El Gobierno nacional envió al Congreso tres capítulos del proyecto de reforma laboral que contarían con el visto bueno del sindicalismo en su parte principal, aunque también incluye, en un ítem secundario, una modificación en el cálculo de las indemnizaciones que había sido resistida en diciembre último.
En el Gobierno, también hay intenciones de volver a impulsar un fondo de desempleo sustentado con aporte de los trabajadores, indica el portal del diario La Nación.
El proyecto, en su parte principal, refiere al blanqueo de trabajadores informales, el establecimiento de sistemas de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo trata sobre el plan para regularizar empleados en situación de informalidad, en el que se incluye eximir del pago de multas a aquellos empresarios que blanqueen a sus trabajadores y el reconocimiento por parte del Estado de los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.
Asimismo, la iniciativa prevé reconocerle a los empleados informales el escalafón y la antigüedad.
El segundo punto apunta a la capacitación laboral continua, que pretende que las pasantías sean una modalidad de capacitación y también apuntará a reconvertir oficios que están cayendo en desuso.
La tercera iniciativa es la creación de la agencia de tecnología médica que buscará reducir el nivel de litigiosidad que existe en contra de las obras sociales sindicales.
No obstante, tras esos ítmes acordados con los gremios, en un capitulo secundario surgen propuestas que ya habían sido resistidas en diciembre pasado: el Gobierno propone excluir del cálculo indemnizatorio “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”, según informa el portal del diario La Nación.
Según explicaron voceros del Ministerio de Trabajo al mismo medio, la intención es “evitar discrecionalidad en el cálculo, en el que muchas veces se generan distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores” y explican que “ahora se establecen con claridad los alcances”.
Desde el Gobierno se impulsa, para sustituir la indemnización, la creación de un fondo de cese laboral, que debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad, con un aporte mensual por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos.
En diciembre pasado, el proyecto -que había sido enviado conjuntamente con la reforma previsional- fue trabado por el Bloque Justicialista del Senado, debido a la resistencia de un sector de la CGT.
Fue el dirigente camionero Pablo Moyano el que planteó la oposición más dura, al advertir que no permitirían “una nueva Banelco en el Senado”, en alusión al escándalo generado con la reforma que impulsó en el año 2000 el gobierno de la Alianza.
Ante ese cuestionamiento, la bancada de senadores que preside Miguel Pichetto -cuyo respaldo es fundamental para el oficialismo- decidió bloquear el tratamiento del proyecto hasta que existiera un consenso interno en la central gremial.