La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo, y en un solo procedimiento, la Dirección General Impositiva (DGI) secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana.
Según informó la AFIP a través de un comunicado, la empresa identificada pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.
Las 8.100 toneladas decomisadas por la DGI-AFIP equivalen a unos 300 camiones, y el valor de mercado del maíz decomisado supera los $ 160 millones, de acuerdo a los precios de plaza vigentes.
Asimismo, la evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los $ 65 millones.
La investigación comenzó tres meses atrás cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta.
La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz.
La fiscalización fue sobre inconsistencias en el origen del maíz, y por ese motivo, las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana.
La pesquisa permitió detectar productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa.
También se identificaron productores, que habían sido inscriptos recientemente en los registros, que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada.
Asimismo, se constató la adulteración en algunas de cartas de porte utilizadas, que son la documentación obligatoria para transportar granos dentro del país, y que al momento del operativo eran en formato papel.
Ahora esa documentación fue digitalizada para, entre otras mejoras, dificultar este tipo de maniobras.
A partir de la verificación y el control de la documentación que realizaron los agentes de la DGI-AFIP procedieron a la interdicción de las más de 8.100 toneladas de maíz, que se concretó en galpones de un depósito fiscal en el puerto de Campana.
A comienzos de esta semana se resolvió el decomiso del total, y ahora se espera la decisión judicial para avanzar en disponer la mercadería para hacer la liquidación a través de una subasta.
El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social.