La asignación de créditos presupuestarios para el ejercicio 2026 fue oficializada sin contemplar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. La situación se explica porque, durante el debate legislativo, se incorporaron nuevos gastos pero no se modificaron las partidas originales del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
En términos concretos, el Congreso aprobó erogaciones adicionales equivalentes al 0,56 por ciento del PBI, pero esas obligaciones no fueron traducidas en asignaciones específicas dentro de la estructura presupuestaria.
Ejecución condicionada a futuras modificaciones
La ausencia de partidas concretas deja el cumplimiento de esas políticas sujeto a eventuales adecuaciones durante la ejecución del Presupuesto. A esto se suma que la ley aprobada fija como objetivo alcanzar un resultado financiero equilibrado o superavitario, lo que restringe aún más el margen de maniobra.
Discapacidad y universidades, en el centro del conflicto político
Las leyes vinculadas a discapacidad y universidades públicas continúan bajo cuestionamiento por parte del Poder Ejecutivo, que sostiene que establecen gastos sin indicar fuentes de financiamiento. Incluso, en el proyecto original se había propuesto su derogación, iniciativa que luego fue eliminada durante el tratamiento parlamentario.
En paralelo, una reciente resolución judicial ordenó adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre discapacidad, lo que agrega presión institucional sobre el escenario presupuestario.
Beneficios fiscales para empresas y prioridades de política económica
Mientras estas partidas sociales permanecen sin respaldo presupuestario, el Gobierno proyecta avanzar con una reducción de aportes patronales equivalente a medio punto del PBI y una baja del Impuesto a las Ganancias para empresas de 0,33 por ciento del PBI, en el marco de la reforma laboral que se prevé debatir en febrero.
Ingresos y gastos: caída real y presión sobre el ajuste
Para 2026 se proyectan ingresos totales por 147,9 billones pesos, frente a 134,5 billones pesos registrados en 2025. Aunque el incremento nominal es del 10 por ciento, la estimación oficial implica una caída real del 12,7 por ciento, al considerar la inflación prevista.
Los ingresos impositivos alcanzarían los 90 billones pesos y los recursos vinculados a la Seguridad Social los 47,6 billones pesos, con descensos reales estimados del 1,9 por ciento y del 7,4 por ciento, respectivamente.
Del lado del gasto, el total previsto asciende a 148,1 billones pesos, con una suba nominal del 20 por ciento pero una reducción real del 4,9 por ciento. En los papeles, el resultado fiscal aparece cercano al equilibrio, aunque el mayor peso de los gastos indexados anticipa nuevas presiones sobre las partidas no ajustables.
AIM