Luego de arduas discusiones, que se desarrollaron a lo largo de la maratónica sesión por el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, quedó rechazado el artículo impulsado por el Frente de Todos para que todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial sean alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
El oficialismo cosechó 116 votos afirmativos, pero fueron 134 los rechazos y por ende quedó eliminado el artículo 100 que buscaba poner en pie de igualdad a todos los miembros del Poder Judicial, teniendo en cuenta que en 2016 se votó y quedó vigente una ley para que los nuevos miembros que ingresaran a la Justicia paguen el tributo.
La propuesta para terminar con este privilegio histórico que conserva un sector del Poder Judicial no prosperó porque la oposición se abroqueló en contra de la reforma.
Los cuatro diputados del Frente de Izquierda también se opusieron al cambio, aunque aclararon que lo hacía porque no quería perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, tomando como premisa el principio de que “el salario no es ganancia”.
Algunos diputados de Juntos por el Cambio explicaron que no estaban en contra de que jueces paguen Ganancias, pero que debía tratarse con más tiempo en una norma diferenciada y no dentro del paquete del Presupuesto 2023. El mismo argumento había sido esgrimido por los representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda del lunes pasado. .
Luego de que tras 26 horas de sesión se aprobara en general el proyecto de Presupuesto, llegó el turno de la votación en particular, momento en que se sometió a consideración la propuesta que había incorporado a último momento el oficialismo, y que generó un fuerte revuelo.
El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert argumentó su negativa al recordar que la Constitución Nacional señala claramente que las remuneraciones de los jueces y fiscales “son intangibles” y que la única forma de resolverlo sería a través de una reforma constitucional.
No obstante, propuso incorporar un artículo para “compensar a jueces y fiscales” por la detracción al cobrarles el impuesto a las Ganancias.
Luego hizo uso de la palabra el también economista Itai Hagman (Frente de Todos), quien aclaró que no se está con esta ley “modificando la remuneración de jueces y funcionarios de Poder Judicial”, sino “legislando si corresponde o no un tributo”.
“Del mismo modo que por ejemplo hace un par de años este Congreso modificó las alícuotas de retención del aporte jubilatorio, lo cual nadie cuestionó porque no afectaba las remuneraciones. Sí el salario final de bolsillo”, agregó. .
El diputado kirchnerista afirmó que “pagar Ganancias no modifica las remuneraciones y por lo tanto la intangibilidad prevista en la Constitución”, y además recordó que “es un impuesto que ya pagan otros funcionarios del Poder Judicial”, por lo que desechó “el argumento de que se vulnera la independencia judicial”.
Seguidamente intervino Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien defendió la continuidad del beneficio de jueces y fiscales de no pagar Ganancias, al sostener que la Constitución “pretende que el Poder Judicial tenga independencia, y que los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados por aquellos que tenemos la potestad de establecer alguna imposición”.
La referente del interbloque Federal dio este argumento no sin antes desencadenar una innecesaria polémica cuando opinó que “nada peor que contadores y economistas hablando de Derecho Constitucional”, en alusión a los preopinantes Espert y Hagman.
Le salió al cruce Leopoldo Moreau (Frente de Todos), quien explicó que la formación profesional no es “una condición necesaria para intervenir en discusiones de esta naturaleza” y que todos los diputados están en igualdad de condiciones para hacerlo, desde un trabajador ferroviario hasta un profesor de derecho constitucional”.
“Hay que votar esto porque es justo, porque hace a la equidad tributaria y porque no podemos ser débiles ante los fuertes”, arengó el radical kirchnerista.
La diputada de la Coalición Cívica consideró que la quita de la eximición de Ganancias para jueces e integrantes del Poder Judicial sería incorrecto dado que a su entender “viola la ley de Administración Financiera, que destaca que en el Presupuesto no se pueden agregar leyes permanentes ni que modifiquen leyes, ni que cree o modifiquen tributos”.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, retomó la controversia iniciada por Camaño al señalar: “No soy abogado ni contador pero soy diputado y me siento en pleno derecho” de intervenir en el tema.
“Que nadie se arrogue la potestad de que es un tema que no se puede discutir”, manifestó y recordó que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz habían expresado que estaban dispuestos a pagar impuestos a las Ganancias.
