“Tengo instrucciones del gobernador de ser muy serios con esta temática que además es muy compleja. Por eso vamos a reunirnos con los organismos técnicos que intervienen en esta materia, así como también con las entidades que nuclean a los productores agropecuarios y las organizaciones ambientales”, precisó Rodríguez Signes.
El funcionario, quien lleva adelante la representación legal de la provincia, explicó que “el amparo es un procedimiento excepcional muy breve, donde las posibilidades de probar los hechos que se invocan en la demanda y la contestación son prácticamente nulos”.
Además, “la decisión del juez involucra decisiones de tipo administrativas” por lo que “consideramos que hay una intromisión del poder judicial”, expresó en referencia a las distancias establecidas por el juez para las fumigaciones y el plazo de dos años para crear barreras vegetales. En ese marco sostuvo que su función tiene que ver con “que haya límites entre lo que es la función judicial y lo que es la función administrativa”.
En ese sentido, expresó que “la apelación responde a un principio por el cual no podemos dejar firma una sentencia de primera instancia en un tema tan sensible” y por lo tanto “ponemos el tema a consideración del máximo tribunal que hay en la materia, que es la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia”.
“Esto no significa que estemos en contra de la protección ambiental” remarcó Rodríguez Signes. “Pero como está planteada la sentencia genera más problemas que soluciones”, agregó tras anunciar que recibirá a todas las partes involucradas este jueves para analizar las medidas.
El Fiscal de Estado recordó que la provincia tiene hasta el viernes por la mañana para presentar la “expresión de agravio” y trajo a colación también la “gran preocupación de los productores agropecuarios”.
“No queremos que este tema se traduzca en que la provincia está en contra de la protección ambiental. El asunto es cómo lo hacemos de una forma racional. Si los jueces van a decidir por la administración pública, se complica. Entendemos que no es la función judicial, ni que esta sea la forma de decidirlo porque la acción de amparo es muy breve en cuanto al trámite. Son días corridos”, subrayó.