Los integrantes del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) analizan un proyecto de Ley que contemple la creación de un Fondo para enfermedades catastróficas y tecnologías emergentes, debido a que “el sistema de financiamiento del actual esquema se acerca a una situación extrema por la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y de la población en general, lo que genera mayor demanda a la Obra Social y al Hospital Público”.
El Directorio aseguró que “a esa situación se debe agregar el incremento inflacionario en salud, que es mayor que la inflación general: el aumento del dólar, al que el sector por sus características, suma la desfinanciación de los salarios, de donde provienen los ingresos, y queda totalmente rezagado”.
El presidente de Iosper, Fernando Cañete, recordó que “en julio de 2016, el costo de la cápita nacional del Gasto Catastrófico en Salud (GCS), rondaba los 55,5 dólares a la cotización de ese momento, que era de 15,0125 pesos. Entonces, la cápita estaba valuada en 833,19 pesos, pero ahora, con el dólar a 42 pesos, se eleva a 2.331 pesos, lo que refleja un incremento de casi un 280 por ciento”.
En tanto, el director por los Activos del Poder Ejecutivo, Fabian Monzón, integrante de la paritaria provincial, expresó que “la fuente de financiamiento de Iosper es el aporte y la contribución patronal que surge de los salarios de los empleados públicos. El período de julio de 2016 a diciembre 2018, arroja un ajuste salarial de 66,5 por ciento, por lo que es imposible no debatir este tema. Debemos alertar sobre esta situación ya que no es posible sostener e impulsar iniciativas pensando que no se brinda mayor cobertura por caprichos o voluntad; Iosper debe brindar servicios a todos los afiliados, hasta el que necesita por única vez en años un antibiótico común. Sin embargo, la reducción porcentual del déficit de la obra social garantiza a los prestadores que recibirán la compensación económica por sus servicios, lo que hace que el trabajador se interne tranquilo; pero si de distintos lados pretenden sacar mayores beneficios, en desmedro del resto, estamos complicados. El denominado bienestar general no se contempla”.
El director representante de Activos y Pasivos de la Policía de Entre Ríos, Fermín Beltzer, argumentó que Iosper es una de las Obras Sociales con menores aportes porcentuales sobre el salario de todo el país. “En promedio, comparado con las provinciales, un 40 por ciento menos y esa diferencia es mayor si se considera a las obras sociales sindicales; pero cuando vas a comprar un medicamento, a acordar valores de una internación o comprar una prótesis, no bajan el precio porque es Iosper. Sin embargo, recibís menos aportes, e instalan un precio de base para discutir rebajas igual que al resto y esto para muchos pasa desapercibido”.
El vicepresidente del organismo, representante de los Jubilados y Pensionados provinciales, Ricardo Bertonchini, se refirió al proyecto en cuestión y señaló que “se apunta a las enfermedades catastróficas, que son el conjunto de prestaciones, insumos y otros cuidados de salud, más o menos prolongados en el tiempo, que impactan de forma considerable sobre la economía de las instituciones o las personas que deban financiarlas, y cuya composición se divide en tres grupos principales: 63 por ciento medicación de alto costo; discapacidad, 34 por ciento y trasplantes, tres por ciento.”
Por su parte, la directora representante del sector Docente, Adriana Hepp, indicó que “el principal rubro que incide en el Gasto Catastrófico en Salud, pertenece a medicamentos. Según los informes públicos sobre las variaciones de costos, resulta que, en los 50 medicamentos más consumidos, solo en diciembre de 2018, fue del 14,8 por ciento y, en algunos de ellos, hasta el 21,3 por ciento. Pero si se consideran los últimos tres años, en anticoagulantes para enfermedades cardiovasculares, el incremento fue de 534,4 por ciento; para hipertensos, los medicamentos se incrementaron un 500,9 por ciento, mientras las medicaciones para asmáticos, subieron un 302,1 por ciento; y los antiflamatorios para dolores crónicos de patologías osteoarticulares, 284,9 por ciento”.
Monzón destacó además que a pesar de los esfuerzos de la Obra Social, que con responsabilidad redujo un 40 por ciento los conflictos judicializados, “no se alcanza a trasladar a otras coberturas, porque solo sirve para equilibrar cuando aparecen casos que, si se concreta la creación del Fondo, serian aplicables”. “Iosper, de enero a diciembre de 2018, destinó en leyes especiales y judicialización de la salud, una asignación de 567.447.655,67 pesos, el 15 por ciento de su Presupuesto anual. Solo en relación a 2017, hubo un incremento de casi 200.000.000 de pesos. Y eso se debe reasignar a otros sectores de prestaciones, ya que no ingresa más plata porque se sancione una ley o se impulsen iniciativas sin los fondos necesarios”.
En ese mismo sentido, la Directora representante de los trabajadores de Iosper, Nancy Asselborn, citó dos casos: “uno, el del afiliado con Atrofia Muscular Espinal, que demandó al Instituto y solicitó cobertura integral al 100 por ciento del medicamento Nusinersen (Spinraza) 12 mg/5ml por cuatro aplicaciones, una medicación que por su costos en dólares, estaba alrededor de los 12 millones de pesos, y otro, que demandó la provisión de un tratamiento con Dinutuximab, fármaco que sin haber sido aprobado en Argentina y sin haberse evaluarse la relación de costo-efectividad, entre otras razones- demanda una cifra cercana a los 200.000 euros”.
El director representante por los municipales, Adrián Gómez, opinó que “a través de esta herramienta (ley) se podrá constituir un aporte de racionalidad para que las normas consideren el impacto económico, prioridad epidemiológica y sanitaria de muchas prácticas que, al ser protocolizadas y/o reglamentadas, eviten además, afectar presupuestos públicos sin control ni evidencias. Para eso, es necesario protocolizar esquemas y tratamientos con criterios claros sobre la incorporación de nuevas tecnologías para lograr que las mismas sean aplicables sin desfinanciar y perjudicar la cobertura al resto de los afiliados. Es necesario orientar el sistema de salud entrerriano en una dirección correcta, sustentable, con servicios; una herramienta de salud pública como política de estado”.
Gómez puntualizó que apelarán a todos los sectores, “fundamentalmente a nuestros representados del sector sindical, y también del Gobierno y empresarios, para que analicen el proyecto y nos brinden sus opiniones y propuestas. A partir del conocimiento y datos de la situación, seguramente a muchos se les modificará la perspectiva. No queremos que se concrete la tormenta perfecta para colapsar el sistema, al contrario, lo ponemos en debate para lograr herramientas y financiamiento que nos permitan saber cómo seguiremos atendiendo demandas y mejorando servicios con equidad para todos”.