Sandra Arito, decana de la Facultad de Trabajo Social, habló con MIRADOR ENTRE RÍOS acerca del proyecto de dictar Abogacía en esa casa de estudios.
La capital provincial posee un amplia oferta educativa, sin embargo, la carrera de Abogacía es una gran deuda ya que los interesados en formarse en Derecho deben viajar a la vecina provincia de Santa Fe o procurar acceder a una universidad privada confesional. Sin embargo, un proyecto busca modificar esta realidad, con la propuesta de dictar la carrera en la Facultad de Trabajo Social, de Paraná.
Sandra Arito es trabajadora social, tiene estudios en psicología social y es magister en Salud Mental. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, siendo también docente e investigadora en esa casa. Compartió con MIRADOR ENTRE RÍOS los detalles de este ambicioso proyecto que busca llevar la carrera de Abogacía a las aulas de la UNER.
–¿Por qué es importante tener una carrera como la de Abogacía en la universidad pública de la ciudad de Paraná?
–Por varias razones: la primera porque no existe actualmente y es una carrera muy demandada que no se dicta de manera pública y gratuita en una universidad nacional en territorio entrerriano. Analizando el panorama de nuestra provincia respecto de la formación en Derecho, aun siendo una carrera tradicional, sólo acceden quienes tienen la posibilidad de pagar en una universidad privada o viajar y vivir en otra provincia para acceder a una universidad pública.
Vemos que las carreras tradicionales siguen siendo elegidas y que quienes egresan luego buscan su propia especialización, o siguen su formación de posgrado. En este sentido por ejemplo, la apertura de la carrera de Medicina en nuestra universidad convocó y favoreció el ingreso de estudiantes entrerrianos y la región que hasta ese momento debían estudiar en otra provincia, en caso de contar con los medios para hacerlo.
–¿Por qué la Facultad de Trabajo Social sería la que aloje esta carrera?
–Nuestra Facultad está fundada sobre la centralidad de “lo social”; nos interesa lo que ocurre en la sociedad, el territorio, lo comunitario. Trabajamos con diferentes sectores sociales pero nos interesa atender y acompañar procesos sociales donde la vulnerabilidad está presente en sus diferentes formas. En la formación está muy presente la necesidad de promover y garantizar derechos, de reducir las desigualdades, de búsqueda de justicia.
Hace ya unos 20 años se empezó a pensar en incorporar “lo político” como otro eje necesario para trabajar sobre la formación desde la ciencia política. La realidad se puede transformar en la medida que las políticas públicas lo hagan. Así nace Ciencia Política en la Facultad de Trabajo Social, es el único caso en el país y lo valioso de ello es el entramado que se da durante el proceso de formación.
Pensar en la incorporación de “lo jurídico” en una Facultad que sostiene como ejes lo social y lo político, nos hace pensar que no será una carrera tradicional más. Nos interesa la construcción de un pensamiento crítico que atraviese también el análisis de lo jurídico tal como lo hacemos con lo social y lo político. Pensamos en prácticas en las que se puedan encontrar estudiantes de las tres carreras, en propuestas de extensión con fuerte anclaje territorial que integren las miradas disciplinares, en procesos de investigación donde se aborden temas y problemas de manera interdisciplinaria, ya sabemos de la riqueza que implica ir creciendo a la par como estudiantes cuando se potencia el trabajo social y la ciencia política; incorporar el derecho potenciará un perfil profesional más centrado en lo socio político que en lo controversial privado, que será parte de la formación.
Orígenes
–¿Cómo surge esta propuesta?
–Luego de analizar la situación actual respecto de la formación profesional en Abogacía comenzamos a pensar, hace ya un tiempo, en esta posibilidad. Compartimos la idea con nuestro rector, nos encontramos con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, quien estuvo de acuerdo con la iniciativa y se dispuso a cooperar. Justamente la UNER es la única universidad de las que se desprendieron de la UNL que no tiene la carrera de Abogacía. Compartimos también la idea en el Consejo Directivo y hubo un apoyo unánime, también se compartieron allí argumentos diversos desde la experiencia de graduadas/os, la importancia de una formación interdisciplinaria para el abordaje de problemáticas sociales, la necesidad de no centrarse sólo en una perspectiva controversial de derecho privado, entre otros argumentos fuertes que surgieron.
–¿En qué instancia se encuentra la propuesta?
–El proyecto está en marcha y pensamos a mediano plazo ya que no contamos con todos los recursos necesarios en este momento.
Se conformó una comisión interna que está trabajando en un estudio comparativo de planes de estudios de diferentes universidades públicas del país. También una comisión externa asesora con docentes, investigadoras/es y referentes del ámbito judicial, entre otros.
–¿Hay cifras sobre la cantidad de paranaenses que viaja para estudiar esta carrera en otros puntos del país?
–Sabemos que es un número importante. Sabemos que se matriculan más de un centenar de abogadas y abogados anualmente en el Colegio Profesional de Entre Ríos, en su totalidad graduada/os fuera de la provincia o en universidades privadas. Es claro que las carreras tradicionales siguen siendo elegidas, vemos que quienes se gradúan luego buscan en un posgrado definir más específicamente su perfil o temas de preferencia.
Bien público
–¿Por qué crees que es importante que los abogados se formen en la universidad pública?
–Tomaré un fundamento al que adhiero: “La educación superior es un bien público, un derecho humano universal y un deber de los Estados”, así lo reafirma el documento de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), de junio de 2018. La educación universitaria tal y como la entendemos debe ser pública porque es un derecho, no un servicio, no un bien transable, no puede ser un privilegio. Como derecho individual al acceso lo tenemos potencialmente todas y todos los ciudadanos para estudiar y recibir un título; sin embargo es también un derecho colectivo, un derecho “del pueblo”, como dice Eduardo Rinesi. Por eso la universidad, en particular me refiero en este caso a nuestra Facultad de Trabajo Social donde formamos, investigamos y producimos conocimiento, quiere ser protagonista en la posibilidad de formar profesionales centrados en la realidad actual y comprometidos en la sociedad de la cual somos parte.
“Entendemos que la Justicia atraviesa una crisis importante y que la formación profesional en Derecho no es menor en este contexto”, definió Sandra Arito. En ese sentido, la decana aseguró que “se reconoce falta de credibilidad en buena parte del sistema judicial y podemos ver periódicamente sentencias o fallos que carecen de perspectivas acordes a estos tiempos. La perspectiva de formación que buscamos contiene algunos ejes y temas transversales como derechos humanos, perspectiva de género y diversidad, perspectiva ambiental y con una idea de desarrollo territorial situado en nuestra provincia y región”. La docente e investigadora anticipa que “la idea es trabajar en una propuesta alternativa situada en este siglo. Las propuestas más tradicionales en Derecho tienen planes que se han ido retocando y adaptando en la medida que pudieron hacerlo. Tomo prestada una expresión que escuché de cara a la evaluación que hizo la Coneau a las carreras de Abogacía: los planes de estudio son del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI; lo digo con mucho respeto y sin ánimo de provocación, por el contrario, reconozco la riqueza de la trayectoria”, reflexionó.
Aldana Badano
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