La Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de emergencia alimentaria. Se anunció que el costo fiscal rondaría los 8.000 millones de pesos.
Este jueves será un nuevo día clave en el marco del debate por la emergencia alimentaria. En el Congreso de la Nación se tratará el proyecto de ley pactado por oficialismo y oposición. El debate comenzará en la Cámara de Diputados.
Esto se produce mientras en diversos puntos del país, como frente al Ministerio de Desarrollo de la Nación en Paraná, se reclaman acciones.
El proyecto de ley acordado previamente por todo el arco político se aprobaría en una sesión breve, para evitar complicaciones relativas a la campaña.
El acuerdo se produjo en una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el titular del Interbloque Cambiemos, Mario Negri; y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.
La sesión especial iniciará a las 11.30 y propondrá, en pocas palabras, la prórroga de la emergencia alimentaria dispuesta por el decreto 108/2002 del Ejecutivo Nacional.
Sobre la iniciativa
En sí, el proyecto contempla un aumento del 50 por ciento de los programas de ayuda social, teniendo en cuenta el contexto de crisis. Para la oposición, el país se encuentra en una etapa de emergencia alimentaria, algo a lo que respondió el gobierno acordando la ley.
Para evitar una mayor erogación económica por parte de Nación, se determinó reasignar partidas. El proyecto toma en cuenta la última inyección monetaria para la partida destinada a planes alimentarios ocurrida tras la devaluación posterior a las PASO. Es decir, se sumaron los 12 mil millones originales de la Ley de Presupuesto 2019, los 6 mil millones post-PASO y se estima que de esos 18 mil millones se subirá un 50 por ciento más: entre 8 y 10 mil millones de pesos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe respecto al impacto del proyecto de ley de emergencia alimentaria. En el mismo se habilita al Ejecutivo Nacional a tomar las decisiones administrativas que permitan abordar la medida. No obstante, se advierte: «Las reestructuraciones no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios sociales.
Con esto quieren decir que no podrán tocarse otras partidas ya asignadas a ayuda social. Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, deberán tomar las decisiones administrativas.
Los funcionarios de Nación tendrán que tener en cuenta que el FMI reclama que no se aumente el gasto público para depositar los 5.400 millones de dólares que restan del crédito.