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Ingresó a Diputados el nuevo proyecto de ley del Colegio de Abogados

En el Día de la Abogacía, el gobierno provincial hizo entrega al Colegio de Abogados de Entre Ríos, del proyecto de ley ingresado en la legislatura, que regula la organización de la entidad.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos, que pasaría a llamarse “Colegio de Abogacía”, adquirirá así un nombre inclusivo desde la perspectiva de género. Además, este organismo, se reconfigurará contemplando todos los avances en materia de derechos y garantías constitucionalizados, así como en obligaciones de los colegiados para con la sociedad en la República Argentina y, en especial, en la Provincia de Entre Ríos.

“El Colegio siempre ha sido defensor de las instituciones democráticas y el mensaje que envía el Gobernador a la legislatura tiene que ver con eso, con destacar la labor de la Abogacía que precisamente defiende el Sistema Democrático de nuestra Provincia”, subrayó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, quien hizo entrega del Proyecto al presidente del Colegio, Alejandro Canavesio, durante un acto, conmemorando el día, realizado en la Plaza Mansilla.

El proyecto, elevado a partir de una iniciativa del Colegio en 2018, significa un gran avance para la colegiatura, que tienen hoy vigente un decreto- ley de 1956, emanada de un gobierno de facto. Fue analizado por el Poder Ejecutivo y enriquecido con aportes de distintos organismos del Estado.

“Retomamos esta tarea pendiente. Había que mejorar nuestra ley organizativa en lo que respecta a la democratización de la República y la inclusión de todos los abogados de la Provincia. Por eso se toma muy en cuenta la participación federal y la integración de las minorías, que son necesarias para que las decisiones que se tomen sean más democráticas”, señaló Canavesio, resaltando que “los órganos que van a componer el nuevo Colegio, contribuyen a la institucionalización y por eso consideramos que tendremos una muy buena ley”.

Cabe señalar que una tarea fundamental del “Colegio de Abogacía”, es ejercer activamente el control de la matrícula y las normas éticas en el ejercicio profesional, sancionando a quienes no se ajustan a las buenas prácticas que tiene que tener el letrado en derecho. Asimismo, brinda la tarea permanente de capacitación a los profesionales.

(Prensa Ministerio de Gobierno)

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