El presidente Javier Milei decidió vetar anoche la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante la jornada por dos tercios del Senado. En un comunicado, el Gobierno calificó al proyecto como “irresponsable, ilegal e inconstitucional” y aseguró: “Será vetado”.
El mandatario se inclinó por el veto de la legislación, en resguardo del superávit fiscal. “No nos van a voltear el superávit fiscal”, escribió cerca de la medianoche en su cuenta de redes sociales.
La publicación fue acompañada por una imagen de Milei junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, además del diputado nacional José Luis Espert y un grupo de asesores en materia económica, entre los que se encuentra Damián Reidel y Miguel Boggiano.
Minutos después, la Oficina del Presidente publicó un comunicado adelantando que “el Presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy por el Congreso de la Nación”, el cual, según dijeron, “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.
“El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, prosiguieron desde la cuenta oficial del Gobierno. Y acusaron al Parlamento nacional de hacer “un acto de populismo demagógico”, sancionado “un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.
A continuación, denunciaron que si se entrara en vigencia la ley “implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”.
Respecto al gasto que insumiría su promulgación, el Gobierno afirmó que rondaría “un gasto adicional del 1,2 por ciento del PBI, o lo que es lo mismo, 25 por ciento del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.
Asimismo, consideraron como “paradójico” que la clase política “se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa”. Según indicaron, solo en el último año de gobierno del Frente de Todos los haberes jubilatorios “cayeron más del 30 por ciento acompañado de una suba sideral del gasto público”. En contrapartida, aseguraron que desde enero “las jubilaciones han aumentado un cinco por ciento en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”.
Fiel al estilo comunicacional del Gobierno de Milei, acusaron a la política de querer “forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.
Luego, calificaron al proyecto de movilidad jubilatoria sancionado por el Congreso “con la anuencia de todos los partidos políticos” como “una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”. Y adelantaron: “Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.
“Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno, Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, concluyeron en el comunicado.
Más temprano, desde el mandatario hasta el vocero presidencial, pasando por el ministro de Economía, Luis Caputo, anticiparon que se vetaría la ley: “El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”, señalaron este jueves.
La medida aprobada esta tarde con 61 votos afirmativos, ocho negativos y ninguna abstención, dispone un cambio en la fórmula y determina el pago de un ingreso extra de un 8,1 por ciento a los jubilados.