Los puestos de la administración pública deberán estar ocupados en al menos un 1%, por personas de ese colectivo.
A través del Decreto Nº659/2021 publicado en el Boletín Oficial, se reglamentó la Ley N° 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, votada en junio por el Congreso Nacional. El Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a las personas de ese colectivo.
La norma lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Será el Ministerio conducido por esta funcionaria el encargado de la aplicación de esta medida y “quedará facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para su efectiva implementación”.
Detalles de la Ley
Se establece en el texto que se “debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”, y se aclara que el Estado está comprendido por los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, y las empresas y sociedades que le pertenecen.
Reconoce que “las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones, lo que redunda en dificultades para el efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna”.
Promueve además la necesidad de que la ley se aplique a nivel federal ”a efectos de eliminar barreras geográficas». Añaden que “se prevén incentivos” para las empresas del sector privado que adopten esta iniciativa como prioridad en las contrataciones estatales «a aquellas personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan, entre su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero.
También promocionará “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos llevados adelante por personas del colectivo, así como también, su asesoramiento y capacitación para acceder a este beneficio”.