Aprobación en general
Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, el Presupuesto nacional 2023 fue aprobado en general.
La UCR y Evolución Radical acompañaron y plantearon observaciones en la votación en particular. La Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los diputados liberales ya habían adelantado su voto en contra, en tanto que esta mañana el PRO se abstuvo mayoritariamente en la votación en general.
El proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar, y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %.
Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1%, y una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023.
Para conseguir el ajustado quórum de 130 diputados, el Frente de Todos contó con la ayuda del interbloque Provincias Unidas, una parte de Evolución Radical, los dos miembros del bloque SER, los dos diputados socialistas de Santa Fe y cuatro legisladores de la UCR (Jorge Rizzotti, Miguel Bazze, Víctor Hugo Romero y Martín Arjol).
En cambio, el grueso de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica no colaboraron con ese objetivo y recién bajaron al recinto con la sesión comenzada.
El debate
El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, inició la ronda de discursos y negó “rotundamente” que se esté tratando un “presupuesto de ajuste”, como denunció el Frente de Izquierda, y como celebró el referente económico de Juntos por el Cambio en Diputados Luciano Laspina (PRO).
Además le pidió a la oposición que sea responsable y no deje al Poder Ejecutivo sin Presupuesto como sucedió el año pasado.
“No se puede volver a dejar al país, no al gobierno, sin esa herramienta que es el presupuesto. Hemos logrado hasta aquí un dictamen de mayoría que entendemos superador y adecuado a los tiempos. Instamos al honorable cuerpo a acompañarnos para tener este presupuesto como una herramienta para el trabajo durante el 2023”, reclamó.
El economista afirmó que “la inflación prevista del 60% para 2023 es una meta alcanzable”, y agregó: “Frente a todos los desafíos que plantea este flagelo inflacionario, la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios”.
A su turno, Itai Hagman (Frente de Todos) reconoció las restricciones fiscales y monetarias a raíz de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, pero destacó que la propuesta oficialista cumple el objetivo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”.
En este sentido, recordó que el programa de “ajuste drástico de la inversión publica” de la oposición “ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.
El economista del Frente Patria Grande admitió que una de las “falencias” del programa económico actual tiene que ver con no haber podido lograr que los salarios aumenten acorde a la inflación, y recordó que en todo este tiempo hubo un aumento de las ganancias de las empresas que ensanchó la brecha distributiva con los trabajadores.
“Yo creo que este presupuesto tiene que ser el punto de partida para una política económica que se proponga revertir como primer objetivo en el corto plazo esa situación. Por eso quiero decir que es muy importante que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que nos quieren convencer que si hacemos los deberes que un sector del poder económico quiere, vamos a conseguir esos resultados. Nunca paso eso en la Argentina”, remató.
Laspina, en tanto, destacó -chicana mediante- que “en el marco de una crisis económica y social solo comparable a 2001 y 2002 recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público”.
“Es una derrota ideológica para el oficialismo y es el principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en la Argentina sin teorías indefendibles”, lanzó el santafesino que habló de un “final de ciclo”.
“Este Presupuesto se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto, gasta en cosas que no debe”, consideró, señalando que si bien cumple con las metas del FMI recortando en subsidios a las tarifas, a las universidades y a las provincias, “se queda a mitad de camino” porque no reduce el gasto en burocracia estatal.
“Argentina es un defaulteador serial, no nos podemos dar el lujo de tener déficit fiscal. Ordenar las cuentas públicas es condición necesaria pero no suficiente”, dijo.
Víctor Hugo Romero (UCR) planteó reparos respecto del proyecto oficialista, pero garantizó el acompañamiento del radicalismo “para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y para evitar la discrecionalidad en un año electoral”.
“Este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina”, lamentó el cordobés, uno de los pocos radicales que contribuyó al quórum.
Por el Frente de izquierda, Nicolás del Caño fustigó al Gobierno por impulsar un “presupuesto de ajuste”.
“¿No era que venían a llenar la heladera? Hicieron un Presupuesto digno de (Ricardo) López Murphy”, le espetó al oficialismo, y agregó: “Todas las fuerzas políticas están de acuerdo con este presupuesto de ajuste del FMI. No JxC sino también sectores del propio FdT que antes corrían a (Martín) Guzmán”.
