El abogado Rubén Pagliotto presentó una denuncia formal ante el Procurador General, Jorge Amílcar Luciano García, en la que solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria en relación a un presunto desfalco en el área de comedores escolares del Consejo General de Educación (CGE).
Pagliotto contó a AIM que adjuntó a la denuncia artículos de prensa: “Acompañé dos artículos: el de Infobae y el de Diario Junio, que revela el nombre de empresarios que estarían complicados”. En su escrito, el abogado se presenta como “ciudadano contribuyente y abogado”, solicitando que se inicie “urgente la investigación penal preparatoria, ante los hechos ilícitos que presuntamente se habrían cometido”.
El abogado expresó que su pedido “se hizo frente a la inacción y pasividad del gobierno de Entre Ríos, en especial, el propio gobernador y la ministra de Desarrollo Social”. Pagliotto enfatizó que “se debería investigar el destino de 66.000.000 de pesos, que no tienen contrapartida en alimentos”, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de recursos.
Además, señaló un conflicto de intereses en la contratación de personal, a partir del nombramiento que Silvina Murúa hizo de su hermana en el CGE, ya que la misma ejercería la docencia en Corrientes, con lo cual ese contrato sería de imposible cumplimiento. Esta situación generaría “varios delitos graves contra la administración pública que ya mismo deberían estar investigándose”, afirmó.
Entre los delitos que menciona, destacan: “Fraude contra la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sin embargo, Pagliotto aclaró que “la calificación final la hará el Fiscal que en Concordia tramita la IPP”.
La denuncia de Pagliotto subraya la necesidad de una respuesta rápida y efectiva frente a la presunta corrupción en la gestión de los comedores escolares, una situación que exige atención inmediata por parte de las autoridades competentes.