Los diputados analizaron en comisión el proyecto de ley que propone el aporte solidario y extraordinario para paliar los efectos negativos por la pandemia de coronavirus. Se presentó el informe de estimaciones realizado por el Afip y se anunciaron nuevos cambios en el documento. El gravamen sobre los inmuebles rurales fue uno de los puntos de debate y la oposición solicitó se eximan. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista Carlos Heller, emitiría dictamen el viernes.
Este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados retomó el debate del proyecto de ley sobre el impuesto a la riqueza. Si bien estaba prevista la presencia de la titular del Afip, Mercedes Marcó del Pont no acudió a la reunión para el intercambio con los legisladores y enviaron por escrito un informe en el que se contemplaron estimaciones sobre el alcance y los montos del impuesto. También se acordaron nuevas modificaciones al articulado.
Para comenzar, Carlos Heller (FDT-Buenos Aires), explicó que aún no se había enviado la última versión del proyecto ya que se estaban “ajustando detalles” y que se reunirían nuevamente el viernes para dictaminar ese mismo día.
A continuación, detalló el documento enviado por la Afip sobre estimaciones cuantitativas sobre el proyecto. Los datos más relevantes:
El universo de los potenciales contribuyentes se basó en la información disponible en la declaración de bienes personales; pero se destaca que hay una gran cantidad de contribuyentes que aún no presentaron, en tiempo y forma, sus declaraciones.
Para incluir a quienes aún no presentaron sus declaraciones, el Afip hizo una estimación basada en una actualización del patrimonio declarado en años anteriores.
De los datos disponibles, y teniendo en cuenta los datos técnicos del proyecto, serían alcanzados el 0.8 por ciento de quienes presentaron sus declaraciones. Es decir, un 0.02 por ciento de la población argentina total.
Cada persona potencialmente alcanzada realizaría un aporte de 33 millones de pesos, pero esta distribución no es homogénea, varía en función de la escala que lo afecte.
Se destaca que únicamente 253 personas declararon más de tres mil millones de pesos, por lo que aportarían, promedio, 600 millones de pesos. Es decir que estas personas realizarían el 50 por ciento del aporte total.
Por otro lado, declararon más de 1000 millones de pesos 625 individuos, y serían ellos quienes aporten seis de cada 10 pesos recaudados por el impuesto.
La recaudación potencial implicaría uno por ciento del PBI, teniendo en cuenta las proyecciones macroeconómicas incluidas en el presupuesto 2021.
Los cambios propuestos
A continuación, el presidente de la comisión mencionó las modificaciones que se estaban considerando.
Se agregaría la palabra “obligatoria” para zanjar la voluntariedad o no del aporte (artículo uno).
Se modificaría la retroactividad propuesta y se propondría que se considere el patrimonio “a la fecha de entrada en vigor de la ley”.
“Las tenencias de moneda extranjera en el exterior y el importe generado como resultado de la realización de activos financieros que representen como mínimo el 30 del valor total de los bienes situados en exterior, una vez efectuada la repatriación los fondos deberán permanecer hasta 31 de diciembre del 2021 en una cuenta abierta a nombre de su titular en las entidades comprendidas en ley 21.526 y sus modificaciones o afectados una vez efectuado el depósito en destino q establezca el Poder Ejecutivo Nacional (artículo seis).
«Cuando variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley hicieran presumir salvo proba contrario una operación destinada a ludir el pago, la Afip podrá disponer q aquello se compute a los efectos de su determinación» (artículo nueve).
“Alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas, residentes en país por sus bienes comprendidos y valuados de acuerdo a los términos en art. seis de ley 23.966 sobre impuesto a los bienes personales y sus modificatorias. Independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin reducción de mínimo no imponible alguno a la fecha de entrada en vigencia de la ley.
En cuanto al planteamiento sobre si alcanzará personas no residentes, pero con bienes en el país cuya propiedad se ejerce a través de personas jurídicas, se está evaluando “para hacerlo lo menos arbitrario posible”.
El alcance sobre los inmuebles rurales: el debate en comisión
El primero en encabezar la lista fue Alejandro Cacace (UCR-San Luis) quien se refirió al destino de lo recaudado: “es un impuesto para mitigar los efectos de la pandemia, pero tiene asignaciones especificas -que por mas que sean nobles- no cumplen con criterios coparticipables”.
Por su parte, su compañero radical Luis Pastori (UCR-Misiones) enfatizó que el tema de fondo no queda resuelto porque pese a las modificaciones, “aún no lo llaman como corresponde: impuesto”. Sobre el alcance a quienes viven en el exterior, pero tienen bienes en la Argentina, pidió esclarecerlo.
También se refirió a los inmuebles rurales que no figuran en bienes personales por lo que no se entiende cómo se los va a valuar y destacó que sería peligroso dejarlo en manos del Afip, como propone el documento, además de inconstitucional. A lo que el presidente de la comisión le respondió que los inmuebles rurales si están incluido en las declaraciones juradas.
A su turno, Ariel Rauschenberger (FDT-La Pampa) se refirió al alcance del proyecto sobre los inmuebles rurales y señaló que “el proyecto no tiene exención” y aclaró que con los inmuebles rurales sucede lo mismo que con los inmuebles urbanos ante bienes personales: “los inmuebles urbanos están valuados a partir de 18 millones de pesos, pero eso no quita que no deba manifestarse en la declaración jurada cuánto vale el inmueble”, en base al valor de 2017 o valor de compra.
A continuación, el pampeano aclaró que, del mismo modo, debe exteriorizarse el dato sobre los inmuebles rurales, y que la Afip contempló en su estimación. “El artículo 9 no habla de valuación”, apuntó.
Para terminar, señaló que las valuaciones fiscales en las provincias son muy bajas -en comparación al precio del mercado- y afirmó “No creo que ninguna Pyme de La Pampa o Buenos Aires pueda llegue a estar alcanzada por este impuesto”.
A su turno, Pablo Torello (PRO-Buenos Aires) sentenció: “El proyecto está mal desde que no lo quieren llamar por su verdadero nombre: es un impuesto” y apuntó también a que el proyecto es impulsado por el jefe de bloque del Frente de Todos, “que no se lo puede vincular a la inversión” y de “alguien que no paga ganancias, porque el sector cooperativo no paga”.
Torello se refirió especialmente sobre la situación de las pymes agropecuarias, que, a pesar de que el oficialismo insiste en que no se van a ver alcanzadas, no será así. A modo de ejemplo, el diputado comentó el caso de un contratista con 100 hectáreas, que le preocupa la inversión que realizó en cuatro cosechadoras -aproximadamente con un valor de 650 mil dólares cada una-, sumado a los tractores, casillas y tanques. “Todo vale un millón de dólares y ese hombre va a pagar y eso creo que es desconocimiento de lo que es la actividad productiva”.
Para enfatizar, se refirió a la alta presión impositiva del sector, sumado a los Derechos de Exportación que “atentan contra el interior porque lo que hace es que no haya trabajo en el interior, que genera pobreza y migración para el Amba”.
Para terminar, propuso mantener la exención sobre los inmuebles rurales y subir la base imponible de 200millones a 600 millones.
Heller adelantó que el viernes próximo se avanzará con una nueva reunión de la comisión para darle cierre al tema y finalmente poder emitir dictamen para la creación del aporte especial.
Con información de Fundación Barbechando.