“Con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones de los entes reguladores y los aumentos del PEST correspondiente a energía eléctrica y del PIST en el gas”, dice la misiva a la que tuvo acceso el medio EconoJournal.
Si no se suspendían estas subas, los usuarios de un hogar N1 (altos ingresos) hubieran percibido un incremento del 77% en el precio mayorista de la energía. En tanto, en la boleta de gas implicaba, por ejemplo, que un usuario residencial del segmento 1 (altos ingresos) pasara de pagar en abril US$2,79 por millón de BTU a U$S4,49.
De acuerdo a lo que explicaron fuentes oficiales, se trata de una “suspensión del ajuste mensual que se iba a reflejar en los nuevos cuadros tarifarios que debían publicar el ENRE y el ENARGAS. Se busca así alivianar la carga sobre la clase media y priorizar el proceso de deflación”.
Con esta decisión, el Gobierno apela a mostrar que el índice de precios mantiene un proceso de desaceleración y que se acerca a cumplir su meta de un dígito. Así lo explicó el titular del Palacio de Hacienda a través de su cuenta de X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar con más gastos a la clase media, de momento”.
Según la información que trascendió, el Ejecutivo tiene previsto retomar los cronogramas para junio al indicar que los entes reguladores deben proceder “exclusivamente a la postergación en el mes de mayo de la aplicación de las actualizaciones dispuestas”. Es decir, que las subas impactarían recién en las facturas que llegarán en julio.
En febrero, Energía aplicó un aumento en el precio mayorista del servicio eléctrico y hubo subas en las tarifas de hasta un 120% para los sectores de mayores ingresos, uno de los componentes de la tarifa total que impactó solamente sobre usuarios residenciales que están catalogados como “Nivel 1 de la segmentación” y que renunciaron o no pidieron los subsidios a la energía. El sector alcanzado por los cambios definidos en la Resolución 7/2024 firmada por el secretario de Energía, representa aproximadamente a un 30% del total de los hogares.
Desde la cartera energética aseguran que esta medida “no pone en juego la sostenibilidad del sistema”. “Heredamos un sistema energético desinvertido, desfinanciado, al borde del colapso y con tarifas congeladas. En 5 meses, estamos haciendo una recomposición tarifaria histórica y achicando la brecha para que las tarifas reflejen el costo de suministro”, señalaron. (TN)