Entre los proyectos que el Gobierno planea enviar al Congreso en diciembre, la reforma laboral figura como una de las prioridades. Así lo señalaron fuentes oficiales, que reconocen preocupación por el impacto que tiene la “industria del juicio” sobre las pymes, en un contexto donde las indemnizaciones por despido pueden llegar a multiplicar por 10 o más el monto original reclamado.
Desde la Casa Rosada aseguran que están trabajando en nuevas iniciativas que podrían formar parte de una segunda etapa de reformas estructurales, en la que el oficialismo espera contar con mayor representación parlamentaria.
El año pasado, a través de la Ley Bases, se introdujeron algunos cambios: se promovió el empleo registrado, se creó una figura de trabajador independiente con colaboradores y se modificaron algunos aspectos de las indemnizaciones. Sin embargo, según fuentes empresarias y del propio oficialismo, estas medidas no lograron frenar el aumento de la litigiosidad.
Fallos y cifras que alertan al sector empresario
La preocupación se centra en la disparada de los montos judiciales. En muchos casos, los fallos incluyen intereses, actualizaciones y multas que elevan considerablemente las condenas. Uno de los ejemplos más citados es el caso “Oliva”, en el que la Corte Suprema intervino al considerar que una sentencia laboral fue desproporcionada: de un capital inicial de 2,1 millones de pesos se llegó a un monto final superior a los 165 millones de pesos.
En el mismo sentido, el caso “Lacuadra” también fue declarado inconstitucional por el Máximo Tribunal. Sin embargo, como estas sentencias no son vinculantes para los tribunales inferiores, muchos juzgados continúan dictando fallos que, según empresarios y abogados laboralistas, resultan “exorbitantes” y “arbitrarios”.
El abogado Julián De Diego expresó que “la CGT y las entidades empresarias coinciden en que los fallos laborales actuales pueden destruir empresas y puestos de trabajo”.
El abogado Carlos Cedro también apuntó contra la llamada “doctrina Recalde” en el fuero laboral, comparándola con lo que ocurre en la justicia penal con la “doctrina Zaffaroni”. Según Cedro, este enfoque obstaculiza cualquier intento de modernizar las normas laborales y desalienta la contratación formal, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
Datos preocupantes sobre juicios laborales
Un informe presentado por Marcelino Abdala ante la Comisión de Economías Regionales del Senado indica que la cantidad de litigios laborales viene creciendo de manera sostenida: en 2024 se alcanzaron 125.842 casos, un siete por ciento más que el año anterior. Para 2025, se proyecta que se superen las 132.000 demandas.
Se estima que más del 50 por ciento de las pymes enfrenta algún tipo de conflicto legal en materia laboral. Con alrededor de 400.000 pymes en el país, el informe advierte que, si sólo el 20 por ciento de ellas se viera obligada a cerrar por estas causas, se perderían unos 800.000 puestos de trabajo.