Los principales grupos de acreedores se mantienen firmes y llegó el momento de la decisión final.
Los tres principales grupos de tenedores de bonos argentinos rechazaron ayer la “última” oferta que emitió el Gobierno y se unieron para presentar una nueva contraoferta en conjunto para la reestructuración de la deuda bajo Ley Extranjera. Se trata del Grupo Ad Hoc (liderado por BlackRock), Exchange Group y una parte del Comité de Acreedores de Argentina, que poseen más de un tercio de los bonos globales en circulación de Argentina.
Esta iniciativa generó la desintegración del Comité de Acreedores de Argentina, que ya había manifestado su aceptación a la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán. En dicho grupo se encontraban los fondos Fintech y Greylock, que decidieron salirse del comité ante la discrepancia con otros fondos que rechazaron la propuesta oficial, según trascendió ayer.
Ante la decisión de los bonistas, Guzmán consideró que estos grupos de acreedores tienen “una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina” y afirmó que aceptar lo que ellos piden significaría “someter a la sociedad argentina a más angustia”, por lo que sostuvo que la propuesta oficial será la definitiva, lo cual fue ratificado también horas después por el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva. “Consideramos que la mayoría de nuestros acreedores va a aceptar la oferta”, insistió el ministro.
Estrategias.
“Me parece que Argentina apostó a romper con esa asociación de fondos y no fue una buena idea. El diálogo se ve que no fue del todo constructivo a la luz de los rechazos sucesivos por parte de estos grupos y que los documentos que ahora circulan con contrapropuestas deberían haber sido parte de la negociación privada. No por un tema de oscurantismo, sino que cada vez que Argentina reconsideró la oferta, tuvo que mejorarla. Por lo tanto, se volvió poco creíble la amenaza de que ‘esta es la última oferta’”, afirmó ante El Economista Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.
De acuerdo con el especialista, las constantes amenazas de “la última oferta” desgastan la imagen hacia dentro del equipo que está negociando. “El país está haciendo un esfuerzo enorme: se está comprometiendo a pagar a condición de acceder al mercado de deuda en el corto plazo, sino no es sostenible la última propuesta. Menos aún en el contexto adverso a nivel local e internacional”, sostuvo.
“Argentina ya perdió en el juego de quién tiene más poder de negociación y en enaltecer el postulado de la sostenibilidad”, apuntó Lorenzo, que consideró que es momento de que las partes involucradas en la negociación “se sienten, dialoguen y salgan abrazados” luego de haber firmado un acuerdo.
Contraoferta.
La contraoferta es de US$ 56,6. “El grueso de la mejora frente a la última propuesta de Guzmán viene por el lado de los cupones del Bono a 2030 y del Bono a 2038 a canjear por el DICY. Hay un adelantamiento de las fechas de pago (julio/enero vs. septiembre/abril), de las amortizaciones del Bono a 2038 (a canjear por el DICY) y del cupón del bono que se entrega por los intereses corridos (PDI). Muy cerca de las puntas (US$ 53,5 vs. US$ 56,6 en promedio)”, detalló ante El Economista Federico Furiase, director del Estudio EcoGo.
Desde el Grupo SBS destacaron que la contrapropuesta de los bonistas tiene un Valor Presente Neto (VPN) de US$ 56,8 a un exit yield de 10% y US$ 48,6 al 12%, lo que implica una diferencia de entre US$ 3,0 y US$ 3,5 respecto a la oferta más reciente que hizo el Gobierno. “A esta altura la distancia entre las partes es mínima y nos encontramos demasiado cerca de un acuerdo. Es momento de concretarlo”, remarcaron.
En el comunicado publicado ayer, los bonistas remarcaron que “la propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada de la escritura de 2016”. Según los acreedores, la nueva “propuesta mejorada” proporcionará el corto plazo que “Argentina necesita con urgencia”.
Además, afirmaron que la contrapropuesta brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital. Adicionalmente, sostuvieron que la misma proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional “necesaria para poner al país en el camino a la recuperación sostenida”.
Fuente: Enrique Pizarro / El Economista