El proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados busca establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 14 años de edad y menores de 18 años al momento de la comisión de un hecho delictivo, supo AIM.
La iniciativa, a la que tuvo acceso AIM, fue presentada por el diputado Alberto Asseff y busca derogar la Ley 22.278 Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de responsabilidad penal juvenil que tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años al momento de la comisión de un hecho.
El proyecto plantea que “la norma se aplicará al adolescente de 14 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 14 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales; y al mayor de 16 y menor de 18 años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal. Sin embargo, aclara que “el adolescente no estará sujeto a sanción cuando desistiere voluntariamente del delito”.
La iniciativa busca “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo”.
Respecto del proceso penal, establece que la duración máxima estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el termino de tres años contados desde el acto de la formalización de la investigación preparatoria.
Además, propone una serie de sanciones socioeducativas, disciplinarias y privativas de la libertad, que serán determinadas de acuerdo a la lesión o peligro del bien protegido, la extensión del daño causado a la víctima, las causas que motivaron el delito, entre otras.
También propone la creación de una Oficina Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia.
Voces en contra
Ante las propuestas de baja de edad de punibilidad, “consideramos que no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad, e incluso es contraproducente ya que empeora la situación en vez de resolverla”, expresó a AIM Jose Eduardo Machain, consejero por Legislatura en Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Caba).
Nuevamente “nos encontramos en un escenario electoral donde se vuelve a motorizar la baja de edad de punibilidad como supuesta solución a situaciones puntuales de violencia o inseguridad”, lamentó Machain a esta Agencia.
En ese sentido, especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos que conformamos la Red #ArgentinaNoBaja “volvemos a manifestar que bajar la edad de punibilidad de los adolescentes no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad, e incluso es contraproducente ya que empeora la situación en vez de resolverla”,
A su vez, bajar la edad de punibilidad “constituye una medida inconstitucional porque es regresiva en términos de derechos humanos, y culpabiliza a los adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal”, explicó a AIM.
El consenso al respecto es rotundo entre especialistas y organizaciones de derechos humanos y de niñez, como quedó expresado tanto en Recomendaciones internacionales al Estado Argentino, como la realizada por el Comité de los Derechos del Niños de la ONU en 2018; como a nivel nacional, por ejemplo, en la Recomendación Conjunta realizada entre las Defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nivel Nacional y los cinco provinciales, en mayo del 2022.
Este consenso también fue manifestado de manera masiva en las cuatro Audiencias Públicas en el Congreso de la Nación llevadas a cabo en 2019. Tal acuerdo unívoco expresa que nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los adolescentes con la idea de bajar la edad de punibilidad, que “esta medida no soluciona ninguno de los problemas con los que se la pretende justificar y es contraproducente y regresiva”.