En la Argentina, el proyecto de Fortescue es el más ambicioso y con mayor desarrollo en la actualidad; hay varias inversiones millonarias a la espera de una ley
A casi un año de que la Argentina se comprometiera a producir hidrógeno verde, en el marco de la 26° Cumbre del Clima (COP26), el debate por el marco regulatorio de esta industria clave para cumplir con las metas de descarbonización continúa demorado. Mientras tanto, los tiempos comienzan a apremiar no solo para los inversores extranjeros, sino para los países interesados en importar esta fuente renovable, afectados por la crisis energética y la guerra en Ucrania.
El hidrógeno verde es considerado “el combustible del futuro” por el bajo impacto ambiental que tiene su proceso de producción, ya que para fabricarlo no se libera dióxido de carbono, sino vapor de agua. Esta fuente de energía es generada mediante electrólisis –proceso que separa los elementos de un compuesto, como el hidrógeno y el oxígeno, por medio de la electricidad– a partir de energías renovables como la eólica y la solar.
En ambos tipos, la Argentina tiene un gran potencial debido a los vientos de la Patagonia y el sol de la región del Noroeste, lo que despertó el interés de empresas extranjeras, que ya desembarcaron en el país.
Es el caso de la australiana Fortescue Future Industries, que en noviembre pasado anunció, en la COP26 celebrada en Glasgow, Escocia, una inversión por 8.400 millones de dólares para construir una planta de producción de hidrógeno verde en la zona de Sierra Grande, Río Negro; y de la compañía estadounidense Mmex Resources Corporation, que prevé invertir 500 millones de dólares para edificar un campo eólico y su respectiva planta en Río Grande, Tierra del Fuego.
Además, está en danza un tercer proyecto impulsado por la gobernación de Jujuy, en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a realizarse en base a energía solar, aunque en una etapa preliminar.
De los tres proyectos en marcha en la Argentina, el más ambicioso y con mayor desarrollo en la actualidad es el de la firma australiana, que se encuentra en etapa de “prefactibilidad”, a la espera de una legislación federal que regule esta industria incipiente en todo el mundo.
“En esta primera etapa, se están realizando todos los estudios específicos y necesarios para comenzar su desarrollo, que implican el análisis y estudio de tierras a los efectos de establecer la factibilidad de construir allí los parques eólicos, las líneas de transmisión y la planta e instalaciones portuarias”, aseguró el gerente regional de Gobierno y Comunidades para la Región Latinoamericana de la empresa Fortescue, Sebastián Delgui.
Y agregó: “Esto incluye el estudio de impacto ambiental y social, así como también análisis para la medición de vientos, que deben realizarse durante las cuatro estaciones del año para garantizar la obtención de datos precisos y con rigor científico. En el mientras, vamos avanzando en la optimización del proyecto final”.
Sin embargo, pese a que la etapa de “prefactibilidad” no requiere obligatoriamente de una ley en lo inmediato, Delgui destacó la importancia de avanzar en el tratamiento legislativo en el mediano plazo. “Previo a la decisión final de la inversión, será vital un marco regulatorio que otorgue lineamientos para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en el país y, a su vez, permita a Fortescue colaborar con las ambiciones de descarbonización de la Argentina, la región y el mundo”, expresó.
Consultado acerca de los aspectos que debiera considerar una Ley de Hidrógeno Verde, Delgui explicó que, debido a la escala del proyecto, también se requiere la financiación de organismos y bancos internacionales, por lo que debe haber incentivos. “Es necesario encontrar un mecanismo que asegure los pagos de los servicios de la deuda, los proveedores y los accionistas; asegurar la estabilidad fiscal y jurídica; garantizar la libre disponibilidad del producto para ser exportado al exterior, dado que los dólares provenientes de las exportaciones hacen a la viabilidad del proyecto y el repago de los compromisos contraídos y, por último, existir un marco impositivo que asegure la competitividad del proyecto a nivel regional”, puntualizó.
Por su parte, Juan Cruz Azarri, miembro del MHR Abogados, estudio especializado en temas de energía, infraestructura y tecnología, entre otros, coincidió en la importancia de que el marco regulatorio contemple un “programa promocional de desarrollo a largo plazo”. A su criterio, dicho programa debe consistir en beneficios fiscales a 50 años, como ser, amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y emisión de certificados fiscales por inversión nacional.
