La obtención del equilibrio fiscal, el hecho de que no haya habido despidos en la Administración pública y la expansión de inversión provincial para cubrir el retiro de la Nación de obligaciones ya contraídas, le ha dado buenos dividendos a la gestión Bordet. Pero a futuro, cualquiera sea el signo político del próximo gobierno, es prioritario pensar en estrategias que afronten y resuelvan los problemas estructurales vinculados a una economía productiva, que cree una riqueza que se realice en el territorio y genere trabajo de calidad.
En ese esquema la que puede unir las partes del rompecabezas intersectorial es la participación de la universidad pública (UNER, Uader, UTN) y los organismos estatales (INTA; INTI; etc.), hasta ahora circunscripta a aspectos puntuales.
Algo de ese malestar en la economía se manifestó en la reunión con la UIER. En efecto, la reunión de los últimos días entre dirigentes de la Unión Industrial y representantes del gobierno provincial, puede que no haya tenido la repercusión que merece, tal vez por haberse producido en medio de definiciones más atractivas para los medios de comunicación, como la inscripción de frentes electorales y la definición de las listas de precandidatos para las PASO de abril.
En ese cónclave, unos y otros se lamieron las heridas por los raspones provocados por una situación que todos sufren pero que, en buena medida, está fuera del dominio de quienes se sentaron en torno a la larga mesa del Salón de los Gobernadores, con Gustavo Bordet en la cabecera.
El desplome de los índices de productividad no es un problema sólo para las industrias, pero eso no las consuela: la caída ha sido del 15% y del 7% promedio en relación al mismo período del año 2018. Los datos sirven para advertir que no se trata de un fenómeno estacional, sino de señales de un proceso macro, sostenido y que ha llegado para quedarse.
Escenarios
Los problemas no son nuevos. “El grueso de las industrias tienen al mercado interno como objetivo, pero una serie de condiciones –entre ellas el tipo de cambio– incide en que ya el 42% esté exportando o buscando cómo hacerlo”, planteó Leandro Garciandía a Mirador Entre Ríos, no sin insistir en que las que operan en la economía local “están sufriendo las consecuencias de una desaceleración en las ventas, cuyo promedio se ubica entre un 8 y 10% en relación al año anterior”. Para Ganciandía la caída del consumo “es tan determinante como la incidencia negativa del aumento de los costos, sobre todo en insumos, electricidad y gas, a lo que se suma la corrección por paritaria, en un contexto en el que estas subas no pueden trasladarse a los precios”. Para completar el cuadro, menciona que “así, se achica la rentabilidad que, en algunos casos, ya es nula o sencillamente negativa” y, además, “la asistencia bancaria es inaccesible, con lo cual nos vamos financiando ‘entre todos’, lo que deviene en un inevitable estiramiento de la cadena de pagos”.
En el mismo sentido, ya hace meses que los medianos, pequeños y micro empresarios, se quejan de una combinación entre la retracción en el consumo y el aumento desproporcionado del costo de los servicios, que genera efectos devastadores, tales como locales desocupados, comercios que se achican, cierre de sucursales y de casas centrales, deudas bancarias que van in crescendo, cadena de pagos que se estira como chicle hasta que se corta, suspensiones, achicamiento de la jornada laboral y despidos. De hecho, APyME organizó un “persianazo” en junio del año pasado y participó activamente de la protesta contra los tarifazos, diez días atrás.
La crítica apunta no sólo a las políticas recesivas que lleva adelante el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, sino al agresivo accionar que lleva adelante su brazo recaudador, la AFIP, que se cobra directamente de las cuentas bancarias ante el menor atraso en algún pago o transferencia.
En la audiencia de la UIER con el gobernador no fue necesario entrar en detalles numéricos ni en precisiones estadísticas: bastaron pinceladas para actualizar la acuarela que estaba fresca en la compartida caracterización del momento.
Propuestas
Dicen las crónicas que en el encuentro los empresarios se manifestaron a favor de bajar la presión tributaria sobre los generadores de valor, reducir el impacto de los altos costos energéticos (sobre todo la energía eléctrica) y buscar alternativas de financiamiento para inversión productiva; y que los representantes gubernamentales, sobre todo el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, repasó la política tributaria que, en base de “criterios de justicia”, eximió de gravámenes a algunos sectores, amplió la base para otros e inició un proceso de disminución progresiva en un tercer grupo, que incluye a los interlocutores. Se asegura, en ese sentido, que lo que estuvo dentro de las posibilidades del Estado entrerriano se concedió. Por ejemplo, que el 11 de marzo estará operativo un plan de regularización de deudas impositivas.
