El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que “la voluntad de pago está” y les pidió tiempo a los bonistas. Los detalles de la iniciativa.
El proyecto para renegociar la deuda autoriza al Ministerio de Economía a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate.
El Gobierno le pide al Congreso amplias facultades para refinanciar la deuda pública, emitida bajo legislación extranjera, y que el Ministerio de Economía sea la autoridad de aplicación de la ley, según el borrador del proyecto que se envió al Parlamento.
La iniciativa buscará la aprobación del oficialismo en sesiones extraordinarias, en un debate que podría realizarse entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.
El proyecto que el Gobierno enviará al Parlamento bajo el título de “Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa”, pide autorización para negociar la reestructuración de la deuda, y pagar comisiones y vencimientos, entre otros puntos. Al 31 de diciembre último la deuda pública total sumaba US$ 323.127 millones.
Según un informe extraoficial que dejó la anterior administración, a diciembre último la deuda con organismos privados y multilaterales de crédito llegaría a US$ 195 mil millones y la del sector público a US$ 115 mil millones, cifras que deberán ser ratificadas en el próximo informe oficial que elabora el INDEC.
El proyecto consta de siete artículos y dispone que el Congreso autorice “las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”, por lo que los títulos que se reestructuren seguirán bajo legislación extranjera, como está en los contratos originales.
Por el artículo cuatro se establece que quedan excluidos “los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable” para evitar las controversias judiciales surgidas en el pasado cuando los fondos buitres quisieron embargar bienes del Estado nacional.
El proyecto reconoce que es “indispensable” una reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera, para que el país pueda “recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica”.