La Cámara Alta dio media sanción hoy al proyecto de Ley que aprueba la prórroga (hasta el 31 de diciembre de 2021) de la aplicación del Consenso Fiscal firmado en 2017. El acuerdo dilata, una vez más, las metas tributarias fijadas (sostiene la fuerte presión impositiva), y encorsetará el stock de deuda en moneda extranjera, registró AIM. También, no se podrían iniciar en el próximo año procesos judiciales.
La iniciativa del Ejecutivo ingresó la semana pasada al hemiciclo y fue aprobada hoy sin el apoyo de la oposición, que cuestionó duramente la presión impositiva del Estado y la falta de reglas claras para la producción. Con la prórroga, las bajas de alícuotas que se iban a realizar en 2019 se congelaron hasta el 31 de diciembre de 2021, “lo que garantizará evitar la pérdida de 4.500 millones de pesos, que dará estabilidad a la provincia”, aseguró el presidente del bloque oficialista, Armando Gay, quien destacó que la norma también fija que la provincia “se comprometió no aumentar el stock de deuda extranjera respecto de valores registrados”.
“Esto es la herramienta fundamental para lograr el equilibro fiscal y si no la tuviésemos las áreas sensibles del Estado se verán totalmente resentidas”, remarcó el senador por Concordia.
Precisamente, el proyecto “aprueba el nuevo Acuerdo Fiscal que fue suscripto entre el gobernador (Gustavo Bordet) y el presidente (Alberto Fernández) y tiene como objeto introducir modificaciones al Consenso Fiscal celebrado en 2017”, precisó Amilcar Genre Bert, quien encaró la defensa en el hemiciclo.
Las modificaciones “se dan en el marco de la emergencia pública que se vive en el país en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tributaria, energética y social”, dijo el senador, quien rememoró que en 2019 el Senado “trató un proyecto semejante en el que se concedía al gobierno provincial la posibilidad de diferir la reducción de algunas alícuotas del Consenso Fiscal original (2017), atento al escenario económico en el que se encontraba sumida la provincia”.
“Es importante tener en cuenta que cuando se celebró el Consenso Fiscal con el ex presidente Mauricio Macri, las expectativas que tenía el país y las proyecciones que realizaba el equipo económico de Cambiemos eran distintas a las que en la práctica se dieron en los años subsiguientes”, acentuó Genre Bert. Además, consideró que actualmente no están dadas las condiciones de posibilidad “para poder aplicar todas las medidas o consideraciones estipuladas en el Consenso Fiscal y corresponde diferir algunas definiciones establecidas en ese acuerdo”.
La oposición criticó la presión impositiva y la falta de reglas claras para la producción
Por su parte, el senador provincial por Federación, Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio), argumentó que su boque no acompañó la iniciativa “porque tiene una mirada claramente fiscalista en el marco de la emergencia pública dispuesta por la Ley 27451, es decir, concretamente, se prorrogarán, por un año, los compromisos a los que Entre Ríos (como otras provincias) tomó”.
En sus argumentos, el senador recordó el compromiso de Bordet para reducir la presión tributaria: “Retomando el concepto de acuerdo político, donde la implementación de lo pactado requería de medidas de ambas partes, es oportuno repasar que Entre Ríos debió sancionar dos Leyes vinculadas al consenso (Ley 10557, que establece la reducción impositiva que hoy se deja de lado y la 10687 que aprueba modificaciones) y Nación devolvió el 15 por ciento de coparticipación y financiamiento de las Cajas previsionales provinciales”.
“Nada puede poner en duda que nuestra estructura tributaria se destaca por su notoria presión impositiva y la concentración en el Estado Nacional que ahoga el desarrollo de las estructuras productivas provinciales. Solo miremos la composición de recursos tributarios de Entre Ríos donde el 70 por ciento proviene de la coparticipación nacional. Fue entonces y, con una clara política pública, tratar de revertir este contexto que inició a mediado 2016 y concluyó en la firma de consensos, la Ley de Responsabilidad Fiscal, destrabar los litigios, el principio de acuerdo para las cajas no transferidas y la restitución del 15 por ciento de la coparticipación, situación que permitió (después de muchos años) que Entre Ríos tenga superávit económico, financiero en 2018”, dijo el legislador.
En ese marco, Dal Molín destacó que no acuerdan con la política económica de los gobiernos (nacional y provincial) porque para Juntos por el Cambio lo que se debe hacer “es propiciar inversiones para superar el contexto actual”, mientras que las gestiones actuales aplicaron políticas públicas que complican a las Pymes.
“Cualquier decisión de inversión requiere de cierto horizonte estable de las condiciones de contexto y el Estado no debe ser artífice del cambio de las reglas del juego y esta reforma apunta a lo contrario: sostiene presión tributaria y modifica proyecciones que pudieron haber adoptado empresarios y comerciantes en sus decisiones de inversión”, remarcó.
Además, dijo que tienen reparos al concepto que hoy tiene el Gobierno de estimular la demanda para sostener el entramado productivo de las pymes inyectando, como única herramienta, dinero del Estado al mercado. “No lo descarto como medida paliativa – temporal – muy cortoplacista; pero debe ser incorporada en un programa de desarrollo de largo plazo aceptado y acatado por todos los sectores involucrados: empresarios, sindicatos, Estado. De no ser así se pasa de un círculo ‘virtuoso’ a uno ‘vicioso’ ya que genera inflación, requiere de mayor presión tributaria, desalienta inversiones, caída del Producto Bruto Interno y se estanca el mercado laboral y cae el salario”, aseveró.