El anuncio sería inminente. El Gobierno dispondrá una baja de las retenciones a la soja de alrededor de tres puntos por 90 días. Además, dentro de las medidas para fomentar el ingreso de dólares del sector exportador se anunciará una baja definitiva de hasta cuatro puntos de los derechos de exportación de la carne bovina.
En el nuevo esquema la soja, que actualmente tributa una retención del 33 por ciento, pasaría al 30 por ciento durante los próximos 90 días y la carne bovina que hoy paga nueve por ciento pasaría al cinco por ciento de manera definitiva.
Con estas dos medidas el Gobierno busca darle una señal a la agroindustria en pos de incrementar el ingreso de divisas para engordar las alicaídas reservas del Bcra.
Según las estadísticas oficiales actualmente hay alrededor de 17,4 millones de toneladas de soja en los silos en manos de los productores, con una cotización de alrededor de 380 dólares por tonelada, el Gobierno quiere hacerse de unos 6.600 millones de dólares en divisas en lo que resta del año.
En paralelo también llegarían los muy demorados pagos de compensaciones a pequeños y medianos productores, establecidos en el Fondo de Compensación para el sector agrícola que prevé una devolución de derechos de exportación para explotaciones de menos de 1.000 toneladas de soja, que según cálculos oficiales serían unos 42.406 productores, equivalentes a un 74 por ciento del total.
Este sería el inicio de una batería de medidas que el Gobierno plantea para fomentar las exportaciones del campo. En una segunda etapa se prevé el lanzamiento de un plan estructural con beneficios fiscales e impositivos destinados a los productores agropecuarios.
Desde hace semanas el Gabinete económico conformado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, venía evaluando la posibilidad de implementar medidas extraordinarias para que el campo acelere la liquidación de divisas que viene mostrando una baja interanual de alrededor del 23%.
Esta semana el plan concreto para bajar las retenciones se puso sobre una mesa de negociación con las empresas agroexportadoras. Fue el propio Guzmán quien encabezó las negociaciones porque las firmas pedían una baja de al menos cinco puntos y una alícuota diferencial para aquellos productos con mayor valor agregado como harinas y aceites de soja.
El martes y luego de un extenso encuentro las partes no se pusieron de acuerdo y ahora el Gobierno avanzará con su plan inicial de una baja de tres puntos por 90 días y darles el visto bueno a los frigoríficos exportadores de una reducción de cuatro puntos.
En paralelo el equipo económico también se habría comprometido a abrir una segunda etapa de diálogo en la que convocará al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para consensuar una batería de medidas con la mirada puesta en el largo plazo para incrementar las exportaciones agroindustriales.
Entre las medidas que contempla este proyecto se incluye la posibilidad de que los productores descuenten de Ganancias un porcentaje de 120 por ciento de las facturas relacionadas a la compra de fertilizantes, y de 150 por ciento las que están relacionadas con seguros y semillas fiscalizadas. También se plantea un plan canje de maquinaria agrícola, vehículos e implementos, entre otros incentivos.
De ahora en más el interrogante que se abre es si las rebajas de los derechos de exportación que se anunciarían en breve serán suficientes para que los productores opten por vender la soja que conservan en sus silos y si esto realmente impactará positivamente en el ingreso de divisas a la economía argentina.
En este contexto, muchos son los analistas que remarcan que el Gobierno debería buscar una alternativa más atractiva con la mirada puesta a tentar al sector primario. En tanto las agroexportadoras remarcan como fundamental que se reimplementen definitivamente alícuotas diferenciales para favorecer las exportaciones de productos con mayor valor agregado de la cadena sojera. Las estadísticas dan cuenta de que la caída interanual de la molienda de la oleaginosa alcanza el 22 por ciento, lo que implica 2.500 millones de dólares menos de liquidación. En este marco las empresas de crushing ostentan una capacidad ociosa de alrededor del 50 por ciento.