atado a la evolución de las exportaciones.
Esta propuesta cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya titular, Kristalina Georgieva, reiteró en los últimos días el apoyo a la Argentina y pidió a los acreedores que acepten la oferta.
Durante la semana, tras el levantamiento de la claúsula de confidencialidad, el grupo Ad Hoc Argentina Bondholder, conformado entre otros por los fondos Black Rock y Ashmond, advirtió que si el Gobierno no atiende los reclamos podría iniciar demandas judiciales. (NA)