Dos lotes de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes, comercializados por el laboratorio HLB Pharma, provocaron al menos 68 muertes y 19 infecciones en pacientes internados en terapias intensivas de hospitales de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Caba. A cuatro meses del retiro del producto, la causa judicial aún no tiene imputados y crecen las protestas de los familiares.
El fentanilo, un opioide sintético utilizado como anestésico y analgésico, fue distribuido en una veintena de centros de salud. Las muestras contaminadas contenían las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, halladas en ampollas administradas a los pacientes.
La causa, bajo jurisdicción del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, avanza sobre un entramado societario que involucra al menos nueve firmas vinculadas a HLB Pharma Group y a su principal titular, Ariel García Furfaro. El juez Ernesto Kreplak ordenó 22 allanamientos, inhibición de bienes y prohibición de salida del país para los investigados.
El rol del Estado y del sistema de control sanitario también quedó en la mira. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) había sido advertida sobre la presencia de bacterias en medicamentos del mismo laboratorio, sin adoptar medidas preventivas eficaces. La infectóloga Florencia Prieto, de Entre Ríos, había reportado casos similares con ampollas de dexametasona.
Recién en febrero de 2025, Anmat suspendió la producción de HLB Pharma por “deficiencias graves en el sistema de calidad”. Sin embargo, los lotes de fentanilo ya estaban en circulación. Tras la tragedia, el organismo prohibió la distribución y comercialización de todos los productos de la firma.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación se señaló que se colaboró con la Anmat en las investigaciones y se reforzaron los controles de trazabilidad de medicamentos inyectables. No obstante, familiares de las víctimas reclaman mayor responsabilidad estatal y respuestas más contundentes.
“Nuestros seres queridos no son estadísticas”, repiten en cada marcha. Mientras tanto, las respuestas judiciales siguen demoradas y la salud pública enfrenta una de sus crisis más graves por negligencia farmacéutica.