Por DNU redujo la cantidad de carteras a nueve. Desaparecen organismos y se crean otros. Qué ministerios absorben a los que desaparecen.
El primer decreto de la gestión Milei fue para modificar la Ley de Ministerios, y se conoció poco antes de la jura de los integrantes del gabinete nacional, envuelta en una polémica por haber decidido las autoridades que la misma se hiciera a puertas cerradas, sin el ingreso de la prensa ni difusión televisiva.
El decreto reduce sustancialmente la cantidad de ministerios a nueve, siendo los mismos los siguientes: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía, Infraestructura, Justicia; Seguridad; Salud y Capital Humano.
Este último, que estará a cargo de Sandra Pettovello, centralizará las políticas en materia de educación, cultura, trabajo y desarrollo social.
El Ministerio de Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro, absorberá las áreas de obras públicas, vivienda, comunicaciones y transporte.
Las tareas necesarias para posibilitar la actividad presidencial serán atendidas por las secretarías presidenciales: General; Legal y Técnica, y de Comunicación y Prensa, cuyos titulares tendrán rango y jerarquía de ministros.
El jefe de Gabinete tendrá atribuciones tales como intervenir en las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los ministerios y secretarías que conforman la administración pública nacional. También establecerá los lineamientos e impartirá directivas y recomendaciones a las que deberán ajustar su actuación los titulares de las dependencias del Estado Nacional que posean bajo su ámbito la titularidad del ejercicio de los derechos societarios en las empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica con el objeto de resguardar el interés público general comprometido.
Asimismo el jefe de Gabinete entenderá en la administración, coordinación y ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios correspondientes a las participaciones accionarias pertenecientes al Estado Nacional en las empresas de su ámbito.
El Ministerio de Economía tendrá competencia en materia de energía y de minería, mientras que entenderá en la elaboración de la política nuclear.
La cartera de Infraestructura actuará en lo concerniente a la elaboración de las políticas en materia de obras públicas e infraestructura y la política hídrica nacional; al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, a la actividad vial; a la política de desarrollo de viviendas, hábitat e integración urbana; a la elaboración, propuesta y ejecución de las políticas en materia de comunicaciones, a la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos y a la ejecución de las obras de infraestructura vinculadas a la minería y energía.
Entenderá además en el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura energética y minera, tanto en fuentes de generación como transporte de recursos energéticos y mineros.
Otro tema que le competerá es la elaboración de las políticas y de las normas de regulación de los servicios públicos del área de su competencia.
Los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estarán a cargo de la Jefatura de Gabinete, que también tendrá a cargo las unidades organizativas de la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
Lo que correspondía a los desaparecidos ministerios de Ambiente y de Turismo y Deportes pasarán a la órbita del Ministerio del Interior, en tanto que Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial serán competencia de Infraestructura.
Todo lo que correspondía a los ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, estarán a cargo del Ministerio de Capital Humano.
El Servicio Penitenciario pasa a depender del Ministerio de Seguridad y se crea en ese ámbito la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
También se crea la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, como así también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, dependientes ambos del Ministerio de Capital Humano.