El Colegio de Abogados de Entre Ríos convoca a una asamblea extraordinaria para estudiar las acciones judiciales a seguir, ante la acordada del Superior Tribunal de Justicia del lunes, que modifica los honorarios a los abogados en los amparos.
Debido a la integración del Superior Tribunal con cinco miembros, a partir de la sanción de la ley 10.704, se han pronunciado fallos que desde la entidad que agrupa a los abogados entrerrianos consideran “contradictorios”, por ejemplo “en materia de orden público de los honorarios de los abogados”. A su vez, destacaron el hecho que en Entre Ríos tenga “plena vigencia la ley 10.377, sancionada en el año 2015, que establece que los aranceles y honorarios profesionales recobraron el carácter de orden público”.
Además, desde el Colegio de Abogados remarcaron la “facultad exclusiva e indelegable de la Legislatura provincial para dictar normas sobre aranceles y honorarios” y resaltaron que “el artículo 8º de la Constitución provincial, en una férrea defensa del federalismo, establece que las autoridades provinciales no pueden delegar facultades provinciales a la Nación (bajo apercibimiento de ser considerado causal de mal desempeño)”. Desde el organismo, remarcaron encontrarse ante un “gravísimo” conflicto de poderes.
El lunes, ante la emergencia, los abogados colegiados elevaron una nota al Superior Tribunal de Justicia, en la que se peticionaba por “el respeto al orden público” y “categóricamente” se denunciaba que el artículo 1255º del Código Civil y Comercial “ha sido tácitamente derogado por el Congreso de la Nación para las regulaciones judiciales de honorarios de los abogados”.
Este jueves, informaron que la entidad fue notificada formalmente sobre el acuerdo plenario Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia, “en el que se perfora el mínimo establecido por la ley, lo que llevó a la institución a declararse en estado de alerta”.