Consideró que “la ley debe sancionarse sobre la base de un régimen de estabilidad fiscal, que asegure que las reglas no van a cambiar mientras dure el proyecto” y que “se debe garantizar la estabilidad cambiaria”, porque “la industria del hidrógeno verde es impulsada por el mercado externo”. En este sentido, Azarri subrayó que una ley acorde a la industria no debería contemplar derechos a la exportación (retenciones), lo que desalentaría la inversión, ya que “no se trata de un proyecto extractivo, como la minería, sino industrial”.
El pedido rionegrino por la ley
Actualmente, hay dos proyectos de ley que procuran regular la industria del hidrógeno verde presentados en el Congreso, uno por la oposición, del diputado por la UCR, Gustavo Menna, y otro por el oficialismo, firmado por el senador del Frente de Todos, Martín Doñate. Ninguno ha prosperado hasta el momento. En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional todavía no presentó su propia iniciativa, tal como lo había anunciado el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias, en marzo pasado.
Pese a los recientes cambios en el Gabinete que involucran dependencias clave en el tema, como la actual Secretaría de Producción, ahora a cargo de José Ignacio de Mendiguren, y la Secretaría de Energía, de Flavia Royón, quien acaba de asumir una de las carteras más diputadas por la coalición gobernante, las autoridades provinciales de Río Negro confían en que la Ley de Hidrógeno Verde sea sancionada durante 2022.
“Tenemos expectativas de que antes de fin de año sea tratado el marco regulatorio de largo plazo para esta industria con tanto potencial en nuestra región”, aseguró la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Según prevé la mandataria, el proyecto generaría unos 15.000 puestos de trabajo directos y hasta 50.000 indirectos.
Cabe destacar que, en mayo pasado, Carreras había participado en la Asamblea y Exposición Global de Hidrógeno Verde, programada por la Organización GH2, y realizada en Barcelona, junto al presidente de Forestcue, Andrew Forrest, entre otros funcionarios y representantes de la empresa. Allí, Forrest reconoció la declaración de interés público provincial del proyecto que, además, establece los parámetros para el llamado a licitación pública para concesionar el uso de 625.000 hectáreas para la construcción de la planta, en la zona de Punta Colorada y la Meseta de Somuncurá. Sin embargo, se trata del primer paso para la formalización del proyecto, que requiere de una legislación federal para concretarse.
“Sin el marco regulatorio no se puede realizar el llamado a licitación pública porque los inversores necesitan saber las condiciones de producción y de exportación, así como también conocer si habrá incentivos y cuáles serían”, expresó la gobernadora. “Con incentivos, me refiero a límites impositivos para que no se superpongan con otras cargas, disponibilidad de dólares para el pago a los inversionistas y límites a las retenciones a las exportaciones (ya sea ninguna o alguna) para que todos se beneficien”, agregó. Y concluyó: “Si no hay condiciones claras, los inversores no van a venir”.
La mandataria confirmó que “a la brevedad” tomarán contacto con la secretaria Royón y las nuevas autoridades de Economía, con las que tienen “buen diálogo en tiempos de crisis” para “empezar a trabajar en conjunto”. “La Argentina tiene la oportunidad de insertarse, con la industria del hidrógeno verde, en un mundo atravesado por la crisis energética, por lo que rápidamente tenemos que ponernos de acuerdo”, dijo.
Mientras tanto, Forestecue continúa avanzando en la etapa de “prefactibilidad”, según lo confirmó el secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti, en línea con lo expresado por la firma australiana.
“Está programada la instalación de 17 mástiles de medición de vientos, que deberán estar emplazarse en los sitios seleccionados por un año completo. Se trata de mástiles de 110 metros de altura, que en el extremo superior tienen un anemómetro y distintos instrumentos que captan información y la envían a una computadora que procesa los datos. A la fecha, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático ha autorizado la instalación de seis mástiles en una primera zona, a posteriori de que mejoren las condiciones del invierno”, aseguró el funcionario.
El proyecto de Fortescue prevé, en su etapa final, una capacidad de producción de hidrógeno verde de 2,2 millones de toneladas anuales para exportación, lo que cubriría una producción energética equivalente al 10 por ciento de la electricidad consumida por Alemania en un año. Una vez concluida la etapa de “prefactibilidad”, la empresa procederá con la etapa piloto, que comenzaría una vez que haya un marco regulatorio y finalizaría en 2024, para luego proceder con otras dos etapas, que finalizarían en 2030.
Fuente: La Nación