La Argentina pospandemia: el desafío de un crecimiento que sea sostenible

El trabajo al que se hace mención se llama “Pensar la Argentina más allá de la pandemia” y sus autores son Alicia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA; Federico Cuba, docente de Economía Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA; Ernesto O’Connor, director de la maestría en Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, y Andrés Roberts, director de la Licenciatura de Ciencias Económicas de la UCA. “La pandemia toma a la Argentina en una posición económica vulnerable y la agravará. Por ello, urge pensar en una estrategia de salida, pero sin perder de vista que el problema no se reduce a los efectos del Covid-19, porque acá debe revertirse una situación estructural de larga data y múltiples aristas”, dice Caballero.

Por tomar un solo indicador de los que se desgranan en el trabajo, Cuba explica que la caída anual del producto bruto interno (PBI), que a principios de 2020 se estimaba que sería de 1,6%, ahora será, según sus cálculos, de 9,8%. “Pero, además de esta coyuntura puntual, el país ya arrastra desde hace 60 años oscilaciones preocupantes en la evolución de su PBI, algo que requiere la instrumentación de soluciones que corrijan eso en el largo plazo”, opina el docente.

Otro tema que se aborda de modo exhaustivo en el análisis es el del empleo, que, al igual que el PBI, quedará muy afectado por la cuarentena, que impide el normal funcionamiento de la mayoría de las actividades. Otra vez, como bien explica O’Connor, el coronavirus empeorará el escenario. Pero aquí ya había un problema de fondo con el empleo y se debe hacer algo con eso que también sea de fondo. “Hay 20,5 millones de ocupados, pero ocho millones de informales, algo que se vio muy claro cuando se empezó a habilitar el ingreso familiar de emergencia (IFE); eso no habla bien de la salud de nuestro mercado laboral”, afirma.

Pero, como se dijo, el estudio aporta ideas para un “despegue”. En ese sentido, Roberts enfatiza que, para eso, debe haber un consenso social, que luego se traduzca en políticas y que, finalmente, tenga su efecto favorable en lo económico.

Claro que ese consenso, según advierte Roberts, debe ser de largo plazo. Y cada uno debe sentirse parte y estar dispuesto a ceder y a hacer sacrificios. “Recién a partir de esa condición puede empezar a trazarse un futuro diferente de lo que experimentamos en las últimas décadas”, comenta el académico.

Para llegar a la etapa de soluciones hay que pasar primero por conocer bien el problema. Los especialistas de la UCA apelan al “diagnóstico por imágenes” para describir el estado de salud en que estaba la economía argentina cuando irrumpió el coronavirus. “El gráfico de las variaciones de nuestro PBI desde 1961 en adelante evidencia que fuimos alcanzados por el virus cuando la situación de base de nuestra economía era definitivamente frágil. Y hablar de economía implica hablar de sociedad, de familias, de personas”, se explica.

La Argentina oscila entre crecimientos de su PBI que alcanzaron un 11% anual y caídas del 12% en el período mencionado, que resultan en un nulo crecimiento de largo plazo. “Además, la altísima volatilidad explica, y a la vez es el resultado de problemas estructurales como la falta de previsibilidad, el bajo ahorro interno y los escasísimos niveles de inversión interna y extranjera directa, que determinan un sistema productivo heterogéneo y crecientes niveles de pobreza”, se expresa en el estudio.

“¿Por qué ir 60 años atrás?”, se pregunta Caballero. “Para evitar las discusiones políticas, las culpas atribuidas a unos y otros y los análisis parciales. Para evidenciar cuán extenso y profundo ha sido nuestro deterioro económico y social y cuánto necesitamos acordar un proyecto de nación que permita revertir el rumbo de las variables económicas. Esta es una condición quizás no suficiente, pero sí necesaria (incluso imprescindible), para eliminar la indigencia, reducir la pobreza y mejorar la vida de la población”, se responde.

Cuba fue el encargado del capítulo referido a la evolución, actualidad y proyección de la actividad económica. “Planteamos un escenario base, que es la continuación de la tendencia que traía la actividad económica en enero de 2020, y un segundo escenario en el que modelizamos el impacto que van a tener las medidas tomadas a raíz de la pandemia. Con eso, nos arrojó en el primer caso una caída de 1,6% del PBI en el año y en el segundo caso una caída de 9,8%”, señala.

