Sin IFE ni ATP, el Gobierno prevé una caída real del gasto público del 10% en 2021 y ya hay controversia sobre cuál será la variable del ajuste fiscal.
El Gobierno envió una fuerte señal este jueves al darle media sanción al Presupuesto 2021, con una reducción del déficit fiscal del 8,5% al 4,5% del PBI. Este resultado se debe a que, mientras la economía se recuperará un 5,5% real y la recaudación un 9,7%, el gasto total disminuirá 10,4% contemplando el impacto de la inflación.
La caída de las erogaciones de la Administración Nacional se explica por la discontinuación prevista de la asistencia de emergencia (IFE y ATP) y un menor gasto social motivado por una caída real en las prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones) y las transferencias a provincias, que incluyen partidas extraordinarias por la pandemia.
Según el proyecto de Ley, el gasto total aumentará de $7.030.391 millones este año a $8.284.185 el período próximo, un incremento del 17,8% frente a una inflación oficial proyectada del 29% (y un promedio estimado por privados del 35%). Esto representa una caída real del 10,4% en 2021, en contraste con la suba del 0,06% en 2020 frente a un gasto de $4.531.077 millones en 2019.
En cambio, si la comparación se hiciera sin contar las asignaciones extraordinarias del presupuesto de este año, las erogaciones aumentarían un 3,8% real en el ejercicio siguiente. “Si lo comparás con gastos normales, no es un presupuesto de ajuste, aumenta el gasto primario y expandís la economía”, explicó el diputado del Frente de Todos Itai Hagman.
El legislador señaló que “el Presupuesto (2021) se armó sin contemplar ninguna partida a la pandemia porque nadie sabe cuánto va a durar”. “Si la pandemia continúa, habrá partidas extraordinarias”, aseguró. En ese caso, el Gobierno ampliaría la ley de leyes como lo hizo este año y efectuaría gastos discrecionales por fuera de lo previsto.
Por lo pronto, el proyecto oficial espera una caída real del 14,1% en el gasto corriente, contabilizando el efecto de la pandemia. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dentro de este rubro destacan las prestaciones sociales -el de mayor relevancia- con una disminución real de 16,5% impulsada principalmente por el capítulo otros programas sociales, donde se incluye el IFE y el ATP.
Asistencia.
Este rubro muestra una caída de 67,9% para 2021 por la ausencia en el Presupuesto de las partidas para el IFE de $10.000 otorgado durante tres meses a nueve millones de personas y el salario complementario del ATP asignado a 250.000 empresas con caída en su facturación, que ahora el Gobierno otorgará por séptima vez, con mayores restricciones.
Al interior de las prestaciones sociales, las jubilaciones y pensiones muestran para el próximo año una disminución de 0,6% (incluyendo en la comparación el bono a jubilados y pensionados otorgado por única vez durante la emergencia); las asignaciones familiares, 7,3%; las pensiones no contributivas, 6,7%; y las prestaciones del PAMI, 26,1%.
Para los subsidios económicos, en cambio, se prevé un crecimiento de 2,3% motorizado por los subsidios a la energía y el transporte. En el primer caso, el crecimiento será del 2,4% debido a las mayores transferencias a la Cammesa ($441.750 millones), que aumentarán un 3,9% para cubrir los costos del servicio eléctrico no abonados por los usuarios.
“Para 2021, se prevé que los usuarios cubran con la tarifa abonada el 43% de los costos mayoristas del sistema eléctrico”, señala el informe de la OPC. A su vez, los subsidios al transporte ($182.173 millones) tendrán una suba real del 1,3%. Mientras las transferencias con destinos al sistema de transporte automotor de pasajeros ($99.000 millones) subirán 6,9%, la asistencia financiera a los operadores ferroviarios ($81.988 millones) se reducirá 2,5%.
El último rubro de los gastos corrientes son los intereses de la deuda (1,5% del PBI) y exhiben una caída del 24,9%, explicada por el proceso de reestructuración de la deuda pública de Ley local y extranjera llevada a cabo este año. Eso sin contar que el Gobierno todavía debe negociar los compromisos con el FMI por u$s44.000 millones y no descarta pedir fondos adicionales.
Cruces por las cifras
Durante el debate en la Cámara baja, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto al señalar que “se trata de proyecciones prudentes y de ir consolidando ese modelo que el ministro Guzmán llama ‘ir tranquilizando la economía’, con un modelo de racionalidad que permita combinar el crecimiento económico con políticas que tiendan a la igualdad”.
A su turno, el diputado oficialista Marcelo Casaretto dijo que “este gobierno tiene un plan pero no tiene un presupuesto de ajuste y neoliberal como el que les gusta a los economistas que plantean una reforma impositiva para bajarle los impuestos a los más ricos, una reforma previsional para perjudicar a los jubilados o piden liberar los flujos de capitales”.
Los números de Martín Guzmán generan ruido en algunos sectores oficialistas, donde reclaman “una política de ingresos agresiva” para reactivar la economía.
“Una de esas medidas necesarias es incluir el financiamiento para mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), suprimiendo por ejemplo los subsidios a las empresas de energía”, sostuvo el diputado Juan Carlos Alderete.
Asimismo, planteó que “los subsidios al combustible o la minería podrían volcarse a la obra pública y a la promoción industrial de pequeñas y medianas empresas”.
La oposición, en tanto, disparó contra el Presupuesto por considerarlo la antesala de un fuerte recorte en el gasto social. Durante el debate en la Cámara baja, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, señaló que “es un presupuesto de ajuste a la medida de la negociación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
“Si comparamos el presupuesto 2021 con el de 2020 tenemos un ajuste en términos reales. Se ve una reducción en gastos primarios de más del 9%; en salud se pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia, y no vamos a responder al argumento de que está hecho pensando que no va a haber más pandemia porque a eso lo consideramos como un insulto al pueblo argentino”, agregó Del Caño.
Su compañera de banca, Romina del Pla, cuestionó además la “distorsión” del proyecto por estimar un dólar a $102 en diciembre de 2021. “Es para esconder la desvalorización de salarios y jubilaciones y todo el mundo está esperando cuál va a ser la magnitud de la devaluación, porque una parte ya vino luego de la fuga de capitales que no ha sido frenada por el Gobierno de los Fernández”, denunció.
Diferencias.
Por otra parte, el diputado radical, Alejandro Cacace, advirtió sobre un “ajuste en las jubilaciones” al estimar que el gasto en prestaciones de la seguridad social, que representa prácticamente la mitad de todo el gasto público, “en primer lugar está subestimado, ya que tiene previstos 40.000 millones de pesos menos de lo ejecutado esta año”.
“No alcanzaría siquiera a pagarse las jubilaciones de este año y si se quisiera dar un aumento en diciembre habría que ampliar la partida presupuestaria”, alertó. Y a continuación aseguró que “comparado con una inflación promedio que se presenta de 32%, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que lo que hay es una caída en términos reales de las jubilaciones”.
En cuanto a la emergencia, “pareciera que el 31 de diciembre terminará la pandemia y ya no hay esquemas de protección y gastos vinculados al Covid”. “Se pasó de hablar del ingreso básico universal a anunciar el fin del IFE y el desmantelamiento de todos los esquemas de protección total para 2021. Tampoco es realista el cálculo de los recursos. La recaudación según la propia Oficina de Presupuesto va a ser 400.000 millones de pesos menor a lo que estima el Ministerio de Economía”, añadió.
Fuente: Iprofesional.com/ Juan Manuel Barca