Cabe señalar que esta semana Fiscales de Estado y ministros de Economía de 15 provincias acordaron volver al máximo tribunal para pedir que intime al gobierno nacional a cumplir (bajo apercibimiento de sanciones) con la medida cautelar.
La decisión de la CSJN que falló a favor de la provincia “establecía que las consecuencias fiscales de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, N° 561 y 567, sean soportadas por el Estado nacional con sus propios recursos, sin afectar los recursos de coparticipación”, explicó el fiscal de Estado entrerriano Julio Rodríguez Signes.
Además, el funcionario resaltó que la decisión de la Corte, que se basó en la presentación de Entre Ríos, fue “en función del principio de integridad de la masa coparticipable que corresponde a las provincias”.
Sin embargo, “esa sentencia no establecía una suma determinada de dinero, sino una suma a determinar, y ahí encontramos las dificultades. Por eso el sentido del escrito que se presentó hoy consiste en precisar una cifra exigible al Estado nacional”, continuó.
Para calcular esa suma, la provincia se valió de “de dos trabajos técnicos, uno del propio Estado nacional que es la parte demandada”, que consta “en la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación” y que “establece o estima que el costo fiscal para las provincias es de 41.000 millones de pesos”.
“Si a ese monto le aplicamos el porcentaje que le corresponde a la provincia de Entre Ríos la cifra quedaría determinada en 2000 millones. Por otro lado hay un trabajo del ministerio de Economía de la provincia que arriba a similares resultados”, completó Rodríguez Signes.
“Además se consultó a la Comisión Federal de impuestos para que determine una forma práctica de hacerse de esa suma, lo cual también fue presentado a la Corte, esta mañana”, añadió el funcionario.
Por último, el Fiscal de Estado remarcó “que con el escrito presentado le estamos dando al Estado nacional el instrumento adecuado para ejecutar la medida cautelar y cumplirla”; y aclaró: “siempre con carácter provisorio, dado que se trata de una medida cautelar. La liquidación final se hará al concluir del juicio”.
El escrito además aporta una metodología sugerida por la Comisión Federal de Impuestos en su carácter de asesor de las provincias y órgano de aplicación de la Ley 23.548, de coparticipación nacional.
También plantea que se notifique a la AFIP, al entender que ese organismo es el que debe dar la información final y remitir, vía Banco Nación, la coparticipación adeudada.
Entre el 26 y el 28 de agosto accionaron contra los decretos de Macri Entre Ríos, Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Rosana Bertone), Catamarca, La Pampa (Carlos Verna), La Rioja (Sergio Casas), Salta (Juan Manuel Urtubey), San Luis (Alberto Rodríguez Saá), Santa Cruz (Alicia Kirchner), Tucumán (Juan Manzur), San Juan (Sergio Uñac), Chubut (Mariano Arcioni), Santiago del Estero, Santa Fe (Miguel Lifschitz) y Misiones (Hugo Passalacqua).