Las bases de productores ya programan asambleas para el próximo 8 de enero. A una de ellas se invitará a la Mesa de Enlace. Amplio rechazo a las últimas medidas oficiales de intervención en los mercados de trigo y maíz.
El año finalizará con mucho malestar entre los productores agropecuarios con el Gobierno de Alberto Fernández por la política que lleva adelante para el sector. Las últimas decisiones sobre intervención en los mercados de trigo y maíz, la posibilidad de crear un Instituto de la Tierra y la propuesta de compensar a los molinos y avícolas ante el aumento de los precios internacionales, despertó en el interior del país la necesidad de volver a reunirse para definir los pasos a seguir.
En ese sentido, un grupo de productores autoconvocados ya está trabajando en la organización de una asamblea para el 8 de enero en Cañada de Gómez, Santa Fe. Esta semana habrá una reunión para definir los pasos a seguir a la que serán invitados los cuatro presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace. “Buscamos que se active el interior”, dijo a Infobae un productor que está trabajando en la convocatoria. Por otro lado, el mismo día a las 10 habrá una asamblea de productores autoconvocados en Wheelwright, también en territorio santafesino.
No se descarta que a partir de estas asambleas en Santa Fe se realicen otras en el norte del país y en Entre Ríos. Junto al rechazo que generaron las últimas medidas sobre restricciones a las exportaciones, en el interior hay preocupación por los futuros resultados de la cosecha de granos gruesos, frente a un aumento importante de los insumos que son necesarios para llevar adelante la actividad productiva, como agroquímicos y fertilizantes.
La dirigencia de la Mesa de Enlace expresó su rechazo a la resolución que el pasado viernes publicó el ministerio de Agricultura, mediante la cual se determinó que la subsecretaría de Mercados Agropecuarios, a cargo de Javier Preciado Patiño, informará los “volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino” de maíz y trigo. Al respecto, se determinó que las declaraciones juradas de ventas al exterior de esos productos no podrán exceder una determinada cantidad de toneladas, lo que funcionará como una intervención a las exportaciones.
“Es una macana lo que pasó. Fue como un piñazo, y después del mismo hay que recomponerse”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien agregó: “Le habíamos pedido al ministro que confíe en nosotros, me sorprende la decisión que ha adoptado sobre la exportación de maíz y trigo. Alguien lo está asesorando mal. El ministro no fue claro, confunde y pone de malhumor a algunos y tenemos mucha gente molesta con esta resolución. Ahora mantenemos la relación con mucha más cautela. Tenemos que buscar cómo seguir y tratar de recomponer sobre lo roto. Le pedimos al productor que confíe y tenga paciencia, porque estamos en un sector que sabe hacerse escuchar”.
Además, las cuatro cadenas de cultivos rechazaron cualquier intervención de los mercados. “La historia se repite y nos demuestra que en anteriores oportunidades las intervenciones no han servido para bajar los precios y la consecuencia ha sido el desaliento del productor, que responde disminuyendo el área de siembra y la tecnología aplicada”, señalaron en un comunicado.
Los presidentes de las entidades comentaron que para que haya un aumento de la producción, la condición necesaria para ello es la existencia de libertad de comercialización, y medidas como las impulsadas por la cartera agropecuaria “erosionan la confianza entre los eslabones de la cadena y conduce a que se retraigan las inversiones. Tenemos que pensar a largo plazo. Para ello se necesitan reglas claras y terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar. Sabemos que nos sobran recursos para hacer las dos cosas a la vez”, expresaron. También reafirmaron la vocación de dialogar con las autoridades para cumplir los objetivos mencionados.
Tras las medidas para la exportación de trigo y maíz, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, visitó el pasado pasado la Universidad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata desde donde convocó a “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de la Argentina”, y habló de trabajar “en un instituto de la Tierra para pensar juntos un plan estratégico, para una política pública, para debatir el modelo de gestión territorial de la Argentina, para consolidarla como un bien social que cuidemos entre todos y no como una mercancía donde es el mercado quien impone el modelo de desarrollo y gestión”.
Al respecto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, señaló a este medio que “esto es un nuevo modo de provocación por parte del Gobierno hacia el sector agropecuario. Está claro que necesita de herramientas de este tipo para mantener un escenario de conflicto. Por otro lado, lo más preocupante es que con la cantidad de ministerios que tiene el Gobierno sin que aparezca desde allí un proyecto de Gobierno lógico o políticas de Estado que demuestren realmente un horizonte claro, quieran generar otro Instituto que no tiene claridad en sus objetivos y en lo único que se deriva es en más malestar”.
El dirigente también mostró su preocupación por la existencia de dos posiciones que hay actualmente en el Gobierno, donde por un lado los funcionarios hablan de encontrar un rumbo conjunto con los diferentes sectores y ministerios para encausar el objetivo del capo, y por otro lado surgen medidas que son contrarias a lo que se expresa. “Yo le pido al Gobierno que se decida y que defina más claramente los objetivos planteados, ya que de esta manera es imposible trazar un camino de diálogo”, concluyó Chemes.