El Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en la que pide al Congreso en el que propone reformas en materia económicas, financieras, fiscales, previsionales, de seguridad, defensa, y tarifaria, entre otras.
Los siguientes son los puntos principales del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento:
-Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
-Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
-Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia.
-Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada.
-Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.
– Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.
-Se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas o obstaculicen el espacio público.
-También tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales.
-Se concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas.
-El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.
-Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.
-Se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el INADI.
-Se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
-Se propone la eliminación de las Paso y las primarias las tendrá que hacer cada partido político.
-Se propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales.
-Se propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en donde se deberán depositar los fondos del partido político.
-Se establece un sistema de regularización de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2023.
-Se propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 dólares y sobre habrá un alícuota sobre el excedente según cual fuera la fecha de exteriorización.
-Se reforma el impuesto de bienes personales y se establece una unificación de la cuota cualquiera fuera la ubicación de los bienes.
-Se establece las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja.
-Se establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción
-Se modifica la ley de Biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento.
-Se unifican los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
-El proyecto establece transferir en enero del 2025 el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la justicia con competencia local, que hoy sigue bajo la justicia nacional.
-Se propone que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan también una Oficina Anticorrupción, que actualmente alcanza sólo al Poder Ejecutivo.
-Se establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria.
-Se instaura un proceso de evaluación continua de los docentes y se eliminan las restricciones a la educación a distancia.
-Se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.
-Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
-Se introduce el concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes al admitir la simple inscripción en el registro civil.
-Se limita el sistema de subsidios al 50 por ciento de la producción en el INCAA ya que se establece que el beneficiario debe tener financiamiento equivalente al solicitado al Instituto.