La instancia es la previa a la elaboración de un proyecto que llegaría a la Legislatura antes de fin de año. Qué cambios se quieren discutir
El gobierno entrerriano se encamina a la elaboración de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal. La instancia tiene lugar luego de que el Poder Ejecutivo retirara el texto que estaba pendiente de tratamiento en la Legislatura, bajo el argumento de trabajar en una iniciativa superadora. Una resolución elaborada a inicios de agosto invitó a estamentos interesados en la temática a participar de una mesa que manifieste su opinión sobre una serie de puntos predeterminados, aunque se aclaró que ese temario puede ser ampliado o, en casos, desestimado llegado el caso.
En el documento, al cual accedió AHORA, se dejó constancia de la intención de debatir los cambios con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía, la Uader, la UNER, la UCA, la UNL y la UCU. Todos ellos ya designaron un miembro, que en pocos días elaborará una respuesta por escrito sobre las inquietudes que se les hicieron llegar en relación al Código, que no es modificado desde 2012.
El temario tentativo incluye 20 ítems, entre los que se destacan la posibilidad de que el Estado asuma el rol de querellante; la incorporación de la figura del “arrepentido”; la regulación de la etapa previa de una Investigación Penal Preparatoria; el agotamiento de los plazos investigativos y el “carácter imperativo” de una prisión en casos de doble conforme en condenas que ameriten cumplimiento en la cárcel. Este último punto, ampliamente debatido, tiene voces en contra y a favor.
Desde el gobierno se aclaró que los puntos propuestos son una guía sobre la cual debatir los cambios, pero que de ninguna manera hay una intención de que sean si o si incorporados. Por eso mismo evitaron sentar postura sobre ninguno, aunque sí se dejó entrever la necesidad de aggiornar la norma a los problemas que actualmente atraviesan los proceso judiciales. La intención es que se discuta lo más ampliamente posible entre septiembre y octubre, para elaborar un proyecto que ingrese a la Legislatura antes del 15 de diciembre, fecha de cierre de las Sesiones Ordinarias.