En 2021, la pobreza se redujo con relación al año pasado –temporada marcada a fuego por la crisis económica que provocaron las cuarentenas oficiales para frenar al coronavirus–, pero todavía sigue siendo más elevada que la que se registraba en 2019, antes de la pandemia. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA), la pobreza bajó de 44,7% en 2020 a 43,8% en el tercer trimestre de este año.
El gobierno de Mauricio Macri había terminado en 39,8%, según los mismos registros del ODSA. La cantidad de pobres en el país –si se extrapola ese 43,8% a la actual población urbana– llegó este año a los 18,4 millones de habitantes, según especificaron.
La indigencia también reflejó una mejora de un punto en los últimos doce meses –pasó de 9,8% a 8,8%- durante el año posterior a lo peor de la pandemia de coronavirus y llegó prácticamente a niveles similares a los que mostraba 2019. Entonces afectaba a un 8,4% de la población.
La información oficial sobre la pobreza e indigencia producida por el Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec se publicará el 30 de marzo de 2022. El último dato del organismo estadístico, del primer semestre de este año, indicaba que la pobreza llegaba al 40,6%, mientras que la indigencia –para ese mismo período– era de 10,7%. Los números de la UCA suelen mostrar una tendencia similar en el tiempo a los del Indec, pero –en los últimos años– mostraron una variación porcentual más elevada. Para evitar controversias, en esa casa de estudios volvieron a destacar que los números oficiales son los que divulga el organismo estadístico y que el ODSA busca solamente complementar ese diagnóstico.
Pese a la mejora registrada para la mayoría de la población, el grupo de edad de 0 a 17 años reflejó un empeoramiento de su situación. El porcentaje de chicos pobres pasó de 64,6% a 64,9%, según indicó la universidad con una importante ascendencia del Papa Francisco. La cantidad de niños indigentes –entre 2020 y 2021– pasó de 15,7% a 14,7%.
“La pobreza concentra sus efectos en la población localizada en hogares conducidos por personas vinculadas a segmentos de trabajadores marginales (72,9%) e integrados (53,8%), y en el conurbano bonaerense (51,5%)”, indicó el informe de la UCA que se presentó en público hoy por la tarde en un seminario en el que sumaron las visiones del politólogo Eduardo Fidanza y el economista Martín Rapetti.
“Si bien estos segmentos evidencian una leve recuperación luego de 2020 –de fuertes restricciones de circulación por la emergencia sanitaria– no se registran cambios significativos en las desigualdades estructurales existentes al interior de la estructura socio-económica y socio laboral”, concluyeron los especialistas en el documento coordinado por el sociólogo Agustín Salvia.
Además de sus índices por ingresos, la ODSA también presentó sus indicadores sobre carencias de derechos (alimentación y salud; vivienda digna; accesos educativos; acceso a servicios básicos; acceso a un medio ambiente saludable, y empleo y seguridad social). Con relación a 2020, pero también a 2019, bajaron las carencias ligadas a la alimentación (32,2%; en 2019; 32,5%, en 2020; y 30,7%, en 2021), y en servicios básicos (de 33,5%, a 34,1% y 32,6% respectivamente). Sin embargo, empeoró el acceso educativo (12,5%, a 13,5% y hoy 13,9%) y la carencia vinculada al empleo y la seguridad social (pasó de 33%, a 35,2% en la pandemia, para llegar actualmente al 36,6% de personas). El mal dato sobre la educación fue vinculado desde la UCA directamente al cierre de escuelas durante las cuarentenas oficiales.
En ese sentido, si la pobreza por ingresos fue a fines de este año de 43,3%, la población que sufrió al menos una carencia de uno de los derechos mencionados previamente fue de 66,40%; de dos carencias, 44,80%; y de una, 30,60%. La pobreza multidimensional –pobreza por ingresos y al menos una carencia– pasó entre 2020 y 2021 de 41% al 39%, pero todavía se mostraba por arriba de lo registrado en 2019 (37,5%). En tanto, la pobreza estructural (pobreza por ingresos y tres o más carencias de derechos) pasó de 27% a 23% entre el año pasado, pero sigue arriba de 2019 (21%).
Impacto de los precios
“La inseguridad alimentaria severa había experimentado un fuerte incremento en 2020. En el marco de una tendencia ascendente, las fuertes restricciones experimentadas por los hogares de estratos más bajos explicaron en aquel momento el incremento en el déficit en la dimensión alimentación y salud”, dijeron los expertos de la UCA en sus conclusiones. Luego completaron: “Si bien en 2021 tuvo lugar una mejora relativa, los niveles de privación siguen siendo elevados en un contexto en el que a pesar de las mejoras producto de la reactivación de distintas actividades económicas y del incremento de los niveles de asistencia, el deterioro de los ingresos de los hogares como consecuencia de la aceleración de la inflación constituye un elemento central en el diagnóstico. En ese sentido, cerca del 10% de la población vivía en hogares en lo que pasaron situaciones de hambre por no poder acceder a alimentos”.
Según la UCA, los programas sociales jugaron un papel muy importante. Si bien la transferencia de ingresos y la asistencia alimentaria directa bajaron con relación a un año atrás (fundamentalmente ya no existe más el Ingreso Familiar de Emergencia), se mantienen por encima de 2019 (el 44,7% de la población accede a esos programas). Si hoy no existieran estos programas, según el ODSA, la indigencia sería diez puntos más alta (18,8%). Si los mismos no hubieran estado presentes durante las cuarentenas más estrictas de 2020, la pobreza extrema hubiera sido de 27,7%. (La Nación)