El máximo tribunal limitó el uso del beneficio por cuatro votos contra uno, el del presidente Rosenkrantz. Por mayoría avalaron la nueva ley, en contra del fallo del caso Muiña.
Por cuatro votos contra uno la Corte Suprema de Justicia determinó que no se aplicará el beneficio del 2×1 para los condenados por delitos de lesa humanidad, en respaldo a la ley sancionada el año pasado. La única posición disidente fue la del presidente Carlos Rosenkrantz.
El máximo tribunal argentino emitió un nuevo fallo que reemplaza al de 2017, cuando se despertó una fuerte polémica por su aval a ese beneficio en el caso del represor Luis Muiña.
En esta ocasión, los magistrados se expidieron teniendo en cuenta la validez de la ley 27.362, aprobada por el Congreso a mediados del año pasado tras la controvertida resolución judicial.
Con esa medida, los diputados y senadores nacionales legislaron de forma explícita que este beneficio no puede ser implementado a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Ahora, los supremos eligieron el caso Rufino Batalla, condenado a 12 años de prisión por su participación en el centro clandestino La Cacha, quien luego de la resolución que benefició a Luis Muiña el 3 de mayo de 2017 también reclamó que se le computara el 2×1 para salir de prisión.
Hasta el lunes por la tarde había mayoría de tres votos declarando la constitucionalidad de la ley con los respaldos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En la previa el extitular de la Corte y Maqueda habían votado en contra del fallo anterior, mientras que Rosatti había pedido una ley específica al Congreso, que es la que ahora validó el máximo tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y la vice, Elena Highton, habían avalado el criterio del 2×1 en el caso Muiña, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se habían expresado en contra.
Semanas atrás, a poco de que se conociera que el máximo tribunal había seleccionado el caso de Batalla, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dispuso su excarcelación, tras haber cumplido las dos terceras partes de su pena.
Batalle fue condenado a 13 años de prisión por su actuación en el centro clandestino de detención La Cacha y entre los crímenes que se le imputaron está el de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.