Uno de los puntos que se tuvieron en cuenta en el análisis para proyectar el PBI de 2020 es que no hay una linealidad en los efectos que tiene la cuarentena sobre la actividad económica: cada semana adicional de aislamiento potencia la caída de la economía. “Por ejemplo, un paro de trabajadores tiene un determinado impacto económico, pero al ser de solo un día, ese impacto luego se compensa. Pero si se cambia ese día de paro y se anuncia que la medida será de un mes, ya algunos trabajadores dejan de cobrar, hay ventas de servicios mensuales que no se concretan, producción que no se realiza y no se compensa, consumo de stocks, etcétera… y la cosa ya empieza a cambiar, con una pérdida mayor que la que surgiría de multiplicar simplemente el efecto de un día de paro por los días que dure la cuarentena”, indica Cuba.

En este contexto, si se agrega otro mes al cese de actividades, ya directamente se terminan las reservas de liquidez de las empresas, las cadenas de pago de las compañías y las familias se cortan, y así sucesivamente van apareciendo nuevos efectos, que cada vez hacen más difícil solucionar la crisis ocasionada. “Esto de la no linealidad tiene que ver con la forma de recuperación de la actividad económica, si va a ser en V, en U o en L”, concluye Cuba.

Caballero insiste en que, a la hora de buscar soluciones a esta problemática que el país trae de arrastre y que se agrava ahora por un elemento inesperado, la disyuntiva “salud o economía” abre una nueva grieta, totalmente inconducente. “Así como necesitamos del campo y de la industria, de los bienes y los servicios, del sector privado y del público, necesitamos de la economía y de la salud. Analicemos los problemas interdisciplinariamente y encontraremos soluciones superadoras a las que conocemos”, propone la decana.

Y, justamente, soluciones superadoras son las que hay que encontrar para el drama del empleo en el país, que está fuertemente afectado por la informalidad y la precariedad. “Hay una gran parte del empleo, la parte informal, que no se puede analizar correctamente porque no hay apertura de datos. En la formal, donde sí hay información, con nuestra metodología identificamos que en la fase 1 de la cuarentena trabajaba 25,7% de los empleados, y en lo que sería fase 3 de AMBA y fase 4 del interior, lo hacía 41% del empleo formal ocupado (porque el grueso de los trabajadores públicos no trabajan hoy y todo lo que es área de servicios tampoco)”, subraya O’Connor.

El docente hace hincapié en que la Argentina tiene 20,5 millones de ocupados, pero ocho millones de informales, para los cuales, si no se puede crear empleo suficiente, al menos habrá que crear algún tipo de trabajo social. “Hay que pensar un sistema de servicio público, posterior a una capacitación, donde estas personas puedan cuidar ancianos, asistir a enfermos, dar asistencia en parques y plazas, ayudar en comedores escolares y centros de jubilados, pero todo cobrando un salario”, sugiere.

En tanto, para los trabajadores formales en las regiones y actividades más críticas, O’Connor propone habilitación parcial, siguiendo la regla de 10 días de inactividad por cuatro de trabajo (en los 10 días en que la persona está en su casa se lo testea para ver si se contagió el virus o no).

Hay un diagnóstico central, continúa O’Connor, que es el proceso de destrucción de empresa y el deterioro de facultades laborales. “Por eso, es vital buscar mecanismos alternativos para que se pueda volver parcialmente a realizar tareas, y para que informales, autónomos y monotributistas, que conforman la población crítica, puedan volver a generar ingresos. Hay que estudiar algún esquema alternado, rotativo y que permita que los negocios y empresas se abran”, apunta.

Más allá de estas soluciones coyunturales, como se enfatiza en el trabajo, lo que se necesita para cortar con la decadencia de los últimos 60 años es un plan estructural. Roberts propone como base un consenso social de largo plazo, en el que toda la sociedad se comprometa a ceder y hacer sacrificios. “No es necesario que ese acuerdo contenga 20 puntos, basta con concretar tres fundamentales, que después crearán las condiciones para que se den otros. Esos son: lograr la estabilidad macroeconómica, ganar competitividad y obtener crédito”, afirma.

En lo que hace a la estabilidad macroeconómica, el profesor opina que hay que terminar con la volatilidad de los precios, algo que permitirá captar más inversión (que hoy es de apenas 17 puntos del PBI, una de las tasas más bajas de la región) y generar trabajo.

Para ganar competitividad, comenta Roberts, hay que competir. “Pero lo bueno en eso es que se puede elegir contra quién, porque debemos ser conscientes de que tenemos ciertos limitantes, como altos costos impositivos, laborales y logísticos. Competir primero con Brasil, por ejemplo, sería una buena opción, para luego avanzar a nivel regional y después ya sí ir un poco más allá. La apertura es necesaria para incorporar conocimiento y tecnología, pero no tiene por qué ser indiscriminada”, indica.

