Según un aviso publicado en distintos medios gráficos del país, la compañía financiera IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., el acreedor de la cooperativa láctea con base en Sunchales, Santa Fe, resolvió ejecutar la prenda ante la falta de pago.
El anuncio especificó que se trata de dos lotes, uno de 512.373 kilos de queso pasta dura y otro de 168.250 kilos de queso semiduro, que tendrán una base de 4.957.786 dólares.
El remate se llevará a cabo en la Asociación de Balanceadores, Corredores Martilleros Públicos de Buenos Aires, el 10 de julio a las 11, y que los compradores deberán retirar la mercadería en los cinco días posteriores de dos depósitos ubicados en La Carlota y Balnearia, en la provincia de Córdoba.
Los problemas de la empresa santafesina no son nuevos. Por caso, en marzo de este año, los trabajadores amenazaron con pedir la quiebra por sueldos y aportes adeudados.
El sindicato afirmó entonces que la deuda rondaba los 5.000 millones de pesos y la planta de Sunchales tuvo que funcionar con presencia policial.
Desde la empresa no hubo en ese momento una comunicación pública, pero fuentes cercanas afirmaron que el monto de deuda indicado por Atilra era “ficticio o mal calculado” y dijeron que lo único que quería el sindicato era que la empresa quiebre para hacerse cargo de la dirección, a pesar de que la situación no lo ameritaba.
El conflicto comenzó en 2017 con una deuda salarial de SanCor. Por aquel entonces, Atilra acordó con la empresa un esquema de regularización para seguir adelante con las tareas, pero en octubre del año pasado decidió comenzar acciones gremiales, una serie de asambleas que impidieron las actividades en las fábricas, limitando la llegada de leche de los tamberos y la salida de productos hacia los comercios minoristas y, en consecuencia, la generación de ingresos a la empresa. consigna Clarín.
Eso llevó a SanCor a cerrar su planta de San Guillermo y la obligó a tirar 100.000 litros de leche que no pudieron ser procesados en el mes de octubre. La firma aseguró que perdieron más de 4.500 millones de pesos por la paralización de tareas que realizó Atilra durante 65 días.