El Consejo Federal de Energía (CFE) que agrupa a ministros y secretarios provinciales del sector se reunirá hoy para analizar de qué manera va a ser distribuido el impacto de los incrementos en los servicios públicos y evaluar cuál será el destino de la tarifa social.
En medio de la polémica por el ajuste en las tarifas y tras la presentación de proyectos de la oposición en las dos cámaras del Congreso para bajar los costos de las facturas, el Ejecutivo negociará con los mandatarios provinciales para intentar repartir los costos que implican la tarifa social.
Según lo estipulado, la reunión, que fue convocada con carácter de “urgencia” por el secretario de Coordinación de Planeamiento Energético, Daniel Redondo; se llevará a cabo este lunes a las 14:30 en el Ministerio de Hacienda nacional.
Algunas provincias le solicitaron al Gobierno aplicar un recorte en la tarifa social, mientras que el Gobierno pretende postergar ese ajuste hasta julio, aunque para concretarlo, espera dividir los gastos, según trascendió .
La reunión fue convocada luego de que el Gobierno acordara con sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica mantener los fuertes aumentos dispuestos en las tarifas de gas, pero admitir un pago en cuotas que se hará efectivo en los tres bimestres de menor consumo.
“Vamos a esperar qué proponen pero las provincias no tenemos demasiado que aportar”, coinciden funcionarios de provincias de Cambiemos, peronistas y provinciales.
En Casa Rosada descartan la opción de dar marcha atrás con los aumentos, mencionan que el 30% de las boletas es carga tributaria y apuntan que las provincias deben aporta para mantener la tarifa social. Algunos datos: en la provincia de Buenos Aires, hay 1,6 millones con ese beneficio y en Santa Fe son unos 330 mil.
La tuerca del engranaje tarifario eléctrico donde pueden ajustar las provincias es impositivo.
Según un informe del Ministerio de Energía, la prestadora del sur de la provincia de Buenos Aires y la de Entre Ríos son las que tienen la mayor carga tributaria. Además, pagan Ingresos Brutos e IVA.
En Catamarca, Lucía Corpacci, hizo una campaña pública para explicar las subas de electricidad luego de un piquetazo de 10 días en un distrito del interior. En un spot detalla que la empresa de energía traslada al usuario el aumento nacional que ubica en 1000%.
Además de la reacción el mendocino Cornejo por la suba del gas -antes lo hizo Gustavo Valdes, correntino de Cambiemos, con luz- hubo más planteos. Juan Manuel Urtubey (Salta) consideró un sinsentido “fijar aumentos que nadie puede pagar”.
Miguel Lifschitz, socialista de Santa Fe, también pegó: “Estos aumentos de tarifas ponen a las familias y a las pymes en una situación límite. No hay visión ni entendimiento por parte del gobierno”, dijo en radio Con Vos. En Entre Ríos, Gustavo Bordet compartió su preocupación en una reunión con intendentes de Cambiemos y elevará una queja a Nación.
Juan Schiaretti guarda silencio pero el ministro de Economía Osvaldo Giordano tiene un informe donde estima en más de 60 mil millones de pesos anuales lo que destinó en 2016 la Nación a subsidios de servicios en el área metropolitana.
Desde una provincia del centro del país detallan que podría haber un “esfuerzo compartido” para evitar el próximo aumento pero para eso se requiere “la decisión política de Macri de resignar el factor fiscal”.
“El Gobierno hizo una escala tarifaria sobre un escenario de crecimiento de la economía que no se produjo, por eso lo razonable es que revise la curva de tarifas”, apuntó una fuente provincial.
En Santa Fe y Tucumán ponen el foco en otro segmento: el sector industrial, productivo y comercial donde las subas de luz y gas vuelven “insostenibles sectores de la economía”. (NA/Clarín)