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Plenario de Agmer rechazó el regreso a clases presenciales

Los secretarios generales de Agmer exigieron al gobierno que dé marcha atrás, porque “no existen condiciones sanitarias” para el regreso a la presencialidad.

“En Entre Ríos no están dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura para el retorno a las clases presenciales”, declaró el plenario de secretarios y secretarias generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que se reunió este miércoles para analizar la decisión del Consejo General de Educación (CGE) de comenzar el proceso de presencialidad de los últimos años de determinadas escuelas de algunos departamentos. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves.

“Rechazamos el intento improvisado e inconsulto del CGE”, dice la declaración del plenario del gremio docente, que también reclamó al gobierno provincial una recomposición salarial para que el ingreso de ningún trabajador de la educación esté bajo la línea de pobreza.

“Basta de ensayos improvisados y urgente marcha atrás con este anuncio. Reafirmamos la no presencialidad como estrategia de prevención”, expresó el documento que rechaza las clases presenciales, al que tuvo acceso UNO.

En cuanto a lo salarial, los representantes de Agmer volvieron a reclamar “un mínimo inicial para el cargo testigo que no deje a ningún docente por debajo de la línea de la pobreza establecida por la Canasta Básica total de una familia tipo”, demás de un porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario, y un adicional por conectividad.

Agmer rechaza el retorno a las clases presenciales y exige recursos tecnológicos.

Otras demandas son la convocatoria a paritaria salarial de manera urgente, cumplimiento de la paritaria de 2019 sobre equiparación del adicional de equipos directivos de nivel inicial y primario al adicional del nivel secundario; derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia; aumento de las partidas de limpieza y de comedores escolares, y recursos tecnológicos para la conectividad, entre otras exigencias.

Como se conoció a principios de esta semana, el lunes 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 47 escuelas de 9 departamentos de la provincia. La medida abarcará a 866 alumnos.

El gobierno busca priorizar las clases en las aulas en los últimos años de algunas escuelas secundarias, escuelas primarias rurales y escuelas técnicas. Los establecimientos seleccionados pertenecen a los departamentos Tala, Nogoyá, Feliciano, Federal, Islas, San Salvador, Uruguay, Villaguay y Victoria.

CURVA ASCENDENTE

“La pandemia se ha expandido de manera muy preocupante en el interior del país. Entre Ríos no es la excepción y nos encontramos en un contexto de curva ascendente, varias ciudades registran ya circulación comunitaria. En este escenario la aventura llevada delante de manera irresponsable y de forma unilateral sobre el retorno a la presencialidad en las escuelas constituye, por lo menos, una decisión irresponsable, que expone al contagio a estudiantes, trabajadores de la educación y a las familias nuestras comunidades educativas”, dice la dura declaración de Agmer.

En el mismo sentido, expresaron que los anuncios del gobierno provincial en boca del presidente del CGE, Martín Müler, para el regreso a la presencialidad “constituyen una cachetada a toda la experiencia colectiva y solidaria” que desarrolló la sociedad para que las consecuencias de la pandemia no sean peores a las actuales.

Sostuvieron que con este “ensayo apresurado” el CGE “niega el esfuerzo y desvaloriza el trabajo que ha venido llevando adelante cada trabajador y trabajadora de la educación”, además de las familias de los estudiantes, que “vienen sosteniendo con recursos propios la conectividad y la impresión de materiales para llegar al último rincón con las actividades escolares”.

Advirtieron luego al gobierno “en lugar de ceder ante los sectores de derecha”, debe garantizar y atender las condiciones de infraestructura y bioseguridad para que “no se ponga en riesgo la salud de los estudiantes y de las trabajadoras y trabajadores que concurren a los establecimientos”.

“El gobierno tiene la responsabilidad de tomar la decisión política de resolver la inversión presupuestaria para infraestructura, edificios y mantenimiento de nuestras escuelas. Porque en estas condiciones sanitarias no hay manera de regresar a la presencialidad”, afirmaron.

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