El Programa de Atención Médica Integral (Pami), la obra social más grande de Argentina, enfrenta una crisis que golpea directamente a quienes más lo necesitan: los jubilados y pensionados. A pesar de los discursos oficiales sobre la defensa de los derechos de las personas mayores, la realidad es que cada vez deben destinar una mayor parte de sus ingresos a la compra de medicamentos, un derecho que poco a poco se está transformando en un privilegio.
El retroceso en la cobertura
Durante años, el Pami fue un ejemplo de cómo el Estado puede garantizar el acceso a la salud para millones de adultos mayores. Sin embargo, en los últimos tiempos, las políticas de ajuste y la falta de financiamiento han ido debilitando su capacidad de respuesta. Lo que antes era un sistema que aseguraba la gratuidad o al menos una cobertura significativa en medicamentos esenciales, hoy se ha convertido en un entramado de restricciones, aumentos en los copagos y trabas burocráticas.
La eliminación o reducción de descuentos en medicamentos clave ha obligado a muchos jubilados a afrontar gastos que sus ingresos no pueden absorber. Según distintas asociaciones de defensa de los jubilados, en los últimos años el porcentaje de cobertura ha disminuido en muchos fármacos, lo que implica que los beneficiarios deben pagar de su bolsillo cifras cada vez más elevadas. La ecuación es clara: mientras los precios de los remedios suben sin freno, la jubilación mínima queda cada vez más rezagada.
La salud como mercancía
El ajuste sobre el PAMI no es un hecho aislado, sino parte de un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la calidad de vida de los sectores más vulnerables. La lógica del mercado se impone en un derecho fundamental como la salud, desplazando al Estado de su rol central como garante de bienestar. En este contexto, la presión de los laboratorios y la falta de regulación efectiva han permitido aumentos indiscriminados en el precio de los medicamentos, haciendo aún más difícil el acceso para los jubilados.
Los testimonios son contundentes: muchas personas mayores deben elegir entre comprar un medicamento o pagar la boleta de luz. Algunas farmacias ya reportan una caída en la venta de remedios esenciales, lo que indica que muchos jubilados simplemente dejan de tomarlos por no poder pagarlos. Las consecuencias de esta crisis son previsibles y alarmantes: el deterioro de la salud, el aumento de enfermedades no tratadas y la reducción de la calidad de vida de millones de argentinos.
¿Hacia dónde vamos?
Mientras los jubilados ven cómo su poder adquisitivo se erosiona, el gobierno sigue sin dar respuestas concretas a esta problemática. ¿Es posible revertir esta situación? La solución pasa por reforzar el financiamiento del PAMI, mejorar los controles sobre el precio de los medicamentos y garantizar una cobertura real y efectiva para los jubilados. Pero esto requiere una decisión política firme y un Estado dispuesto a priorizar la salud por sobre los intereses de los grandes laboratorios.
El derecho a una vejez digna no puede ser objeto de ajuste. Si el Estado no interviene de manera urgente, lo que hoy es una crisis puede convertirse en una tragedia silenciosa. La pregunta es si la sociedad argentina permitirá que esto ocurra o si exigirá que, de una vez por todas, se garantice lo que nunca debería haber estado en discusión: que los jubilados puedan acceder a los medicamentos que necesitan sin que ello signifique sacrificar su bienestar.
De la Redacción de AIM