“Resulta de una gravedad institucional inaudita que quien tiene la responsabilidad de conducir la salud de 300.000 entrerrianos intente desviar el foco de su propia incapacidad administrativa señalando a los profesionales del derecho como responsables de la crisis del organismo”, expresó el Colegio.
Señaló que “el recurso de amparo no es una herramienta de hostigamiento, sino el único resguardo constitucional que le queda al afiliado cuando la OSER le da la espalda. Los abogados no creamos la necesidad de justicia; intervenimos cuando la obra social vulnera derechos fundamentales. Es la ineficiencia del organismo la que obliga a los ciudadanos a judicializar su salud para no morir en la espera de un medicamento o una cirugía”.
Apuntó además que “si el Sr. Gallegos desea conocer la verdadera situación de la OSER, solo debe consultar a cualquier afiliado o prestador. La realidad no se encuentra en sus conferencias de prensa, sino en el calvario de los jubilados o niños que no reciben cobertura en tiempo y forma, en las familias que ven negadas sus prestaciones básicas y en la falta de respuestas en cada delegación de la provincia”.
Más adelantó señaló: “Es imperativo recordarle al Ejecutivo de la obra social que es el Poder Judicial quien condena a la OSER. Cada sentencia desfavorable es un reproche directo de la Justicia a la arbitrariedad e ilegalidad con la que se maneja el organismo. Hablar de “huecos” o “grietas” legales es un insulto a la inteligencia de los entrerrianos: los jueces ordenan cumplir lo que la gestión de Gallegos decide incumplir”.
“No permitiremos que se responsabilice a los honorarios profesionales o a la labor de los abogados por el déficit financiero de una obra social que padece de una mala administración estructural hace años. Atacar a los abogados es atacar al estado de derecho y principalmente es ir contra el derecho de los ciudadanos a ser defendidos frente a los abusos del poder de turno”, cuestionó el Colegio.
Para finalizar, instó a las autoridades de la OSER “a cesar con la búsqueda de “chivos expiatorios” y a concentrar sus esfuerzos en garantizar que cada aporte de los trabajadores se traduzca en una prestación de salud digna y oportuna”. (APFDigital)