El Frente de Izquierda también rechaza el artículo para que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias, porque advierten que bajo ese artilugio no sólo los jueces sino también los empleados de ese sector van a tener que realizar ese tributo.
“El salario no es ganancia”, argumentó el legislador del PTS.
La diputada del Partido Obrero Romina del Plá catalogó el presupuesto como “antiobrero” y dijo que es una “estafa monumental para la población”.
“Es un cheque en blanco, ficción completa. Esto no se puede acompañar”, arrojó la diputada trotskista, y alertó que “una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa”.
“El ajustazo es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda y aun así ni siquiera lo resuelve”, alertó, a lo que sumó: “O sea que vamos a una situación aún peor”.
En nombre de la Coalición Cívica, Paula Oliveto expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. “De la oposición se espera que controle y denuncia cuando algo está mal y que nos opongamos a un presupuesto que nada tiene que ver con la realidad. Y no convalidar una ficción que dice que el año que viene va a bajar 40% la inflación”, explicó.
“Tampoco nos votaron para avalar suba de impuestos. Y este presupuesto tiene suba de impuestos”, añadió la opositora.
Lisandro Nieri explicó los motivos del acompañamiento del radicalismo al proyecto. “Lo mejor es que este Gobierno tenga el presupuesto, nosotros no lo vamos a obstruir. Porque son más peligrosos sin presupuesto, tienen más discreción y se victimizan”, desarrolló.
Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) ratificó su rechazo al proyecto porque “tiene un marco macroeconómico altamente inadecuado y una estrategia inviable”.
“Se hacen proyecciones sobre el sector externo muy fantasiosas con una falta de realismo que impide un debate inteligente en los dilemas que enfrentamos”, agregó al respecto el economista.
Por su parte, la diputada del PRO Silvia Lospennato consideró que “este presupuesto es un buen ejemplo del corporativismo argentino, o de cómo los grupos de poder se apropian de los recursos del Estado para su uso y goce”.
“Este es un Presupuesto corporativo que garantice negocios para unos pocos, que carga el ajuste en la clase media y que premia a los amigos del poder”, sentenció.
La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño se expresó en contra del artículo que quitaría a los integrantes del Poder Judicial el beneficio de no estar alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
Según dijo, “es una movida del oficialismo para fastidiar y atropellar al Poder Judicial”, e interpretó que la propuesta es “anticonstitucional” y que “ya existe una norma” que establece el pago de Ganancias por parte de los jueces.
“En 2017 acompañamos el dictamen por minoría de Axel Kicillof, que planteó que los jueces que ingresaran en tiempo posterior a la aprobación de la norma paguen Ganancias”, recordó.
“El Gobierno generó una huelga en un sector que estaba siendo prolijo en su discusión salarial”, lamentó la representante del interbloque Federal, que advirtió que el avance de este tema “sería un antecedente nefasto”.
“No vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, manifestó Camaño.
Sobre este aspecto, la diputada nacional Vanesa Siley y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Sistraju) se diferenció de sus pares del oficialismo al criticar el artículo.
“¿Desde dónde voy a hablar? Desde una posición incómoda, porque no comparto la definición del artículo, por eso lo haré desde la sinceridad: desde hace muchos años los trabajadores decimos que el salario no es ganancia”, aseveró.
“Que la ganancia y, así fue pensado este tributo que originalmente tenía otro nombre, la ganancia es aquella diferencia, aquella rentabilidad, aquellos frutos de la explotación ajena que permite generar la famosa riqueza en base a la cual se distribuyen el ingreso en la Argentina”, explicó.
“No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”, cerró la kirchnerista.
Laura Rodríguez Machado (PRO) criticó el proyecto de Presupuesto y lo definió como “el caballo de Troya del kirchnerismo”.
En este sentido, la diputada macrista dijo que los números del presupuesto “están dibujados”, y sostuvo que es un rasgo permanente del oficialismo “querer gobernar con superpoderes para poder beneficiar a sus amigos y perjudicar a quienes piensan distinto”.
En tanto, el también diputado del PRO Pablo Tonelli despotricó contra el presupuesto al sostener que “es difícil encontrar un mamarracho más grande que este y, encima es una ofensa a la idea de República”.
“Se agregaron una multiplicidad de artículos que nunca se trataron y lo convirtieron (al proyecto de presupuesto) en un bodrio”, destacó.