Quienes estuvieron consideran que el encuentro fue amable, más allá de que cada cual defendió su postura y, de manera frontal o con mayor sutileza, se estuvo de acuerdo en que las medidas macroeconómicas marcan el ritmo de los acontecimientos. En la charla informal, dirigentes empresarios de experiencia aseguran que “en los hechos, nos damos cuenta de que son altos la presión fiscal y los alquileres cuando no tenemos ventas: ese es el principal factor”. Ahora, una interesante manera de encarrilar todo debate sobre economía es preguntarse qué condiciones deben darse para reactivar el consumo de bienes y servicios. Y qué rol puede desempeñar el Estado en una provincia como Entre Ríos en la que predomina la producción primaria, sin agregado de valor o con una incorporación mínima.
Es cierto que hubo períodos de fuerte inversión pública y en infraestructura productiva. Ahora, si –tal como ocurrió en distintos ciclos históricos– no se atienden los problemas estructurales (la provincia es parte de un sistema dinámico del que participan otras provincias y los mercados externos), los aportes de capital social tienden a desvanecerse en el tiempo. En efecto, el hecho de que la economía entrerriana produzca una riqueza que se realiza en otras jurisdicciones y, paralelamente, que sufra el deterioro de los términos del intercambio (esquemáticamente, venda materia prima y compre mucho más caro bienes elaborados, muchas veces producidos con ese materia prima) genera un flujo de riquezas tal que, buena parte de lo generado, no se convierte en renta constante y sonante en el territorio, sino en otros lados.
De ese laberinto hay que salir y la impresión es que no se trata de un problema gubernamental o empresario, sino de políticas para un desarrollo integral. Tampoco es cuestión de pensar la provincia como un “mercado cerrado”, como es tan habitual. La universidad, con la información variada que maneja, con el aporte de sus investigadores, con el contacto que tiene con el medio a través de los proyectos de extensión que se desarrollan en el campo y la ciudad, no sólo no puede estar el margen de este proceso: dejarla afuera es repetir el error que nos ha dejado en este laberinto.
Promover
En la reunión de los industriales con el gobierno provincial se deslizó que la ley de promoción industrial podía ser más dinámica. Es cierto que la extensión de beneficios es algo burocrática, pero lo fundamental es que las ventajas consideradas en la norma se circunscriben a exenciones de Ingresos Brutos y Ley 4035 cuando la alícuota en ambos casos será cero desde el 1 de enero de 2020. Hay que buscar, entonces, alternativas que alienten a los que opten por radicarse en Entre Ríos y alivien a quien ya está invirtiendo y procura expandirse. Un subsidio sobre el consumo eléctrico o un aliciente (tasas subsidiadas) para que se instalen a través de créditos en los parques o áreas industriales, pueden ser algunas de las medidas que, de hecho, se compartieron casi informalmente en la audiencia, porque no hay estudios serios realizados al respecto.
Los memoriosos recordarán que en la provincia existió el Finver, un fondo provincial que permitía que el Estado mejore las condiciones de líneas de préstamos en bancos privados y públicos destinados a la capitalización. Pero la verdad es que hoy no hay crédito productivo disponible, rasgo distintivo del tipo de políticas de desindustrialización y achicamiento del consuno interno que lleva adelante el gobierno nacional.
El impacto municipal
Siempre aparece a la hora de achicar costos, el impacto de la tasa de alumbrado público en la liquidación de la factura de la luz. Para las intendencias las ventajas son obvias: al cobrar el gravamen de esa manera, el municipio se asegura un altísimo recupero de lo eventualmente emitido porque, en general, lo primero que se hace en los hogares, comercios e industrias es pagar la luz.
Si la tasa se sacara de allí, está claro que el total facturado en la boleta de Enersa o las cooperativas eléctricas será menor. Eso no significa que se produzca una reducción efectiva para el usuario porque el municipio emitirá por las suyas la tasa de alumbrado público en el caso de que ya no la pueda cobrarla dentro de la factura de la luz: no desaparecerá la carga, sólo se cobraría de otra manera.
Igual, no es un tema ante el cual la Provincia no piensa hacer nada: en marzo, cuando tenga lugar el encuentro con secretarios de Hacienda de las municipalidades que el Ministerio de Economía organiza todos los años, el tema aparecerá indirectamente cuando se proponga trabajar, sin urgencias, en un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que ayude a reordenar aspectos propios de la llamada presión tributaria combinada. A esa hipotéticamente ley, los municipios podrán adherir si sus concejos deliberantes lo consideran razonable. Si bien la impresión es que en el corto plazo no hay que esperar grandes novedades en este aspecto, es naturalmente es importante que ya se empiecen a dar los pasos que irán conduciendo al destino buscado.
Mirador Entre Ríos