Además, para poder lograr esta competitividad está el tema del Estado. “En todas las mediciones que se hacen al respecto aparece que la sociedad, después de la crisis de 2001/2002, quiere un Estado presente. Bueno, eso es posible de aceptar, pero debe ir de la mano de un Estado decente, transparente y eficiente, que se complemente con los privados y les permita desarrollarse”, advierte Roberts.

La tercera pata de este consenso social es el crédito y, en ese aspecto, Roberts opina que si no hay una reestructuración ordenada de la deuda la situación se va a complicar, porque el país se verá obligado a vivir con lo suyo. “Antes de la pandemia ya lo nuestro no alcanzaba, por lo que será mucho peor después. Por eso, debe darse una reestructuración ordenada y prolija, que implicaría que el país seguiría siendo parte del mercado de crédito internacional, algo que ayuda a importar y exportar -porque los bancos internacionales te pueden abrir una cuenta-, alimenta a los emprendedores para iniciar sus proyectos, y permite a las empresas crecer en tecnología”, acota.

A partir de ese consenso básico se pueden potenciar a los distintos sectores económicos del país que permitirán el despegue, entre los que se destacan la agroindustria, la economía del conocimiento y las economías regionales. “Más para el largo plazo, hay que pensar en el turismo de naturaleza, que es lo que se supone que se va a buscar en la pospandemia. Tenemos una oportunidad enorme ahí, por nuestros escenarios naturales; pero a eso hay que agregarle planificación, algo clave y que está en línea con la idea de que, como país, para lograr algo hay que consensuar. Y consensuar implica planificar”, concluye Roberts.

Que crezcan las exportaciones, una meta fundamental

En medio de la mala situación en la que encontró el Covid-19 a la economía argentina, una de las mayores fortalezas, entre pocas, es el superávit comercial, que debería ser un punto central de la política económica. Precisamente, el crecimiento de las exportaciones debería ser un objetivo de la política económica para apuntalar el crecimiento del país pospandemia.

Esta es otra de las conclusiones que arroja el trabajo “Pensar la Argentina más allá de la pandemia”, elaborado por cuatro integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). “Habrá que sostener un superávit comercial del orden de US$15.000 millones, en un contexto que implica un acuerdo por la deuda y con una necesidad de divisas enorme, para consolidar las expectativas a corto plazo”, se analiza. Y esto es así, sobre todo, en una economía que saldrá de la cuarentena con el poder de compra afectado por la caída de ingresos, salarios nominales y salarios reales, y, por ende, con bajo nivel de consumo privado y con expectativas muy tenues de inversión, tanto a nivel global como en el país. “En este sentido, la agroindustria, las economías regionales y los servicios son los puntales de las exportaciones del país, por su alta competitividad”, se expresa en el estudio mencionado.

Claro que, tal como se sugiere en el trabajo, esto no implica descuidar el consumo interno y la producción nacional con destino a ese mercado. “Se da por sentado que será un objetivo de política económica y social volver a los niveles de producción y empleo, bajo todas sus categorías ocupacionales, previos a la crisis, de modo de restaurar la tranquilidad de la población en materia de su empleo y sus ingresos mensuales”, se expresa.

En el análisis de académicos de la UCA se insiste en que, en un mundo con un proceso complicado para la globalización, con una ralentización del comercio mundial desde la crisis de las hipotecas, de 2008/09 y que es evidente por la desaceleración del comercio desde 2014/15, apuntalar las exportaciones en un país con una historia y un presente de restricción externa elevada y falta recurrente de divisas, parece decisivo.

En 2011 se exportó por US$82.980 millones, con mejores precios de commodities y mayores volúmenes de cantidades vendidas y en un contexto de mayor comercio global, en comparación con el actual. En cambio, el total exportado en 2019 fue de US$65.115 millones, un número que muestra los efectos de los menores precios, de los menores volúmenes y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. “Del total exportado en bienes, la agroindustria exporta el 65%. El complejo sojero es el 26% de las exportaciones totales de bienes; el cerealero, el 16%; las carnes bovinas el 6%, y la pesca, el 3%. El resto son economías regionales”, se destaca.

Si de superávit comercial y exportaciones dinámicas se trata, los servicios exportables de alto valor agregado, como las consultorías, servicios profesionales y empresariales, software y educación, son más que relevantes. “Las exportaciones de servicios en 2019 totalizaron US$14.183 millones vs. el récord de US$15.506 millones en 2017”, se precisa en el estudio de la UCA.